Esta misma semana se daba a conocer la querella criminal que el Ayuntamiento de Segovia —mediante un Decreto de la alcaldesa, del pasado 2 de diciembre— ha interpuesto contra los responsables de un presunto delito contra el patrimonio histórico, causado por demoliciones en la conocida como Casa de los Buitrago, en el número 7 de la plaza de Santa Eulalia.
Y el asunto se presentó oficialmente a la corporación municipal ayer, en el pleno ordinario de diciembre. Fue el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno, Alfonso Reguera, quien explicó ante el resto de los grupos las razones que han llevado a utilizar la vía penal contra Juan de Miguel Arenal, como representante de la sociedad Construcciones Gliazar, responsable de la ejecución de las obras no autorizadas, y contra Luis Llorente Álvarez, como técnico director de las mismas, aunque a este último con la coletilla de “en el caso de que proceda”.
El asunto fue expuesto como una dación de cuenta, pero el resto de los portavoces aprovechó para dar su opinión sobre este asunto, lo que derivó en una agrio cruce de recriminaciones, protagonizado sobre todo por el propio Reguera y Cosme Aranguren, el portavoz de UPyD – Centrados en Segovia.
Y es que Aranguren, tras la exposición realizada por el portavoz socialista, aseguró que “yo no quisiera parecer el defensor de la propiedad, pero me parece que el equipo de Gobierno se ha pasado siete pueblos presentando una querella criminal contra un ciudadano de Segovia”.
Para el concejal, la decisión de presentar o no una querella criminal debería haberse tomado en el pleno y no llevarse a cabo mediante un Decreto de Alcaldía. Además, argumentó que si ya había en marcha un proceso sancionador, debería esperarse a que se terminara este procedimiento o buscar otra solución menos radical, y no interponer una querella criminal.
María José García Orejana, portavoz de Ciudadanos, se mostró totalmente de acuerdo con lo dicho por su compañero; mientras que desde el Grupo Municipal Popular, Raquel Fernández apuntó que, quizás no en el pleno, pero sí debería haberse debatido el asunto en la Comisión de Urbanismo.
También criticó Aranguren al equipo de Gobierno que “en este asunto no se ha contado todo a la oposición”, acusación que respondió contundente Reguera: “Todos los informes han estado a su disposición y ustedes no han hecho nada y ahora vienen a sembrar dudas”. Añadió Reguera que “ustedes se posicionan siempre contra el equipo de Gobierno, si alguien demanda al Ayuntamiento, consideran que es el otro el que tiene razón”.
Pero, prosiguió Reguera, “si tenemos conocimiento de que existe un delito, tenemos la obligación de denunciarlo y será el juez quien decida si se admite o no a trámite; y si no se admite, se vuelve al proceso sancionador. Es exactamente igual que se hizo en el caso de los miniapartamentos”.
Para Reguera, la destrucción física y concreta del patrimonio cultural e histórico está clara en el
caso de la Casa de los Buitrago, realizada además con fines especulativos —estaba previsto construir viviendas— algo que, dijo, “en el año 2016 es absolutamente execrable”. Asimismo, recordó que no son sólo los estudios municipales los que hablan de la ilegalidad de los derrumbes realizados, sino también los de la Junta de Castilla y León, y recordó que un informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural dice que las obras ejecutadas por la propiedad, “lejos de tender a la conservación y protección del inmueble, contribuyen al deterioro progresivo y constante de la edificación, causando daños irreparables al patrimonio cultural histórico de la Plaza de Santa Eulalia, que tiene la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) según resolución de 16 de diciembre de 1977”.
