La concesión de agua de la cacera del Cambrones es de unos 390 litros por segundo. /KAMARERO
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Las caceras de Navalcaz y del Cambrones, ubicadas en la Sierra de Guadarrama, mantendrán los derechos históricos de sus aguas, después de que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) haya archivado el expediente de extinción de esos derechos de uso agrícola, abastecimiento e industrial. La resolución de la Confederación, del pasado 5 de junio de 2020, a la que han tenido acceso Aguaiuris y la Asociación Cultural Hontanar, defensoras de las concesiones históricas de agua sobre el Cambrones y Navalcaz, alude a que se ve “obligada” al archivo del plan, “debido a que se han sobrepasado con creces los 18 meses que establece la ley de aguas para la tramitación del procedimiento”, y también “al verse imposibilitada en el cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Estado, sobre la subsanación de las irregularidades del expediente que se le requería por este órgano consultivo”.

El nacimiento de algunas de estas obras hidráulicas de la Sierra de Guadarrama, según explican expertos como David Huertas Migueláñez, data de la anexión de este territorio por parte de Alfonso VI; y apunta que la organización de las Juntas que gestionan las concesiones de agua, siguen ordenanzas con más de seis siglos de antigüedad, en las que se establecían las normas de reparto de agua, mantenimiento, vigilancia, derechos y obligaciones.

Desde los colectivos mencionados, que han vivido este proceso en primera persona, junto a numerosos vecinos de los pueblos que abarcan ambas caceras, consideran que el “verdadero motivo” del archivo del caso “es la falta de seguridad jurídica que se ha llevado durante la instrucción del expediente por parte de la Comisaría de Aguas de la CHD, y la presión ejercida por la movilización vecinal de los pueblos afectados, que han luchado para evitar la extinción de los derechos históricos de uso de las aguas de las caceras del Cambrones y Navalcaz”. Hay que recordar que se presentaron 1.102 alegaciones y 62 recursos de alzada contra la extinción de esos derechos. Hontanar y Aguaiuris se oponen a la “privatización” del agua, así como a la “activación de los mercados concesionales que están sirviendo de base para la creación del Banco del Agua”. “Un derecho fundamental para la vida humana y de los ecosistemas no puede estar sujeto a las leyes del mercado dejando el agua en manos de oscuros intereses que no fomentan justicia social y solo buscan hacer negocio con algo tan fundamental como es el agua”.