“Sí o sí Gina Aguiar debe dimitir y sí o sí hay que desarrollar una auditoría de todos los contratos menores de la Concejalía de Cultura”. Así de contundente se ha mostrado Guillermo San Juan, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Segovia, después de denunciar en rueda de prensa lo que considera otra irregularidad en la contratación de este área municipal que se suma al conocido como caso Trípode, en el que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia anuló un contrato por no ajustarse a la normativa.
San Juan sostiene que tenía la sospecha de que la sentencia respecto al contrato menor para la organización del festival de cine heredero de la Muces no era un caso aislado y su formación apunta a otra irregularidad, “un caso claro de fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Cultura”, en esta ocasión del servicio de mantenimiento y coordinación técnica de audiovisuales en La Cárcel_Centro de Creación, que desde hace años viene realizando, a través primero de un contrato negociado sin publicidad y luego mediante contratos menores, el profesional Luis Aguiar, hermano de la concejala de Cultura hasta la sentencia del caso Trípode. Gina Aguiar mantiene, sin embargo, la competencia de Turismo.
Izquierda Unida
Tras tener conocimiento de esta denuncia, el portavoz de IU, Ángel Galindo, se ha desmarcado de la posición del Grupo Socialista y reclama también a Gina Aguiar que deje su acta de concejal. “Si se confirman esas irregularidades, y además con un familiar, no creemos que haya otra salida porque no tiene justificación”.
«Si se confirman esas irregularidades, y además con un familiar, no creemos que haya otra salida porque no tiene justificación»
Podemos sostiene que este familiar directo de la concejala, además de encadenar contratos menores, siempre por debajo de los 15.000 euros de tope que fija la Ley de Contratos del sector público para servicios y suministros, de forma complementaria ha cobrado facturas de 2.722,5 euros mensuales, a excepción del mes de agosto, cuando La Cárcel permanece cerrada.
De esta manera, sumando los importes de los contratos menores y de las facturas por convalidación pasadas al cobro al Ayuntamiento por sus servicios, la formación morada calcula que en 2019 este técnico percibió 29.947,5 euros; en 2020, 24.502 euros (debido al cierre del centro municipal durante varios meses por la pandemia) y este año ya se ha formalizado un contrato menor para los primeros seis meses por importe de 16.335 euros (IVA incluido).
Para este portavoz, se trata de “una forma de contratación totalmente fraudulenta”, sumando a los contratos menores de apariencia legal los pagos “por convalidación de facturas por importes que prácticamente doblan el límite establecido para contratos menores”.
En su opinión, además de utilizar irregularmente “un encadenamiento de contratos menores para un servicio que es estable en el tiempo”, se evita la fiscalización previa porque para que la Intervención municipal detecte la irregularidad “hay que tener el puzle completo: la suma de todas las facturas anuales y la consecución de contratos”.
Desde Podemos reconocen que este profesional fue contratado por el Ayuntamiento antes de la etapa de Gina Aguiar como concejala de Cultura, pero indican que “ya desde el primer momento era grave pero es especialmente grave que se mantenga esa contratación desde la segunda mitad de 2019, cuando esta edil se incorpora al gobierno municipal, siendo el beneficiario de un procedimiento irregular un familiar cercano”.
“Ha sido una decisión política consciente mantenida en el tiempo; la tesis del error ha quedado desmontada”
San Juan insiste en que ya no se trata ni de un caso aislado ni de un error administrativo: “Ha sido una decisión política consciente mantenida en el tiempo; la tesis del error ha quedado desmontada”.
Por otra parte, afirma que este tipo de prácticas “son totalmente dañinas no solo para la credibilidad de la Concejalía, que por supuesto, lo son también para la industria cultural de Segovia porque utilizando este tipo de procedimientos se evita que otras empresas segovianas puedan optar de forma transparente y accesible a estos contratos y además se mantiene también en la precariedad laboral a los técnicos de imagen y sonido”.
Para Podemos, al tratarse de una necesidad permanente para una instalación municipal lo aconsejable era crear una plaza pública de empleo.
