El Ministerio de Justicia ha adjudicado las obras para finalizar el nuevo edificio de juzgados de Segovia a la unión temporal de empresas (UTE) formada por las constructoras Geoxa General de Construcciones y Civis Global. El acuerdo de la Subsecretaría de Justicia se firmó el viernes pasado y se ha publicado esta semana en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La Mesa de Contratación abrió el 4 de diciembre el sobre con la única oferta económica, la de esta UTE, que tendrá que realizar los trabajos pendientes en este inmueble en construcción del barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia.
Esa oferta económica asciende a 12.007.895 euros (IVA incluido), un 6,5% inferior al presupuesto de licitación (12.837.177 euros). Además, la UTE ha ampliado la garantía de las obras a un periodo de tres años.
Hay que señalar que cuando el Ministerio publicó la licitación de estas obras en 2015 fueron 26 las empresas constructoras que presentaron ofertas, aunque una de ellas fue excluida por incurrir en baja temeraria.
Si no se producen nuevos contratiempos, Justicia debe recibir el nuevo edificio de juzgados 20 meses después del reinicio de las obras; es decir, el escenario más optimista apunta a finales de 2021.
Como se recordará, se trata de una infraestructura demandada por los operadores de la Administración de Justicia en Segovia: magistrados y jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios, etc. desde hace más de una década y el procedimiento de contratación inicial sufrió también retrasos, con hasta cuatro rectificaciones en el anuncio de licitación, el primero de los cuales se publicó en julio de 2015.
Finalmente, el 1 de marzo de 2016 se firmó el contrato entre la empresa Corsan-Corviam y el Ministerio de Justicia por importe de 11.900.472 euros, aproximadamente una rebaja de 1,3 millones respecto al presupuesto de licitación. La fecha del acto de replanteo tuvo lugar el 26 de julio de ese mismo año y el plazo de ejecución se fijó en 55 meses, con el horizonte de la primavera de 2021 para la finalización de las obras, incluyendo las de urbanización.
Hay que tener en cuenta que los casi cinco meses de demora en el inicio se debió en parte a que el Ayuntamiento de Segovia tenía prevista la ocupación del terreno destinado a este edificio para acoger el recinto ferial en el mes de junio.
El importe ejecutado en 2016 fue de 336.984,52 euros, incluyendo 81.482 en concepto de acopios. Al año siguiente y hasta el mes de junio Corsan-Corviam justificó actuaciones por importe de 12.246,67 euros. Precisamente, el 12 de junio de 2017 un juzgado de lo Mercantil de Madrid dictó un auto en el que declaraba el concurso voluntario de este grupo empresarial.
El 5 de marzo de 2018 ese mismo juzgado autorizó la venta de la unidad de infraestructuras del mismo a la sociedad Travis Gestión de Activos y el 1 de agosto de ese mismo año el Ministerio requirió a esta última para que justificara si cumplía con los requisitos que establece la Ley de Contratos para hacerse cargo de las obras del edificio de Segovia.
Travis comunicó en agosto de 2018 que estaba tramitando su clasificación como empresa contratista y en septiembre que ya había obtenido el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público. El día 9 de ese mismo mes se resuelve por mutuo acuerdo el contrato suscrito entre Corsan-Corviam y el Ministerio, que el día 26 vuelve a requerir a Travis para que en el plazo de 15 días solicite la cesión del contrato.
Un mes después, Corsan-Corviam y Lantania (antes Travis) comunican que la transmisión del contrato de compraventa de la primera a la segunda, autorizada por el juzgado de lo Mercantil, “estaba sujeta a una condición suspensiva que a la fecha del escrito no se había cumplido” y, en consecuencia, Corsan-Corviam seguía siendo la adjudicataria del contrato de obras de los nuevos juzgados segovianos.
En ese momento se había certificado un importe de obra de 1.685.328,80 euros, lo que supone algo más del 14% del presupuesto de adjudicación de 2015. En total se registraron 32 certificaciones durante el tiempo en que las obras estuvieron activas pero la mayor parte corresponde a la empresa Unisa Construcciones, principal subcontrata de Corsan-Corviam.
Ante el riesgo de que las obras no se pudieran ejecutar en el plazo previsto, el Ministerio decide entonces resolver el contrato en base a la declaración de concurso de acreedores por la empresa adjudicataria.
Sin embargo, esa resolución no se formaliza hasta el 3 de abril de 2019 e incluye la intención de acordar la continuación de los trabajos pendientes con otra empresa, con carácter de urgencia, “por motivos de seguridad y para evitar la ruina de lo construido”.
La recepción parcial de la obra se firmó el 29 de mayo y el 15 de julio fue comunicada al administrador concursal, a Corsan-Corviam y al juzgado.El anuncio que inició un nuevo procedimiento de licitación para la finalización de las obras se publicó en el mes de noviembre.
Todavía está pendiente de ejecutar algo más del 85% de la obra. A parte de los trabajos previos y las demoliciones iniciales, la cimentación está ejecutada al 90% y la estructura al 52%. La instalación eléctrica, la de telecomunicaciones y la red de saneamiento están incompletas y la urbanización prácticamente no se ha empezado.
