Segovia y Ávila son las provincias de Castilla y León con mayor número de ataques de lobos al ganado. Con 465 casos confirmados en la provincia y 840 cabezas de ganado muertas en 2020, Segovia es la segunda zona con una cifra mayor de daños causados por esta especie silvestre.

Hace cuatro años, el número de ataques en la provincia fue de 401, de acuerdo a la información facilitada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta. Y diez años atrás, en 2007, la cifra era de 82. En 2009 se elevaron ya a 151.

Este aumento paulatino de los ataques viene generando protestas de los ganaderos. Por eso desde el sector pecuario no se ve con buenos ojos que el Gobierno central pretenda incrementar la protección del lobo en toda España. El Ejecutivo de Castilla y León ya ha mostrado su oposición a esta línea proteccionista de la ministra Teresa Ribera.

La Comunidad se ha unido a Galicia, Asturias y Cantabria -que entre todas suman en torno al 98% de lobos de España- para mostrar ante el Ministerio su oposición a la pérdida de la condición cinegética de este animal, que tenía hasta ahora al norte del Duero. De hecho aquí, al Sur del río, se pedía que también pudiera ser objeto de caza.

Castilla y León es la única comunidad donde existe un régimen de gestión compartido, con un estatus del lobo como cinegético al norte del Duero y protegido al sur. Y es precisamente en estas zonas, como Ávila y Segovia, donde no se puede cazar al lobo, donde más daños se producen. Mientras, las organizaciones ecologistas pedían más protección para el lobo y presionan al Ministerio para que no cede ante las pretensiones de las cuatro comunidades autónomas que se oponen. Desde Castilla y León, que establece compensaciones de daños a los ganaderos, se mantiene que si se suprimen los cupos de caza se propicia aún más la expansión de la especie y habrá más conflictos con ganaderos, como está ocurriendo en Ávila y Segovia, donde la expansión continúa año tras año y desde aquí el lobo ha colonizado ya la Comunidad de Madrid.

Todas las organizaciones profesionales agrarias han criticado el “desprecio” y el “abandono” del Gobierno a los ganaderos “que se enfrentan a los lobos cada día” y han anunciando movilizaciones de protesta contra la orden por la que se incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y deja de ser especie cinegética en toda España. Las Opas denuncian la “falta de voluntad” del Ministerio de Transición Ecológica, que “no está dispuesto a retirar el procedimiento de elaboración de la orden que expulsaría a miles de ganaderos de extensivo”.

Tanto desde Asaja, como Coag y Upa han pedido “una reflexión profunda” sobre la inclusión del lobo en el listado de especies de protección especial, “habida cuenta de que, según los expertos, la situación del lobo ibérico es de expansión, y no de peligro de extinción”. Según señalan en un comunicado conjunto, el “blindaje” del lobo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica “sacará a las calles a miles de ganaderos españoles”. “La actitud y las propuestas del Ministerio de Medio Ambiente no van en esa dirección”, señalaron y rechazaron que se destinen ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a sufragar los daños que los lobos causan al ganado y a los ganaderos.

Para las organizaciones ganaderas, “la PAC tiene ya bastantes objetivos, como salvaguardar la producción de alimentos, mantener un nivel de precios asequible para los consumidores o luchar contra el despoblamiento, como para tener que servir ahora para dar de comer al lobo”.

Por su parte desde UCCL-Segovia han anunciado que pelearán administrativamente también para evitar la protección de los lobos. Para ellos, la nueva propuesta de consideración como especie protegida, supone no poder hacer un control poblacional de esta especie mediante una gestión cinegética eficaz, por lo que UCCL-Segovia considera una “auténtica irresponsabilidad por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y un ataque frontal a la ganadería extensiva, cuya presión será insoportable para muchas explotaciones”.

Por ello invitan a la Diputación de Segovia, ayuntamientos, y demás organizaciones del medio rural, “a que presenten alegaciones a la propuesta de Orden Ministerial por la que se pretende incluir el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE)”. Y han remitido su documento de alegaciones para que las hagan suyas si así lo consideran. “Esperamos que desde estas instituciones se valore convenientemente la necesaria protección que han de brindar al medio rural y a la actividad económica que allí pervive, denunciando la irresponsabilidad que supone la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.

Batalla política en las Cortes

La nueva protección del lobo también llegó a las Cortes Generales, donde ayer se debatió con la presencia de la ministra. Teresa Ribera. Antes, el senador del PP por Segovia, Juan José Sanz Vitorio, afirmó que incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) es una medida estrictamente política amparada en “el eco fundamentalismo radical”, además de no tener ninguna base científica. El senador popular asegura, durante el debate de una interpelación del GPP a la ministra, que su partido no comparte la decisión de “elevar el status de protección del lobo” porque, en su opinión, “es una medida que no está, social y científicamente, justificada ni demandada”. “Lo único que ha hecho el Ejecutivo es dar cabida a la petición de una asociación radical de conservación del lobo, sin tener en cuenta que no obedece a la situación real de esta especie”. “El propio informe del Comité Científico recoge en su dictamen que es una especie de indudable valor cultural, pero, en ningún caso, habla de la necesidad de su inclusión en el LESPRE”.

También las Cortes regionales ha sido escenario de batalla política este asunto. El Grupo Parlamentario Popular contempla ejercitar las acciones legales que proceda, incluida la vía judicial, si el Gobierno de España incluye las poblaciones del lobo al norte del Duero en el LESPRE. Así consta en uno de los tres puntos de la propuesta de resolución de la Proposición no de Ley (PNL) que defiende el PP. Su portavoz, Raúl de la Hoz, ha cargado contra los intereses “sectarios e ideológicos de la peor ministra de Medio Ambiente que ha tenido nuestro país en su historia” como se evidenció, a su juicio, en la reciente Comisión Estatal de Patrimonio Natural “absolutamente surrealista y sin precedentes” donde por primera vez se impuso el voto de calidad del Ministerio y el de ocho comunidades autónomas que representan el dos por ciento de la población de lobos del país, frente a la opinión de otros ocho territorios donde vive el 98% de estos animales.