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José Alberto Arrate y José Luis Bardasano fueron los ponentes de la jornada informativa organizada por la plataforma. / KAMARERO
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La designación de Segovia como ciudad piloto junto a Talavera de la Reina para iniciar el desarrollo de la tecnología 5G de telecomunicaciones ha generado una importante contestación social, cristalizada en la creación de la Plataforma Stop 5G que está llevando a cabo distintas acciones orientadas a informar sobre el riesgo potencial que la denominada ‘contaminación electomagnética’ puede suponer para la salud.

El salón de actos del IES Mariano Quintanilla fue ayer el escenario de la jornada informativa convocada por la plataforma en la que el profesor emérito de la Universidad de Alcalá de Henares José Luis Bardasano y el abogado medioambientalista José Alberto Arrate expusieron sus puntos de vista sobre el riesgo de las tecnologías inalámbricas para la salud humana, así como las alternativas que Segovia puede desarrollar para paliar sus efectos en colectivos especialmente sensibles como los niños, las personas mayores o los enfermos.

Arrate, con una dilatada experiencia en este campo, aseguró que  “no se puede decir que no hay riesgo” con la llegada del 5G, ya que “el impacto de los campos electromagnéticos para la salud no se puede discutir, y así lo han hecho constar instituciones como el Consejo de Europa o la Organización Mundial de la Salud, que han considerado este problema como de primera magnitud y piden que se apliquen medidas urgentes para paliar este problema”.

En el caso de Segovia, el abogado señaló la necesidad de realizar un concienzudo estudio radiológico para conocer los puntos más saturados de la capital, para después analizar el impacto sobre la salud, y “teniendo en cuenta a las personas electrosensibles para saber si el despliegue tecnológico puede empeorar su salud”.

Tras este estudio, Arrate recomienda la redacción de una ordenanza municipal específica que sea “garantista” y que recoja las recomendaciones del Consejo de Europa sobre los niveles mínimos de radiación electromagnética. La ordenanza debe incluir la protección de zonas sensibles como parques, guarderías o centros educativos, y estudiar la implantación de “zonas blancas” libres de radiación electromagnética para las personas con hipersensibilidad.

La adopción de estas medidas es, a juicio del abogado, “muy sencilla”, y señaló que ya hay ayuntamientos que han puesto en marcha medidas de este tipo “que no perjudican el normal funcionamiento de la telefonía móvil”. “En municipios de Castilla La Mancha se han aplicado medidas de reducción de hasta 0,1 microwatios por centímetro cuadrado, cuando en Segovia se supera esta cantidad hasta 4.500 veces”, aseguró.

El abogado aseguró que “siempre es mejor regular que prohibir, porque las telecomunicaciones están ya instauradas en la sociedad, y por eso hay que regular para compatibilizar la protección con la prestación”.