Dos años después de la entrada en vigor del Decreto 17/2013, de 16 de mayo, que posibilita a los propietarios de ganaderías intensivas dejar las reses muertas en el campo, para que puedan ser consumidas por especies necrófagas, solamente “una minoría” de los ganaderos de Segovia han solicitado acogerse a esa posibilidad, según reveló ayer José Andrés García Moro, presidente de un grupo de acción local (Adri Valladolid Norte), que junto con otros cuatro de la comunidad autónoma (Asodebi, de El Bierzo; Adriss, de las sierras de Salamanca; ACD Montaña Palentina y Segovia Sur), impulsaron el proyecto FANEGA (Fauna necrófaga y ganadería), cuyo principal objetivo era “recuperar lo que hacían nuestros abuelos con las ovejas muertas”, esto es, dejar los cadáveres en el campo, para su consumo por las especies carroñeras.
Como se recordará, en el año 2000, tras la aparición de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), también conocida como ‘enfermedad de las vacas locas', las autoridades decidieron, por temor a contagios, prohibir el abandono de animales muertos en el campo. De la noche a la mañana, las aves carroñeras vieron cómo se reducía la disponibilidad de alimento. De forma paralela, se creó entonces una red de empresas que se encargaron de la recogida de los cadáveres de animales para su traslado a plantas de incineración.
La normativa obligó, pues, a cambiar las costumbres de los ganaderos para deshacerse de un animal muerto, y también los hábitos de los buitres a la hora de buscar alimento. Sin embargo diversos estudios científicos realizados en la última década coincidían en la conveniencia de regresar al modelo antiguo. “Los muladares son el sistema más higiénico y más barato”, defendía, entre otros, el naturalista Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, quien se hartó de criticar la “incoherencia” de un sistema, el de la recogida de los cadáveres para su traslado a incineradoras, en el que “costaba más destruir una oveja muerta que comprar el animal vivo”.
Las investigaciones llevadas a cabo, ampliamente difundidas por entidades ecologistas, acabaron por lograr que la Unión Europea diera marcha atrás, modificando la normativa y abriendo la posibilidad a la rehabilitación de los muladares.
En cumplimiento de esa normativa europea, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano. Y más tarde, en efecto cascada, la Junta de Castilla y León publicó el mencionado Decreto 17/2013, de 16 de mayo, en idéntico sentido.
El presidente de Adri Valladolid Norte, aseguró ayer, que el Decreto 17/2013 “no se ha aplicado correctamente”. Sin querer entrar en los motivos de ese hecho, sí constató que “su divulgación ha sido muy escasa y, en algunos territorios, nula”, lo que a su juicio justifica el proyecto Fanega. “Superada esa crisis —la de la ‘enfermedad de las vacas locas'— no tiene sentido que las reses muertas que pueden alimentar a especies necrófagas sigan siendo enviadas a plantas donde lo único que se hace es quemarlas”, defendió García Moro, quien subrayó que el sistema actual “consume energía y, al tiempo, añade un costo económico a los ganaderos”.
Pero además, García Moro quiso insistir en los múltiples beneficios ambientales de volver al uso tradicional a la hora de deshacerse de las reses muertas, pues en una sociedad cada vez más sensibilizada en el mantenimiento de las especies, garantizar su supervivencia pasa por posibilitar a esos animales alimentación forma natural, no obligándolos a buscar suministro en lugares como los vertederos, donde encuentran infinidad de peligros. Por otra parte, el presidente de Adri Valladolid Norte habló del caso del lobo, en la actualidad en un proceso de recuperación de los territorios donde había desaparecido en décadas anteriores. “Cuando recoloniza un territorio y no encuentra carroña para alimentarse, ataca a las ganaderías”, advirtió García Moro.
“Queremos —señaló, a modo de resumen—, que las reses que quedan muertas en el campo contribuyan a mantener la fauna necrófaga, tanto de aves como de mamíferos; no estamos inventando nada nuevo, así se ha hecho desde que el hombre empezó a pastorear, y la recuperación de este sistema beneficiará al medio ambiente y, también, al sector ganadero”.
En cualquier caso, García Moro sí dijo, a modo de crítica, que la autorización para que un ganadero deje sus reses muertas en el campo “depende del criterio de las personas responsables”. Es, pues, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente quien debe autorizar al ganadero y, según denunció García Moro, “en mi comarca les ha sido denegados a muchos el permiso”.
Con respecto a la posibilidad de que el ‘regreso' al modelo tradicional para deshacerse de los cadáveres de animales pudiera significar el fin de las empresas dedicadas a la recogida de reses muertas, García Moro aseguró que “van a seguir funcionando”, dado que el Decreto 17/2013 está dirigido, específicamente, a las ganaderías extensivas. “Hay otro tipo de ganaderías, como las de porcino, que tendrán que continuar recurriendo a esas empresas de recogida”, señaló García Moro.
