Ayuntamiento Pleno Gina Aguiar
La concejala de Turismo, responsable también de Cultura hasta mediados del mes de marzo, en el pleno que el Ayuntamiento de Segovia celebró el viernes pasado. / KAMARERO

Luis Aguiar, hermano de la concejala Gina Aguiar, ha demandado al Ayuntamiento de Segovia denunciando su situación de prestación de servicios en La Cárcel, centro de creación municipal, como supuesto “falso autónomo”, y reclamando por lo tanto el reconocimiento de su actividad como laboral a todos los efectos. Así lo ha podido saber El Adelantado de Segovia a través de fuentes jurídicas que indicaron que la demanda se interpuso el pasado martes ante los Juzgados de lo Social de Segovia.

Supone este el siguiente paso de un proceso que comenzó con las denuncias por parte de la oposición de la situación de esta persona, y el fraccionamiento semestral de su contrato para evitar la salida a concurso público de sus servicios, que hasta ahora han estado amparado por el concepto de obra menor (adjudicaciones no superiores a 15.000 euros, IVA no incluido), que se iban prorrogando cada seis meses.

La corporación municipal negó en primera instancia este hecho, que luego demostró este periódico en la edición del pasado viernes

Con posterioridad, las acusaciones vinieron por presunta doble facturación al Ayuntamiento por los mismos servicios. La corporación municipal negó en primera instancia este hecho, que luego demostró este periódico en la edición del pasado viernes, al publicar la factura emitida contra el Instituto Municipal de Deportes por una cuantía de 180 euros.

El fondo de la cuestión, por lo tanto, y según las fuentes jurídicas consultadas, se va a basar en la consideración de falso autónomo, un concepto cuya doctrina, según dichas fuentes, ha sido “unificada” por el Tribunal Supremo tras la sentencia de 25 de septiembre de 2020, recurso 4746/2019, en el conocido caso “de los falsos autónomos de Glovo”. Reconoce el Tribunal Supremo que “dependencia no supone necesariamente una subordinación absoluta”, sino la inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la empresa. No obstante, según las siempre citadas fuentes, el hecho de que por un mismo supuesto fáctico (el de la mera contratación general y el de la posterior prestación de un servicio particular) hayan existido dos facturas es un hecho que puede perjudicar las pretensiones iniciales de Luis Aguiar.

Antedecentes

El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Guillermo San Juan, que fue el primero que denunció el pasado 13 de abril irregularidades en los contratos menores para el servicio de mantenimiento y coordinación técnica de audiovisuales en La Cárcel, ha sostenido, al igual que hace ahora el profesional que ha llevado a cabo este trabajo desde hace aproximadamente una década que, al tratarse de una necesidad permanente para una instalación municipal, lo aconsejable es crear una plaza pública de empleo.

San Juan denunció lo que entonces señaló como “otra irregularidad en la Concejalía de Cultura” a través del fraccionamiento de contratos

San Juan denunció lo que entonces señaló como “otra irregularidad en la Concejalía de Cultura” a través del fraccionamiento de contratos en beneficio de un familiar directo de la edil Gina Aguiar para un servicio que viene realizando al menos desde diciembre de 2012, a través primero de un contrato negociado sin publicidad y luego mediante contratos menores.

El edil de Podemos sostenía entonces que el hermano de la concejala, además de encadenar contratos menores, siempre por debajo de los 15.000 euros de tope que fija la Ley de Contratos del sector público para servicios y suministros, de forma complementaria ha cobrado facturas de 2.722,5 euros mensuales, a excepción del mes de agosto, cuando La Cárcel permanece cerrada.

Sumando cantidades la formación morada calcula que en 2019 este técnico percibió del Ayuntamiento 29.947,5 euros; en 2020, 24.502 euros (debido al cierre del centro municipal durante varios meses por la pandemia) y este año ya se ha formalizado un contrato menor para los primeros seis meses por importe de 16.335 euros (IVA incluido).

El Partido Popular, que tomó la iniciativa en la denuncia de contratos menores de la Concejalía de Cultura con el denominado ‘caso Trípode’, en el que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo declaró nulo el contrato realizado para la dirección del Festival de Cine Europeo de Segovia por irregularidades en su tramitación, anunció la semana pasada que había registrado ya otra demanda judicial, también en el orden contencioso-administrativo, para que el juzgado dirima la legalidad o no del contrato del servicio de asistencia técnica de La Cárcel.

Gina Aguiar cuenta con el respaldo de la alcaldesa, Clara Luquero, y del Grupo Socialista, pero el resto de formaciones políticas con representación en el pleno, incluyendo IU, socio en el gobierno municipal, han pedido a la edil que dimita o a la alcaldesa que la cese de su responsabilidad como responsable de Turismo. Sí dimitió a raíz de la sentencia del caso Trípode como concejala de Cultura.

