El Grupo Socialista vota a favor de la Relación de Puestos de Trabajo recurrida por Centrados en el pleno de febrero de 2018. / Kamarero
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El Gobierno municipal estudia con los servicios jurídicos del Ayuntamiento recurrir la sentencia que anula la utilización del sistema de libre designación para 16 puestos de trabajo del consistorio. Desde el Partido Popular, su portavoz, Raquel Fernández, considera que lo que debe hacer el equipo de Clara Luquero es acatar el fallo y cubrir los puestos por concurso, lo mismo que dijo ayer jueves Cosme Aranguren, portavoz de Centrados en Segovia, formación que presentó la demanda.

Por su parte, la concejala de Personal, Marisa Delgado, anuncia que no dimitirá, como ha solicitado Aranguren, y defiende a los 16 funcionarios afectados, que considera están siendo “vilipendiados” por una interpretación de la libre designación que, según ella, es errónea y vendría a suponer que no cumplen los requisitos que exige la normativa.

Sostiene que todos ellos son funcionarios que han superado una oposición en el Ayuntamiento y posteriormente han concurrido a una convocatoria interna para cubrir determinados puestos de libre designación.

Señala la edil que “lo que al final puede parecer —por las declaraciones de los demandantes— es que vamos por la calle repartiendo puestos de funcionarios de carrera; no me extraña que se sientan maltratados y personalmente he tenido que tranquilizar a algunos”.

“No vale todo”

Delgado afirma que “en política no vale todo y se puede decir que yo, como concejala, soy nefasta o incompetente, dentro del juego político, pero no se puede utilizar a los funcionarios como arma arrojadiza”.

La edil pone como ejemplo el hecho de que el portavoz de Centrados haya pedido la dimisión o cese de la jefa de Personal, “lo que demuestra una absoluta ignorancia porque esta persona accedió mediante un concurso-oposición al Ayuntamiento y ni el señor Aranguren ni nadie puede cesarla. A los funcionarios que les dejen tranquilos, que trabajan para el servicio público de la ciudad”.

La responsable de la política municipal de Personal defiende la legalidad de la libre designación para los puestos del nivel 26 o superior del Ayuntamiento, por el alto nivel de responsabilidad que asumen, en cuanto a la toma de decisiones y porque sus funciones son específicas y complejas.

Recuerda que así se acordó con los responsables de los trabajadores en 1992 y después se ha ratificado en acuerdos posteriores, el último en 2011. Indica, además, que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento figuran unas fichas descriptivas en las que se incluye la especificidad de esos puestos de trabajo que justifica la necesidad de cubrirlos por el sistema de libre designación.

Tras conocer el fallo del magistrado de lo Contencioso-Administrativo, señala que o bien se recurre o bien se acata y “si lo que el juez interpreta es que tenemos que aportar una memoria justificativa, recogeremos en ella esas condiciones específicas que se incluyen ya en la ficha descriptiva”.

La sentencia afirma, en los fundamentos de derecho, que “tal y como reconoce la administración demandada en el escrito de conclusiones, no existe memoria o justificación de acudir como mecanismo provisorio de los puestos impugnados al sistema de libre designación, de tal manera que procede a la nulidad de la resolución administrativa”.

Explicaciones

Desde el Grupo Municipal Popular, Fernández, considera que a raíz de esta sentencia Delgado tiene que ofrecer explicaciones a la corporación y añade que, al igual que ocurrió con la forma de selección del interventor general —asunto en el que esta formación fue especialmente vigilante— “se vuelve a cuestionar la gestión del PSOE en materia de Personal en el Ayuntamiento”.

Fernández explica que el PP nunca ha apoyado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el pleno, ha optado por la abstención, tanto por la libre designación de puestos técnicos como por lo que considera “discrecionalidad” del equipo de Clara Luquero en la concesión del complemento de productividad a los trabajadores.

La portavoz del Partido Popular cree que sería “absurdo” recurrir la sentencia “porque sería un coste añadido”.