Izquierda Unida considera especialmente grave no ya la concatenación de contratos sino que, además, el técnico reciba pagos a través de facturas por convalidación superando en total el límite establecido para contratos menores.
Galindo dice que la decisión depende de la alcaldesa, y de la propia concejala; «esperemos que tome la decisión adecuada». «Nosotros -por IU- siempre hemos apostado por un Ayuntamiento transparente, no nos podemos permitir que se generen sombras de duda en la contratación pública, y más con lo que está cayendo».
Antecedente
Esta formación política ya denunció desde la oposición en 2017 los contratos por procedimiento negociado sin publicidad, que desaparecieron con la nueva Ley de Contratos del sector público, en vigor desde 2018. Concretamente, Galindo se hizo eco de “varias quejas recibidas” en relación con la licitación del contrato del servicio de asistencia técnica para el centro de creación La Cárcel.
En ese momento, la Mesa de Contratación determinó que la oferta económicamente más ventajosa; de hecho la única oferta presentada, era la de Luis Aguiar Bartrina, la misma persona que llevaba desempeñado en los últimos años los trabajos de proyección cinematográfica, videográfica, sonorización, iluminación, tramoya en general y mantenimiento de materiales en el citado centro municipal.
Al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad, la Concejalía de Cultura invitó a tres empresas: Track 13, Artilugio Producciones y Titirimundi Festival, en los tres casos sociedades limitadas, y a un autónomo, Luis Aguiar. Las tres empresas declinaron la invitación y no presentaron oferta económica.
El precio que ofreció Aguiar asciende a 32.670 euros, incluyendo 5.670 euros en concepto de IVA, mientras que el presupuesto base de licitación era de 34.194,60 euros, por lo que el informe técnico concluyó que “la oferta presentada es beneficiosa para los intereses municipales”.
Ciudadanos
Desde Ciudadanos, su portavoz municipal, Noemí Otero, considera que Clara Luquero “no puede mantener a Gina Aguiar en el equipo de gobierno ni un minuto más” y añade que “la defensa a ultranza de la concejala traerá consecuencias irrevocables para la alcaldesa”.
“La defensa a ultranza de la concejala traerá consecuencias irrevocables para la alcaldesa”
“Desde que hace más de un mes se conociera la sentencia judicial que dictaminó que el contrato entre la Concejalía de Cultura y la asociación Trípode Cultural no se ajustaba a derecho, venimos reclamando el cese de la concejala”, ha recordado Otero.
La edil liberal critica que “la alcaldesa creyera suficiente una simple remodelación del equipo de gobierno” y ha enfatizado que “llevamos meses repitiendo y reiterando que alguien que supuestamente ha gestionado dinero público de manera irregular no puede desempeñar más un cargo de responsabilidad en una administración”.
El PP, que también pide la dimisión de la edil, ha convocado una rueda de prensa para este martes para abordar los nuevos acontecimientos relacionados con la gestión de la Concejalía.
Revisión de contratos
A través de Alcaldía, el Grupo Municipal Socialista hizo pública el lunes por la tarde una nota de prensa de la que se ha desmarcado IU (socio de gobierno en el Ayuntamiento). En ella, además de recordar que los contratos de mantenimiento y coordinación de los servicios técnicos de La Cárcel se venían adjudicando a un hermano de la concejala Gina Aguiar con anterioridad a la incorporación de esta a la corporación, informa de que la Intervención municipal ha revisado los contratos menores de 2018, dentro del Plan de Fiscalización anual, “y lo hará de los correspondientes a los últimos ejercicios”.
También justifica la gestión en materia de contratación en la necesidad de mantener programas y servicios tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos en 2018.
En este sentido, sostiene que Aguiar, con el asesoramiento del departamento municipal de Contratación, ha priorizado la adjudicación de contratos de servicios, comenzando con los de mayor cuantía, urgencia y tiempo de ejecución.
Además se optó por mantener la prestación de programas y talleres para la ciudadanía “recurriendo a los procedimientos que existen a disposición de las administraciones públicas”.
