La primera ministra británica, Theresa May, en un tono bastante conciliador, ha expuesto en Florencia la intención de Reino Unido de implantar un periodo de transición de dos años antes de la salida de la UE con el compromiso de contribuir a los presupuestos hasta 2020 y mitigar así los efectos económicos que la ruptura pueda tener en Europa y en sus propias empresas.
May ha confirmado además que está dispuesta a admitir dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) «que afecten a los ciudadanos europeos en Reino Unido» hasta 2020, pero no en los casos que involucren directamente a su país con el eurobloque.
La mandataria británica ha propuesto el viernes «crear un mecanismo fuerte» compartido que resuelva las posibles contiendas y ha indicado que ni los tribunales británicos ni los europeos podrán hacerse cargo de las disputas que surjan. May ha querido dejar claro a los ciudadanos de la UE que está capacitada para prometer que los tribunales británicos tengan en cuenta los dictámenes de la corte europea para garantizar «una interpretación consistente de la ley».
Sin embargo, May ha puesto límites a las competencias del TUE cuando, en lugar de los ciudadanos, entren en conflicto los intereses de Reino Unido y del bloque europeo, y ha sido en este punto en el que ha propuesto la creación de un mecanismo alternativo, ya que esta clase de rivalidad no puede quedar a expensas ni de la decisión de los tribunales británicos ni de la corte europea.
Respecto a la cantidad a aportar a los presupuestos comunitarios y como habían adelantado el jueves diferentes medios de comunicación, Reino Unido se compromete a mantener las aportaciones económicas hasta un año después de haber hecho efectiva su salida definitiva en 2019. Asimismo, May ha confirmado que la cifra podría oscilar sobre los 20.000 millones de euros que ya se habían sugerido.
