En la provincia de Segovia, durante el ejercicio 2022 se tramitaron más de 3.800 expedientes de asistencia jurídica gratuita —es decir, en turno de abogados de oficio— en todos los ámbitos judiciales y de la Administración en general. Sin embargo, la labor de los abogados del turno de oficio es casi desconocida por la ciudadanía en general. Para comprender sus funciones y entender su situación y sus recientes reivindicaciones EL ADELANTADO conversa con Emilio Fuentetaja, abogado y Decano del Colegio de Abogados de Segovia.
“Al hablar de justicia gratuita los ciudadanos suelen tener la sensación de que son letrados jóvenes, que no tienen ni idea, que no tienen trabajo en su despacho y que por estos motivos se dedican a la justicia gratuita. Un grave error, porque en primer lugar, para poder ejercer como abogado de oficio —justicia gratuita— se debe tener al menos tres años de ejercicio profesional, que se suman a los cuatro años de carrera académica, otro año y medio de máster, más un proceso selectivo a través de un examen que tienen que pasar ahora para ser letrados en ejercicio. Ósea que la creencia de que un abogado de oficio es un pobre hombre que no sabe de otra cosa es radicalmente falsa. Todo lo contrario”, asegura Fuentetaja.
“En Segovia somos más de cien letrados los que nos dedicamos a nuestros despachos profesionales y a la justicia gratuita. Esta última es vocacional ya que defendemos a personas que no tienen dinero para costearse dicha defensa. Y este valor no se nos reconoce pues entre todos los compañeros del turno de oficio sostenemos 365 días al año, durante 24 horas al día y en turno de seis colegiados al día, un servicio de asistencia jurídica gratuita en toda la provincia de Segovia”.
“No hay días libres, ni festivos, ni fines de semana, ni horarios, ya que a cualquier hora si algún ciudadano precisa de nuestra intervención profesional —bien sea un detenido o preso; menores o víctimas de violencia de género, así como cualquier procedimiento contencioso, administrativo, laboral o civil—, de cualquier orden y tipo, nosotros nos desplazamos en nuestro propio vehículo hasta las dependencias policiales o cuarteles de la guardia civil donde se precisa nuestra asistencia. Y al día siguiente volvemos a desplazarnos hasta el juzgado de guardia donde haya que asistir al ciudadano. Es decir, nuestro proceder es ofrecer una cobertura absoluta al turno de oficio desde el punto de vista de la asistencia jurídica. Y por supuesto, esta asistencia es prioritaria a cualquier otra actividad que tuviéramos prevista los letrados. Es decir, los abogados adscritos al turno de oficio, que en Segovia somos la gran mayoría de los colegiados ejercientes, tenemos que dejar nuestra actividad profesional dentro de nuestros despachos —que es lo que nos da de comer— para encargarnos de las guardias que nos corresponden. Y de verdad que es muy complicado compaginarlo porque cuando estamos de guardia no podemos citar a ninguno de nuestros clientes en nuestro despacho para atenderlos y encima estas guardias nos cuestan dinero al desplazarnos con nuestros propios vehículos”.
Además, es una vergüenza la inexistencia de medios de la que disponemos los abogados del turno de oficio, como también lo es la precaria y vergonzosa subvención que se nos presta por nuestra intervención en dicho turno, ya que no es ni una remuneración digna.
Para que los lectores lo comprendan, a los abogados de turno el Estado no nos paga sino que nos subvenciona una parte de nuestro trabajo. Es decir, imaginemos que a un médico le dicen que le van a dar una pequeña subvención por atender a un paciente. Es una cuestión vergonzosa porque estamos realizando un trabajo profesional y cualificado y habría que pagarlo. Estamos de acuerdo en que tal vez no se puedan pagar como los módulos que se establecen cuando ejercemos la abogacía libre —porque seguramente estén fuera de la órbita desde el punto de vista económico— pero tampoco se pueden abonar cincuenta euros por tramitar un expediente, cuando el mismo expediente en un proceso normal puede rondar los seiscientos u ochocientos euros.
Por todo esto, también reivindicamos nuestro derecho —el de los abogados de oficio— a poder conciliar nuestro trabajo en el despacho con la justifica gratuita porque como letrados estamos obligados a asistir en los juzgados, en los cuarteles de la Guardia Civil a todo el mundo. Pero si ese día que estamos de guardia nos ponemos malos, caemos enfermos, tenemos un problema porque no se prevé que un ciudadano se quede sin asistencia.
Otra cuestión que a los letrados del turno de oficio nos afecta de forma negativa es que nosotros no podemos hacer huelga cuando es un derecho constitucional de todo ciudadano.
“Tras años ejerciendo la abogacía puedo afirmar que ser abogado de oficio es vocacional. Ya que entre asistencias a víctimas de violencia de género, ejecuciones, procedimientos judiciales y demás, el sueldo de un abogado de oficio ronda los 4.000 euros anuales. A lo que tenemos que descontar todos los gastos que nos genera el día a día que no se abonan. Por todo esto, nadie puede vivir de ser abogado de oficio ya que ni siquiera se tiene una remuneración digna sino una mermada subvención. En condiciones normales, ningún abogado sería letrado de oficio pero todos nosotros sabemos que es un derecho fundamental y constitucional porque todo ciudadano tiene este derecho. Ninguna persona se puede quedar sin atender porque no tenga dinero y esto lo sabemos los abogados y trabajamos en consecuencia, dando el trescientos por cien de nosotros. Más ya no podemos hacer. Ahora es el turno de que actúen nuestros dirigentes a quienes les pediría que se tomen la justicia en serio, porque está mal dotada económicamente, de personal, de infraestructuras, de procedimientos que se salen por los juzgados… Es más, aquí en Segovia tenemos un juzgado que es mercantil, civil y además de instrucción. Esto no puede ser”.
