Como ha venido ocurriendo en otras provincias, y convocados por el Juzgado Decano de Segovia, jueces, letrados, funcionarios, abogados, fiscales y procuradores participaron de forma mayoritaria ayer en la concentración realizada a las puertas de la Audiencia Provincial en rechazo a los pactos alcanzados entre el PSOE y Junts; y para rechazar el contenido de los mismos, las referencias al conocido como ‘lawfare’ o judicialización de la política y reivindicar el carácter independiente del poder judicial.
La jueza decana de Segovia, Alicia Manzano Cobos, fue la encargada de la lectura del manifiesto, en el que explicó que la concentración “tiene por objeto apoyar los comunicados emitidos por las distintas asociaciones judiciales, de fiscales, de letrados de la Administración de Justicia, así como por las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, del Tribunal Supremo, y por el propio Consejo General del Poder Judicial”.
Se refirió al documento suscrito por PSOE y Junts “para facilitar la investidura”. Ante ello, mostraron su “rechazo por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias”.
Según explicó, el texto del acuerdo alcanzado “contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
“Ello podría suponer en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, añadió la portavoz.
“Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la Ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución”, recordó en su intervención, en la calle San Agustín, donde se dieron cita todos los representantes de la Justicia.
Para los convocantes, las expresiones referidas en el acuerdo “traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial”, y por tanto “no son aceptables”. “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, agregó.
A modo de conclusión, la magistrada afirmó: “La labor de los jueces y del sistema judicial en general siempre ha estado basado en la independencia, la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho, y la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos, bajo el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley”.
Sobre el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, la también magistrada del Juzgado de Instrucción número 5, dijo que estarán pendientes de la evolución de los acuerdos firmados y de momento no se pronunciarán más que sobre “este aspecto del acuerdo” entre los partidos políticos.
En torno a la Ley de Amnistía, Alicia Manzano no quiso hacer declaraciones “respetando precisamente esa separación de poderes que estamos hoy reivindicando, y será el poder legislativo el que aprobará esta ley”.
Recordó que en cualquier caso sería el Tribunal Constitucional el que se debería pronunciar sobre la constitucionalidad o no de dicha norma.
Por último dijo que con esta protesta no se quiere hacer “ningún tipo de boicot contra el Gobierno, sino solo reiterar el apoyo al manifiesto que hizo el Consejo General del Poder Judicial”.
FISCALES A LA ESPERA
Por su parte, la fiscal jefe de Segovia, Inmaculada Martínez, tampoco quiso pronunciarse sobre la Ley de Amnistía y se alineó con la opinión que dio el Fiscal General del Estado. “Tenemos que esperar a que la ley se apruebe en el Congreso, sea publicada en el BOE y en su caso, sobre la constitucionalidad de la misma se deberá pronunciar el Tribunal Constitucional, pero hasta que no esté dictada la ley, nada que decir”.
En la concentración también participaron los abogados, que se unieron a la cita tras la convocatoria del Colegio Profesional de Segovia. En un comunicado de este colectivo, cuyo decano es Emilio Fuentetaja, ya remarcaron su “profundo respeto” a las distintas posiciones y sensibilidades políticas; pero a su vez recuerdan que tienen “encomendada la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho proclamado en la Constitución de 1978; y que una vez examinada la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía, se nos hace difícil defender su compatibilidad con el principio de igualdad ante la Ley, del que gozamos todos los ciudadanos”.
Consideran “imprescindible” el respeto a la división de poderes que emanan de nuestro texto constitucional, y sobre todo, con el ejercicio de la potestad jurisdiccional que tienen que ejercer, bajo el imperio de la Ley, y con la más absoluta independencia, nuestros jueces y tribunales. Por ello proclaman “su confianza en el Estado que contiene nuestra Constitución, y la independencia del Poder Judicial, como órgano constitucional, colegiado y autónomo, haciendo un especial llamamiento al respeto a la ley, y a la defensa de nuestros derechos y libertades”.