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Pablo Pérez y Marco Sandulli. / EL ADELANTADO

El Partido Popular sigue escarbando en la veta abierta hace unos meses por el ‘caso Trípode’, en el que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tumbaba el contrato realizado por la concejalía de Cultura al para la dirección del Festival de Cine Europeo de Segovia por irregularidades en su tramitación, y vuelve a recurrir a los tribunales, en esta ocasión para que diriman la legalidad o no del contrato del servicio de asistencia técnica de La Cárcel-Centro de Creación adjudicado al hermano de la actual concejala de Turismo y anterior responsable de Cultura, Gina Aguiar.

Los populares han registrado ya la demanda judicial ante el Juzgado con el objetivo de desentrañar lo que el grupo municipal ha denominado la ‘trama Aguiar’, al considerar que existen sobrados elementos para interpretar que el equipo de Gobierno tuvo “una clara voluntad de conceder el contrato de este servicio a una persona determinada, que además es el hermano de la concejala”, según explicó el portavoz Pablo Pérez Coronado.

La demanda fue presentada el pasado jueves de manera provisional, ya que el lunes 26 concluía el plazo de impugnación del contrato de 2021, al que se circunscribe esta denuncia. Así, el viceportavoz del PP, Marco Sandulli, señaló que la demanda ha sido presentada “casi a ciegas”, ya que no fue hasta ese mismo día cuando los populares tuvieron acceso al expediente de contratación aunque fue solicitado en varias ocasiones y con la suficiente antelación a los servicios municipales.

Así, la denuncia se realiza en dos vertientes distintas, centradas en la fragmentación “artificiosa” del contrato de servicios en el primer semestre de este año, donde el adjudicatario firmó contratos por importe de 13.500 euros y 6.750 euros respectivamente, todo ello supuestamente para no rebasar el límite legal de la cantidad considerada como contrato menor, que no requiere concurrencia pública.

Sandulli señaló que el caso de este año “no es el único, sino uno de los muchos contratos que se vienen haciendo desde hace años” a favor del hermano de Gina Aguiar, y precisó que un contrato menor “no está concebido para regular labores de carácter permanente, ya que La Cárcel tiene actividades y eventos durante todo el año y no de manera puntual o esporádica”.

Además, señaló que el contrato menor impide al Ayuntamiento licitar este servicio para que pueda ser adjudicado a la empresa que pueda ofrecer “el mejor servicio al mejor precio”, y considera que bajo esta modalidad se puede otorgar “a quien quiera alguien que está dentro del Ayuntamiento”.

La segunda de las vertientes de la demanda se centra en el parentesco del adjudicatario con la entonces concejala de Cultura, al ser ésta quien propone el gasto al Ayuntamiento por este servicio, lo cual en opinión de Sandulli es causa “clarísima” para prohibir esta contratación.

Pablo Pérez señaló que el análisis del expediente pone de manifiesto que la contratación del servicio de asistencia técnica “está hecho ad hoc para el hermano de la concejala”, y por ello “no dudamos en llevarlo a los tribunales”. “Hemos venido a poner orden en las concejalías, empezando por la de Cultura, después de 18 años de gestión socialista que ha creado redes clientelares, anteponiendo los intereses particulares a los de la sociedad segoviana”, explicó el portavoz.

Mentir en los dobles pagos

Por otra parte, insistió en que el responsable del servicio técnico sigue percibiendo dobles pagos por su trabajo, cobrando aparte a las asociaciones y colectivos que solicitan este espacio para sus actividades, e incluso a las propias concejalías e instituciones municipales. En este sentido, puso como ejemplo una factura emitida en marzo de 2020 al Instituto Municipal de Deportes por la emisión del documental ‘Hijas de Cynisca’, que abonó 190. 80euros por los servicios prestados por el técnico.

Pérez recordó que “el señor Aguiar está cobrando por unos servicios que el Ayuntamiento ya tiene pagados, por lo que no tiene sentido que se autoricen estos dobles pagos”. Además señaló que en el expediente “no aparece por ningún sitio los 90 o los 180 bolos de los que la alcaldesa dijo que tenía contratado”, y acusó a Luquero de “orquestar desde la mentira lo que han ejecutado desde la mala fe”,

Aunque inicialmente la via judicial elegida por el PP para denunciar estas irregularidades se circunscribe al ámbito administrativo, Pérez apuntó la posibilidad de recurrir al ámbito penal, ya que “si se comprueba que hay una trama de ilegalidades, lo más lógico es acudir a la justicia penal”.

Sobre la mesa queda la petición de dimisión de la concejala de Turismo, que hoy se lleva al pleno a través de la moción presentada por el PP a tal fin, y aunque reconoció que esta iniciativa no tiene consecuencias efectivas más allá de la declaración política, precisó que el apoyo que todos los grupos políticos a excepción del PP han anunciado ya pone a la concejala y a la propia alcaldesa en una situación “complicada y debilitada”.

Así, señaló que no sólo la oposición y sus socios de Gobierno se han mostrado a favor de la dimisión, sino que “sabemos que hay concejales socialistas que también están a favor, por lo que la ciudad de Segovia no tiene que verse arrastrada por esta crisis , y menos en estos momentos tan duros”.