
Un total de cuatro residencias de ancianos de la provincia, de un total de 37, lograron que el Covid no traspasara sus puertas durante la pandemia.
Fueron los centros ubicados en Marugán (Residencia San Antonio), Navares de Enmedio (Nuestra Casa la Grande), Prádena (Prádena Salud), y San Pedro de Gaíllos (Los Sampedros). Tampoco el virus logró adentrarse en la residencia de Sepúlveda (Cáritas Parroquial), aunque éste centro abrió en junio de 2021. De acuerdo con los datos aportados por la Junta de Castilla y León, en las residencias de Segovia se contabilizaron 449 fallecidos. Las cifras fueron públicadas en base a una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Entre las residencias que más decesos acumularon se encuentran la Asistida de Segovia, con un total de 61; la de ‘San Fernando’ de San Ildefonso, con 42; y la ‘Doctor Barrios’ de Ortigosa del Monte, con 32. En todo caso las cifras son absolutas, de modo que no reflejan que tuvieran una morbilidad mayor. En algunas de residencias de otras provincias de Castilla y León, se superó el medio centenar de óbitos por Covid.
Algunas residencias situadas en la provincia de Segovia tienen abiertos pleitos judiciales. Los pusieron familiares de enfermos fallecidos en la pandemia. Aquellos consideran que la atención no fue la adecuada, de modo que estiman un posible delito por homicidio con imprudencia. Algunos de estos pleitos se han cerrado con absolución para los gestores o propietarios de los centros. El Juzgado número 5 de Segovia ha estudiado en las últimas semanas los casos que afectaban a las residencias Claros Abades, de la localidad de Abades; Doctor Barrios, en Ortigosa del Monte; y El Jardín, en Trescasas.
Los gestores de estos centros están teniendo que dar cuenta de datos de contagios, test realizados, personas fallecidas y modo de proceder cuando la pandemia atacó a los residentes.
Algunas de estas residencias han detallado también el protocolo que siguieron en base a las directrices aportas por la Consejería de Sanidad, que lideraba entonces Verónica Casado (Cs). De acuerdo con su criterio, no debía trasladarse a los hospitales a los enfermos de Covid. En pleno pico de la pandemia, la atención sanitaria en estos centros se tenía gestionar mediante un “equipo multidisciplinar” formado por “los profesionales de las residencias junto con los profesionales de los equipos de Atención Primaria de referencia (médicos y de familia y enfermeros), profesionales del hospital de referencia (Medicina Interna, UCA, Hospitalización a Domicilio), trabajador social de referencia, voluntarios etc…”. Eran quienes debía realizar una “valoración e identificación de las personas especialmente vulnerables (pacientes crónicos o pluripatológicos complejos, frágiles, dependientes, etcétera (…) “sin trasladarlos a los hospitales, salvo casos muy justificados de gran excepcionalidad, que tuvieran altas posibilidades de recuperación, conforme a los criterios de prioridad establecidos”. En todo caso se señalaba que hay que “dar siempre, hasta el final, una asistencia profesional, integral, humana y compasiva”. También se dijo que “el Equipo de Atención Primaria prestará la atención sanitaria en las residencias”.