Estado actual de las obras del nuevo edificio de juzgados de Segovia, actuamente paralizadas, que se encuentra en el barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra. / Nerea Llorente
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Aunque todavía no se ha producido la adjudicación, y por lo tanto tampoco se ha formalizado el contrato, todo apunta a que las obras para finalizar el nuevo edificio de juzgados de Segovia serán ejecutadas por la unión temporal de empresas (UTE) formada por las constructoras Geoxa y Civis Global.

La Mesa de Contratación de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia procedió el miércoles pasado, 4 de diciembre, a la apertura de las ofertas económicas para este proyecto que se corresponde con la primera fase de las instalaciones judiciales proyectadas por el Ministerio de Justicia en el barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra de la capital segoviana.

La única oferta presentada ha sido la de la citada UTE con un coste de 9.923.880 euros, que una vez aplicado el IVA del 21% suma 12.007.895 euros, un 6,5% inferior al presupuesto de licitación (12.837.177 euros). Además, esta oferta amplía la garantía de las obras a un periodo de tres años.

Hay que señalar que cuando el Ministerio de Justicia publicó la licitación de estas obras en 2015 fueron 26 las empresas constructoras que presentaron ofertas, aunque una de ellas fue excluida por incurrir en baja temeraria (valores anormales o desproporcionados).

Si no se producen nuevos contratiempos Justicia debe recibir el nuevo edificio de juzgados 20 meses después del reinicio de las obras; es decir, el escenario más optimista apunta al verano de 2021.

Antecedentes

Como se recordará, se trata de una infraestructura demandada por los operadores de la Administración de Justicia en Segovia: magistrados y jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios, etc. desde hace más de una década y el procedimiento de contratación inicial sufrió también algunos retrasos, con hasta cuatro rectificaciones en el anuncio de licitación, el primero de los cuales se publicó en julio de 2015.

El proyecto había sido redactado en 2010 por el despacho de Javier Fuster Arquitectos, a quien se adjudicó también la dirección de obras y que en 2014 fue adjudicatario, asimismo, de la asistencia técnica para la modificación de la cimentación y la estructura de las nuevas rasantes del terreno donde se ubica el edificio. Ese mismo año también fue adjudicada a Idama Ingenieros la asistencia técnica para adaptar el proyecto a la nueva normativa técnica.

Finalmente, el 1 de marzo de 2016 se firmó el contrato entre la empresa Corsan-Corviam y el Ministerio de Justicia por importe de 11.900.472 euros, aproximadamente una rebaja de 1,3 millones respecto al presupuesto de licitación. La fecha del acto de replanteo tuvo lugar el 26 de julio de ese mismo año y el plazo de ejecución se fijó en 55 meses, con un horizonte para la conclusión de las obras, incluyendo las de urbanización, de la primavera de 2021. Hay que tener en cuenta que los casi cinco meses de demora en el inicio se debió en parte a que el Ayuntamiento de Segovia tenía prevista la ocupación del terreno destinado a este edificio para acoger el recinto ferial en el mes de junio.

El importe ejecutado en 2016 fue de 336.984,52 euros, incluyendo 81.482 en concepto de acopios. Al año siguiente y hasta el mes de junio Corsan-Corviam justificó actuaciones por importe de 12.246,67 euros. Precisamente, el 12 de junio de 2017 un juzgado de lo Mercantil de Madrid dictó un auto en el que declaraba en concurso voluntario a este grupo empresarial. El 5 de marzo de 2018 ese mismo juzgado autorizó la venta de la unidad de infraestructuras del mismo a la sociedad Travis Gestión de Activos y el 1 de agosto de ese mismo año el Ministerio de Justicia requirió a esta última para que justificara si cumplía con los requisitos que establece la Ley de Contratos de Sector Público para que pudiera hacerse cargo del contrato del edificio de juzgados de Segovia.

