La firma de hipotecas se desploma ante la escasez de oferta de viviendas y las dudas del mercado inmobiliario

La falta de viviendas disponibles y el aumento de los tipos de interés en los últimos años, han hecho que se haya hundido el número de hipotecas que se firman en la provincia de Segovia.

En concreto, y según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), las operaciones de este tipo que se formalizan se han reducido a menos de la mitad que hace dos décadas, justo cuando comenzaba la crisis inmobiliaria.

De hecho el año 2023 fue de nuevo uno de los que se cancelaron más hipotecas de las que se formalizaron. Esta relación negativa ya se registró hace una década y en los años inmediatamente posteriores.

La bajada de los tipos de interés elevó la demanda de hipotecas entre 2019 y 2022, pero el año pasado ya se ha vuelto a invertir la tendencia y la actividad hipotecaria se ha reducido de nuevo.

Para concretar, el año 2023 se cerró en Segovia con 1.538 hipotecas urbanas formalizadas a través de entidades bancarias. Mientras, el número de cancelaciones se elevó a 1.674.

Fue la cifra más alta de las últimas décadas, según el INE. En este contexto se entiende que se dan dos circunstancias: la conveniencia de evitar el gasto que supone pagar las letras bancarias, y por otro el final vegetativo de las muchas hipotecas que se suscribieron hace dos décadas o más, cuando el mercado inmobiliario estaba en todo su apogeo, y estaba a punto de estallar la burbuja y la crisis del ladrillo, como se denominó popularmente la situación de entonces.

Más recientemente, hace una década, en 2013, se suscribieron 1.471 hipotecas urbanas en Segovia, una cifra ligeramente inferior a la actual. Pero también fue menor el número de hipotecas canceladas, 1.375 en total.

Desde el portal especializado en el mercado inmobiliario ‘pisos.com’, explican que el enfriamiento en el sector es “cada vez más acentuado y se produce una caída de manera más destacada en los créditos concedidos”.

Respecto a las previsiones más inmediatas, apuntan que los “próximos meses vendrán marcados por el desarrollo de la Ley de Vivienda y las competencias que demuestre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como la política de tipos del BCE que tiene en los tipos de interés la principal herramienta de lucha contra la inflación”.

De este modo, la incertidumbre que existe recorta las intenciones de atarse al pago de hipotecas, todo a pesar de que los datos laborales no son demasiado negativos.

Hipotecas firmas y canceladas 1

FEBRERO

Por otro lado, ayer se publicaron las cifras oficiales de hipotecas del mes de febrero. En el caso de Segovia la variación mensual no se ha notado, con 125 firmas en los 29 días de este periodo. Pero sí se ha notado una caída del 18,5 por ciento respecto al importe de las hipotecas suscritas en el mismo período del año pasado, todo pese a la elevada inflación del último ejercicio económico.

A nivel regional, el número sobre viviendas en Castilla y León creció en febrero un 23,07 por ciento en comparación con el mismo mes de hace un año, hasta situarse en 1.696. Este aumento fue inferior al registrado en el conjunto nacional, que anotó una subida del 3,76 por ciento, con 37.232, según los datos de la Estadística de Hipotecas publicada por el INE.

Asimismo, las comunidades con mayores tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en febrero fueron Canarias (77,8 por ciento), Navarra (64,6 por ciento) e Islas Baleares (41,5 por ciento). Por su parte, las que presentaron los mayores descensos fueron Cantabria (-20,5 por ciento), Castilla–La Mancha (-20,1 por ciento) y Andalucía (-16,3 por ciento).

Por otra parte, el volumen del capital prestado en estas hipotecas ascendió en Castilla y León en el segundo mes del año a 169,8 millones de euros, un 16,39 por ciento más, mientras que en el conjunto del país la rebaja fue del 1,59 por ciento, al situarse en 5.068,9 millones de euros.

Los datos del INE revelan que el número total de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas alcanzó en Castilla y León en febrero de 2024 las 2.329 tramitaciones, con un aumento del 16,1 por ciento.