El Partido Popular consiguió en el pleno ordinario de abril, celebrado el pasado viernes, día 30, que saliera adelante una moción en la que reclamaba la dimisión de Aguiar, apoyada por 15 ediles de los 25 con los que cuenta la corporación municipal.

Sin notificación oficial

Desde Alcaldía han informado a El Adelantado de que el consistorio no tenía constancia de esta denuncia, por lo que se ha declinado hacer una valoración.

Antes de que El Adelantado la hiciera pública, la alcaldesa, Clara Luquero, ha sostenido en rueda de prensa esta mañana que no iba a caer en discusiones ante las peticiones de dimisión y ha asegurado también que el equipo de gobierno va a dedicarse a trabajar sin distracciones en redireccionar y diversificar la economía de la ciudad.

Peligra el gobierno de izquierdas

Por su parte, Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento y uno de los tenientes de alcalde, ya que esta formación forma parte del gobierno municipal, ha comentado que la situación es ya “bochornosa” y añade que el PSOE “mantiene una actitud vergonzosa defendiendo lo indefendible, provocando una situación insostenible que perjudica a la imagen de la ciudad con actitudes que ensombrecen la gran labor que está realizando el equipo de gobierno. Al final se está poniendo en riesgo la continuidad de un gobierno de izquierdas dando alas a que en las próximas elecciones pueda llegar al gobierno la derecha en compañía de la extrema derecha”.

Galindo también se pregunta “¿por qué se denuncia ahora y no antes si es un problema?”, en relación a la iniciativa del adjudicatario del servicio técnico de la La Cárcel y hermano de la edil de Turismo. Reconoce el edil de IU que está en su derecho y añade que es una consecuencia de la gestión errática de los contratos menores en la Concejalía de Cultura, de ahí que reitere la petición de dimisión de la que fuera su responsable hasta mediados del mes de marzo.

Sorpresa

La noticia ha causado sorpresa en el Ayuntamiento. Fuentes de Alcaldía han señalado que el gobierno municipal no tenían constancia formal de la denuncia, mientras la oposición e IU han reiterado su petición a Gina Aguiar para que dimita y hacen corresponsables a la alcaldesa y al PSOE de la “pésima imagen” que el consistorio está ofreciendo a la ciudadanía con este asunto.

Desde el Partido Popular, principal grupo de la oposición, su portavoz, Pablo Pérez, ha afirmado que “lo que confirma esto es que Luquero y Aguiar son unas jetas y han unido su destino la una con la otra; una por no cesar a la concejala y la otra por no dimitir”.

En su opinión, la denuncia judicial “hace ver que la Concejalía de Cultura se ha convertido en un cortijo gobernado a base de dedazos y amiguismos y estamos viendo las consecuencias… Tiene todos los visos de haber sido un falso autónomo además de beneficiarse por cercanía o bien con Luquero o bien con su hermana”.

Noemí Otero, portavoz de Ciudadanos, mantiene por su parte que “estamos viendo que no se trata de un solo error administrativo, son muchos errores, muchas negligencias en la gestión y la alcaldesa tienen que asumir la responsabilidad de cesar a la concejala y dimitir ella misma“.

También se muestra sorprendida de que “después de nueve años el denunciante se dé cuenta ahora de que está en situación irregular, parece una huida más hacia adelante, se está dando un espectáculo bochornoso a los ciudadanos”.

Por último, el portavoz de Podemos en la corporación, Guillermo San Juan, tras conocer esta nueva denuncia, considera que forma parte de “las consecuencias de hacer las cosas rematadamente mal. Esta irregularidad ha sido pésima para otras empresas que no han podido acceder al contrato, para el sector porque se ha cubierto el servicio de manera precaria sin sacar una plaza pública de empleo y finalmente mala para el Ayuntamiento y los contribuyentes porque ha provocado esta denuncia que era un riesgo jurídico que nosotros advertimos a la Concejalía en su momento por responsabilidad institucional”.

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Sala Julio Michel de La Cárcel. / KAMARERO

Una década de contratos

La Cárcel, antigua prisión provincial, fue rehabilitada como centro de creación municipal y, como tal, abrió sus puertas al público en marzo de 2011.

El primer rastro de la contratación de Luis Aguiar por el Ayuntamiento de Segovia se produce en la Junta de Gobierno Local del 13 de diciembre de 2012. Se trata de un expediente de contratación tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad para los servicios de proyección cinematográfica, videográfica, sonorización, iluminación y tramoya en general, a realizar en este espacio municipal, por importe de 22.608 euros (27.355,68 con IVA).

Los contratos con este profesional por procedimiento negociado se encadenan hasta la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, en 2018, cuando desaparece esta figura, por lo que se opta entonces por contratos menores, el último el formalizado el 29 de enero de este año con este mismo profesional para un periodo de seis meses (hasta junio), por importe de 16.335 euros (IVA incluido).