Los agricultores y ganaderos de Castilla y León son los que mejor cumplieron con los requisitos comprendidos en la condicionalidad de la Política Agraria Común (PAC) en España con el fin de obtener las ayudas compensatorias europeas, con sólo 158 sanciones de los 1.979 solicitantes controlados en el año 2007 (último ejercicio examinado), lo que representa únicamente que cometieron alguna negligencia el 7,98 por ciento de los mismos, según el Informe sobre la Aplicación de la Condicionalidad en España del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).
Aunque existen otras comunidades autónomas con un menor número de infracciones, son los profesionales del campo castellanos y leoneses los que representan un porcentaje menor en relación al total de solicitantes de los pagos directos y beneficiarios de las medidas de desarrollo rural. Así, la Comunidad registró hace dos años 97.617 peticiones, de las que sólo el 0,16 por ciento (es decir, las 158), incumplieron alguna norma registrada en la condicionalidad y que, por lo tanto, conlleva la posibilidad de retirar una parte o la totalidad de las ayudas PAC, en función de la gravedad de la negligencia.
De este modo, las comunidades con un menor porcentaje de solicitantes sancionados respecto al total de peticiones de pagos directos fueron en 2007 Extremadura y Asturias, ambas con sólo el 0,15 por ciento, si bien hay que tener en cuenta que el número global de solicitudes en estas regiones no alcanza las 74.000 en el primer caso y las 14.000 en el segundo, por lo que en números proporcionales son los castellanos y leoneses los que mejor cumplen con esos requisitos.
En relación al número de agricultores y ganaderos controlados, sólo Galicia obtuvo mejores resultados que Castilla y León, ya que únicamente el 4,46 por ciento de los profesionales inspeccionados en esa región había cometido alguna infracción, frente al citado 7,98 por ciento de la Comunidad.
Todos estos datos sitúan a España con un total de 3.222 solicitantes sancionados en ese ejercicio, lo que representa el 17 por ciento de los casi 19.000 controlados y el 0,34 por ciento de los 905.055 agricultores y ganaderos que realizaron la PAC. Estas cifras nacionales crecen debido a comunidades como Andalucía, que se sitúa en el extremo contrario a Castilla y León, con casi un millar de profesionales denunciados (casi una cuarta parte de todos los controlados).
En Castilla-La Mancha se registraron más de 700 infracciones de los 3.500 controles (20 por ciento). En porcentaje, el País Vasco destaca sobre el resto, donde el 53 por ciento de las inspecciones resultaron sancionadas (112 de 211).
Requisitos de condicionalidad La reforma de la PAC aprobada en 2003 presentó como novedad la progresiva desvinculación de la producción de las ayudas directas al sector agrario y ganadero, junto al establecimiento de la condicionalidad como requisito fundamental a cumplir para percibir la totalidad de los pagos y primas ganaderas, siempre unida a medidas ligadas a la aplicación de sistemas de producción que garanticen la salubridad de los alimentos obtenidos y su adecuación a las exigencias de conservación y mejora del territorio sobre las que se asientan las explotaciones.
Esta nueva normativa entró en vigor el 1 de enero de 2005 incluyendo ya buena parte de las condiciones y requisitos demandados: medidas destinadas a conservar las aves silvestres, las buenas condiciones agrarias y medioambientales, protección de las aguas subterráneas, conservación de los hábitats naturales y flora y fauna silvestre. Posteriormente, en enero de 2006 se incrementaron estas medidas con otras relacionadas con los fitosanitarios, notificaciones de enfermedades ganaderas. Las principales novedades que la condicionalidad de 2007 incluyó son los requisitos relacionados con el bienestar animal, como la protección de terneros y cerdos, así como la de los animales de las distintas explotaciones. Además, se ha elevado el número de controles sobre el terreno en el caso de las identificaciones de ovino-caprino. La condicionalidad se comenzó también a aplicar a determinados beneficiarios de medidas de desarrollo rural, tales como las indemnizaciones compensatorias por zona de montaña, la ayudas de la Red Natura 2000, las ayudas agroambientales, las relacionadas con las políticas de aguas, medidas de forestación de tierras agrícolas. También se establecieron unos requisitos mínimos en la utilización de fitosanitarios y abonos.
Las mayores negligencias en las que recayeron los agricultores y ganaderos regionales fueron la falta de identificación y registro de ovino-caprino y bovino del ámbito de la salud pública, zoosanidad y fitosanidad; así como el mantenimiento mínimo de las superficies agrarias y saltarse la norma exigible para evitar el deterioro de los hábitats en el ámbito de las buenas prácticas agrarias y medioambientales en el caso de solicitantes de pagos directos.
