Una providencia del TSJ insiste en que la Casa de la Parra es legalizable

El Tribunal incorpora al expediente el informe redactado por el Ayuntamiento y descarta el derribo en caso de que la edificación se ajuste a la normativa urbanística vigente.

Una reciente providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respalda la opción de legalizar la conocida como Casa de la Parra, el inmueble ubicado en la calle segoviana del mismo nombre, cuya legalidad lleva cuestionada desde su construcción, hace ya 16 años.

Esta última providencia del TSJ, fechada el 1 de diciembre, incorpora al expediente el informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento de Segovia sobre la legalización del inmueble y determina que se ponga en conocimiento del Consistorio “que la legalización procede si se ajusta la edificación a la normativa urbanística ahora vigente”.

Un informe municipal emitido hace unos días consideraba que el edificio, sobre el que cernían diversas sentencias que ordenaban su derribo, puede ser legalizado si la propiedad cumple con algunas condiciones previas, como tramitar las correspondientes licencias ambientales y de apertura para los garajes y el local comercial que alberga el inmueble.

La casa fue construida sobre el solar de una huerta en la calle de la Parra hace 16 años, con una licencia que concedió el Ayuntamiento el 13 de abril de 1993. Sin embargo, la licencia fue declarada nula el 27 de junio de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), con sede en Burgos, que condenó al Ayuntamiento y a la propiedad a derribar el edificio. Con posterioridad, los tribunales, en diversos pronunciamientos, emitieron sentencias en este mismo sentido, ordenando, de forma reiterada, el derribo del inmueble.

Sin embargo, el último informe municipal responde de forma favorable, desde el punto de vista urbanístico, a la solicitud de legalización del edificio presentada por la propiedad, en los términos de un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia el 2 de noviembre de 2010.

En aquel auto el tribunal aclaró que el derribo del inmueble era procedente, en virtud a sentencias judiciales anteriores, aunque “sin perjuicio —afirmó entonces el tribunal— de que sea posible la tramitación de un expediente de restauración de la legalidad urbanística”.