
La designación del 1 de octubre por parte de la ONU como el Día Internacional de las Personas de Edad pone desde hace 30 años el acento en la reivindicación del colectivo de personas mayores sobre asuntos como las pensiones o la asistencia sanitaria y a la dependencia. Este año, la pandemia ha trastocado los planes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, que conmemoran conjuntamente este día, y aunque no habrá actividades públicas en la jornada de hoy, las secciones de pensionistas y jubilados de ambos sindicatos redoblan sus esfuerzos para que los jubilados y personas de edad no vean recortados sus derechos durante este tiempo.
El secretario provincial en funciones de UGT, Manuel Sanz Gil, y el responsable de la Unión de Jubilados y Pensionistas Miguel Angel Tabanera, junto a la secretaria de Organización de CCOO, Pepa Santo,s y la portavoz Encarna Tanarro entregarán en la mañana de hoy el manifiesto conmemorativo de la jornada, que contiene un decálogo reivindicativo cuya vigencia se incrementa por las difíciles circunstancias sociales generadas con motivo del coronavirus.
Los sindicalistas coincidieron en asegurar que este día “pretende dar visibilidad a los problemas de un colectivo importante”, y abogó por la derogación de la reforma laboral y de las pensiones impulsada por el Gobierno del PP, así como la eliminación de “gastos impropios” en la Seguridad Social para paliar el déficit de un sistema “que no está en quiebra y que nos quieren hacer creer que si con otras cuestiones que pretenden despistar a los ciudadanos”.
Los diez puntos reivindicativos que tiene el manifiesto recogen entre otras peticiones colocar el gasto sanitario público en el 7,2% del PIB, así como el desarrollo de políticas públicas en materia de promoción de salud y atención sociosanitaria. La revalorización de las pensiones y el impulso para un acuerdo en la comisión del Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones son otras de las medidas contenidas en el documento, que plantea además iniciar el debate sobre una Futura Ley Integral de Derechos de Personas Mayores que garantice una protección específica a los mayores en todos los ámbitos.