Travis justificó el 22 de agosto de 2018 que estaba tramitando la clasificación como empresa contratista y notificó a Justicia que tan pronto como dispusiera de la misma estaría en disposición de solicitar formalmente la cesión del contrato. El 4 de septiembre manifestó que ya había obtenido el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público. A su vez, Corsan-Corviam, el 9 de septiembre, la resolución por mutuo acuerdo del contrato suscrito con el Ministerio. El día 26 de ese mismo mes Justicia volvió a requerir a Travis para que en el plazo de 15 días procediera a solicitar la cesión de este contrato.

Un mes después, Corsan-Corviam y Lantania (antes Travis) comunican que la transmisión del contrato de compraventa de la primera a la segunda, autorizada por el juzgado de lo Mercantil, “estaba sujeta a una condición suspensiva que a la fecha del escrito no se había cumplido” y, en consecuencia, Corsan-Corviam seguía siendo la adjudicataria del contrato de obras de los nuevos juzgados segovianos.

En ese momento se había certificado un importe de obra de 1.685.328,80 euros, lo que supone algo más del 14% del presupuesto de adjudicación de 2015. En total se registraron 32 certificaciones durante el tiempo en que las obras estuvieron activas pero la mayor parte corresponde a la empresa Unisa Construcciones, principal subcontrata de Corsan-Corviam.

El Ministerio de Justicia afirma que, a la vista de estas circunstancias, la situación afectaba de forma importante al desarrollo del contrato y “representaba un peligro cierto” de que no se pudieran ejecutar las obras en el plazo previsto, por lo que, tomando como base la Ley de Contratos del Sector Público, optó por resolver el contrato debido a la declaración de concurso de acreedores por la empresa adjudicataria.

Sin embargo, esa resolución no fue formal hasta el 3 de abril de este año e incluye la intención de acordar la continuación de los trabajos pendientes con otra empresa, con carácter de urgencia, “por motivos de seguridad y para evitar la ruina de lo construido”.

La recepción parcial de la obra se firmó el 29 de mayo y el 15 de julio fue comunicada al administrador concursal, a Corsan-Corviam y al juzgado.

Pendiente

Queda pendiente de ejecutar algo más del 85% de la obra. A parte de los trabajos previos y las demoliciones iniciales, la cimentación está ejecutada al 90%, la estructura al 52%, se ha llevado a cabo la impermeabilización de los muros de contención, en la instalación eléctrica se ha ejecutado la mayor parte de la red de tierras pero está por hacer, entre otras, la zona del centro de transformación. En cuanto a las telecomunicaciones se han instalado arquetas de acometidas y se ha realizado parte de la canalización. No está finalizada la red de saneamiento y solo se ha ejecutado una pequeña parte de la urbanización.

El Ministerio ha justificado la urgencia de la nueva adjudicación para completar el edificio en el riesgo de vandalismo y ocupación ilegal de los espacios construidos hasta ahora, una estructura cubierta aparentemente abandonada, así como por la posibilidad de accidentes.

Además, ha tenido en cuenta que el estancamiento progresivo en la continuidad de los trabajos podía conducir a una cada vez más difícil posibilidad de encontrar un nuevo adjudicatario. En este sentido, la presentación de una única oferta parece dar la razón a este argumento.

Otros motivos son “el alto coste” de los alquileres actuales de algunas sedes judiciales en la capital segoviana, “el importante incremento de las cuantías de seguridad” que tiene que afrontar el Ministerio y, sobre todo, “el hacinamiento en el que se encuentran las dependencias judiciales, en muchas de las cuales no se han acometido reformas imprescindibles ante la perspectiva de un pronto traslado al nuevo edificio de juzgados”.

Por otro lado, aunque el Ayuntamiento de Segovia concedió una prórroga de la licencia de obras de este edificio el pasado mes de enero para un periodo de dos años, en Justicia preocupaba su caducidad.

La distribución del gasto destinado a la finalización de este inmueble empieza con una pequeña partida de 30.000 euros en este 2019 para continuar en 2020 con seis millones y el resto en 2021.