En cuanto a las provincias de la Comunidad, el número de hipotecas sobre viviendas disminuyó en Palencia un 25,29 por ciento, hasta las 65, así como en Ávila, un 3,57 por ciento, hasta las 81. Además, se mantuvieron en 125 en Segovia, mientras crecieron un 72,05 por ciento en Valladolid, hasta las 628; un 54 por ciento en Soria, hasta las 77; un 13,15 por ciento en Burgos, hasta las 241; un 9,18 por ciento en León, hasta las 226; un 2,58 por ciento en Salamanca, hasta las 199, y un 1,89 por ciento en Zamora, hasta las 54.

Respecto al importe de los préstamos, disminuyó un 33,72 por ciento hasta los 5,65 millones de Palencia; un 18,48 por ciento en Segovia, hasta las 11,12 millones; y un 0,94 por ciento en Salamanca, hasta los 20,06 millones.

Por el contrario, creció un 119,1 por ciento en la provincia de Soria, hasta los 9,24 millones; un 36,5 por ciento en Burgos, hasta los 30,94 millones; un 29,42 por ciento en Valladolid, hasta los 55,69 millones; un 19,44 por ciento en Ávila, hasta los 7,42 millones; un 9,74 por ciento en León, hasta los 24,33 millones, y un 3,42 por ciento en Zamora, hasta los 5,39 millones.

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La Diputación estudia hoy si defiende medidas intervencionistas

Los grupos políticos de PSOE e IU llevan al pleno de la Diputación de hoy una moción conjunta para instar a la Junta de Castilla y León a que declare como zona tensionada a varios municipios de Segovia en los que los precios del alquiler de la vivienda están muy elevados, a su juicio.

Se someterá así a votación la conveniencia o no de intervenir en el mercado inmobiliario. Se trata de usar una herramienta que ofrece la nueva Ley de Vivienda para reducir los precios que los arrendatarios pagan por sus casas.

En este sentido incluye avances en el impulso de la vivienda pública, la protección contra desahucios y mecanismos, dentro de las competencias de las comunidades autónomas para limitar los alquileres adaptándolos al Índice de Precios de Referencia, que publica el Ministerio de Vivienda para ofrecer mayor transparencia y conocimiento del mercado y un mayor control en el incremento de los precios del alquiler en zonas tensionadas.

Según este índice, para que un municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado tiene que cumplir dos parámetros: que el coste medio del alquiler o la hipoteca, sumado a los suministros básicos de vivienda, superen el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de compra o de alquiler haya tenido un crecimiento acumulado tres puntos porcentuales superior al crecimiento del IPC de la Comunidad Autónoma.

La Junta de Castilla y León, con las competencias exclusivas en materia de vivienda, es la que tiene, con plena autonomía, la facultad de aplicar esta herramienta que facilita el Gobierno de España para controlar que los precios no se incrementan por encima de las posibilidades económicas de sus ciudadanos.

Por tal motivo, tiene que estudiar la posibilidad de declarar como zona de mercado residencial tensionado a aquellos municipios que cumplan con estos parámetros. En este sentido, municipios como La Lastrilla, con una media de alquiler de vivienda unifamiliar que se sitúa en 670 €; Palazuelos (613 €); o La Losa (548 €), podrían ser serios candidatos al tener los precios de alquiler más altos, dicen los partidos de la oposición.

PSOE e IU piden a la Junta que intervenga y actúe para poner en marcha canales de información sobre medidas fiscales, eficaces y eficientes, dirigidas a favorecer la función social de la vivienda deshabitada.

Asimismo, la Diputación de Segovia “debe centrar todas las miradas y todos los esfuerzos en resolver los problemas que muchos municipios enfrentan en materia de vivienda para fijar población en el mundo rural y parar la sangría de jóvenes que se marchan de nuestra tierra ante la falta de oportunidades y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna a un precio asumible”. “Así, la Diputación tiene que iniciar las gestiones y trabajos necesarios con otras administraciones públicas para desarrollar en la provincia planes de vivienda protegida y planes de construcción de vivienda social pública, tanto en régimen de arrendamiento como en régimen de propiedad”, aseguran.

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Los avales a jóvenes para la compra de vivienda, que permiten alcanzar hasta el 97,5 por ciento del valor de la compraventa y evitar que la falta de ahorros trunque la operación, superan los 400 desde su puesta en marcha en mayo de 2023. La iniciativa, que se mantiene en este ejercicio y supera las 2.000 solicitudes, será ofertada también por el Gobierno de España, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

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