ES EL TURNO DE NUESTROS GOBERNANTES
“A nuestra justicia no se la dota de medios. Es un problema de dinero. Realmente la justicia como derecho fundamental del ciudadano necesita de unos recursos adecuados que a día de hoy no tenemos, y por desgracia tengo la sensación de que no les vamos a tener nunca”, asegura Emilio Fuentetaja, Decano del Colegio de Abogados de Segovia.
“Aprovecho esta oportunidad que se me brinda para pedir, de una vez por todas, que este derecho fundamental de la justicia se lo tomen en serio nuestros dirigentes y gobernantes. Que se note y cuiden la justicia gratuita. Que la cuiden para que a los abogados de turno de oficio no les cueste dinero, sino todo lo contrario, para poder seguir defendiendo causas de personas que no tienen recursos económicos. Se tienen que poner las pilas inmediatamente porque si no nos encontramos en el contexto actual: primero huelga de letrados de la administración de justicia, después de funcionarios y el próximo 16 de mayo los jueces y fiscales. Este contexto es un caos”.
“Precisamos de seriedad para que la justicia de nuestro país sea justicia. Ya que una justicia no puede serlo si es lenta. Y tampoco puede ser justicia si está constantemente en huelga. Yo siempre defiendo una cuestión: que el derecho a la huelga es un derecho fundamental pero tan fundamental como es el derecho a la tutela judicial efectiva. Y entre estos dos derechos fundamentales no tiene que ganar uno sobre el otro. Los dos tienen que prevalecer. Por lo que es urgente dotarlos de medios, para que si hay un proceso de huelga en un sistema de justicia este sistema siga funcionando. Es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva no se puede suspender porque haya una huelga. O dicho de otra manera, una huelga no puede paralizar un sistema de justicia ya que es un derecho fundamental”.
Y por último, “me gustaría añadir que lamento muchísimo la justicia que tenemos porque los abogados y letrados hacemos todo lo que podemos por el bien de nuestros clientes pero al final los que damos la cara somos nosotros. Ni los jueces, ni los funcionarios, sino los abogados. Ya que en la gran mayoría de los casos somos nosotros los que tenemos que explicar a los ciudadanos el motivo por el que su juicio se suspende o porque se está tramitando tarde y mal un procedimiento o porque una sentencia continúa sin salir…. Y esto nos conlleva un desgaste que no nos pertenece, es de otros”.
“Los abogados no somos magos, ni hacemos milagros. Hacemos todo lo que podemos, con nuestra mejor intención y profesionalidad, pero hay cuestiones que no nos pertenecen y llevamos mucho tiempo cargando nosotros con un muerto que no es nuestro y que nos dificulta e impide poder trabajar y desarrollar nuestro trabajo en condiciones. Por favor, que las partes lleguen a un acuerdo sistemático cuanto antes y que la justicia pueda ser un derecho al que podamos acceder todos sin complicaciones”.
Algunas de las reivindicaciones propuestas
A raíz de la propuesta efectuada por el Consejo General del a Abogacía sobre un Pacto para mejorar la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, los letrados y abogados segovianos lanzaron varias consideraciones, entre las cuales destacan:
* La dignificación, accesibilidad, transparencia y atención para una mejor calidad de la Justicia, estableciendo instrumentos que protejan de manera efectiva la calidad en el trato a los profesionales y a la ciudadanía en las actuaciones ante el sistema judicial.
* Una retribución digna de las actuaciones realizadas por los profesionales de la abogacía que prestan los servicios de la Justicia Gratuita a través del Turno de Oficio, y su actualización conforme al IPC.
* Un reconocimiento, y consecuente compensación, de todas las actuaciones de los profesionales de la abogacía en las intervenciones derivadas del Turno de Oficio.
* Promover los acuerdos extrajudiciales en detrimento de la litigiosidad en la regulación de la Justicia Gratuita, e incluso incentivando económicamente lo anterior, para, en todo caso, garantizar que las actuaciones de los profesionales de la abogacía que hayan de ser asumidas por imperativo legal o judicial, a través del Turno de Oficio, obtendrán la correspondiente compensación económica.
* Una garantía del acceso de los ciudadanos al sistema de Justicia Gratuita y, para ello, establecer como criterio el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en sustitución del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita.
* Conseguir que las Comisiones de la Administración responsables de la concesión del beneficio de justicia gratuita actúen con criterios equiparables entre ellas, evitando disparidades e incluso contradicciones, y la modernización de la Justicia: finalizar la implantación de los medios telemáticos a nivel policial y judicial en todas las jurisdicciones e instancias.
* La creación de turnos de oficio especializados en materia de protección internacional en aquellos territorios con mayor número de solicitudes, entre otros, zonas de llegadas marítimas, aeropuertos internacionales y CIES. Una vez creados, deberá promoverse entre la abogacía formación obligatoria y gratuita para acceder a los turnos de oficio de extranjería y protección internacional exigible a través de su normativa reguladora.
* Y la reducción de las cargas burocráticas para los profesionales de la abogacía y para las organizaciones colegiales en orden a la justificación de las actuaciones derivadas del Turno de Oficio y Justicia Gratuita, así como exigir a las Administraciones territoriales y órganos judiciales su corresponsabilidad en las tareas de la gestión.
