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Cables de tendido eléctrico en la fachada de un edificio de la calle del Marqués del Arco próximo a la Catedral. / E. A.

El Ayuntamiento de Segovia, de la mano del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, reclama un plan estatal de apoyo al soterramiento de cableado en los conjuntos históricos que bien podría financiarse con los Fondos de Resiliencia de la Unión Europea, según ha explicado la concejala de Patrimonio Histórico, Clara Martín.

En este sentido, a raíz de la solicitud formal que ha realizado al Gobierno de España en este sentido el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, la edil segoviana ha explicado que se trata de un proyecto “que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo, la concesión de ayudas para el soterramiento de cableado en las ciudades históricas”.

En la última asamblea de alcaldesas y alcaldes de este Grupo, celebrada precisamente en Mérida a finales de junio y a la que asistió Clara Luquero, acompañada por Martín y por la entonces concejala de Turismo, Gina Aguiar, esta fue una de las cuestiones que se abordó, ya que en palabras de su presidente las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad se enfrentan “a la lucha diaria” con las compañías eléctricas para soterrar los cables de energía eléctrica.

Por su parte, Clara Martín ha comentado que en este mismo sentido, las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad han presentado alegaciones al borrador de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que ha elaborado el Ministerio de Cultura y Deporte, para que por un lado se obligue a la retirada del cableado en los conjuntos históricos y, por otro, que a través del citado plan nacional de apoyo al soterramiento se concedan subvenciones que alivien el alto coste que esta medida tiene para los ayuntamientos.

El citado borrador recoge la obligatoriedad de eliminar el cableado en jardines históricos y entornos de monumentos pero las Ciudades Patrimonio Mundial quieren que se extienda también a sus conjuntos históricos, una apuesta que debe ir ligada eso sí al citado plan de apoyo.

Nuevo patronato

Martín, que ha participado directamente en la redacción de las alegaciones del Grupo, junto a responsables de otros ayuntamientos, ha indicado, además, que entre las alegaciones al borrador de la Ley, han solicitado que, puesto que el texto contempla la creación de patronatos en cada ciudad reconocida por la Unesco en los que participen las tres administraciones competentes: estatal, autonómica y municipal, se haga a través de los planes de gestión a los que están obligadas por la declaración de bien patrimonio mundial.

La concejala sostiene que es necesario que ese patronato, como órgano de gestión, funcione en concordancia con las competencias de cada administración. “Creemos que el patronato puede ser una figura óptima y puede servir para la gestión del patrimonio mundial reconocido por Unesco; de hecho, en Segovia estábamos trabajando ya con el Ministerio de Cultura y con la Junta para crear uno para el Acueducto pero, como vamos a elaborar —está pendiente de licitación— nuestro plan de gestión de la Ciudad Vieja de Segovia y del Acueducto, esa es la propuesta que hacemos en las alegaciones del Grupo”, añade Martín.

La idea es que esté formado por técnicos y representantes políticos de las tres administraciones y esta responsable municipal considera que “ bien organizado no tiene porque interferir en las competencias municipales”.

Para eso, otra de las alegaciones tiene que ver con la definición de las actuaciones que el citado patronato debe analizar a través de una nueva figura, la denominada evaluación de impacto en el patrimonio cultural.

Se trata, de nuevo, de que no invada competencias, o autonómicas o municipales. “Se puede entender que debe someterse a evaluación, por ejemplo, una construcción contemporánea dentro de un conjunto histórico o puede ser, en el caso de Mérida, Tarragona pero también de Segovia, la construcción de un parking subterráneo que afecte al ámbito arqueológico”, señala Martín.

Otra figura que anuncia el borrador de la Ley es la de Bien Cultural de Patrimonio Mundial. En este caso, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha requerido al Ministerio —a través de la Dirección General de Bellas Artes— para que aclare si se trata de una nueva categoría de Patrimonio Mundial o se trata de otra cuestión. Insisten, además, en que dentro de esa denominación caben diferentes tipologías: “No es lo mismo un monumento que una ciudad o un bien con valores naturales o incluso mixtos, que es el caso de Ibiza, en la que confluyen el patrimonio natural y el cultural”.

Otros proyectos

Si se produce finalmente la llegada de fondos europeos a Segovia a través del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad con una asignación directa, el Ayuntamiento el gobierno municipal tiene en el cajón varios proyectos a la espera precisamente de oportunidades como esta.

“Si llega dinero de los Fondos de Resiliencia para el Grupo sería una buena noticia porque en Segovia tenemos algunos proyectos en los que llevamos tiempo trabajando como la rehabilitación de la Iglesia de San Nicolás (en la actualidad sede del Taller Municipal de Teatro) y de propiedad municipal, o bien “pequeñas intervenciones en la Muralla que, aunque se trata de cuestiones puntuales, también son rehabilitación y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural”, añade.

Patrimonio Mundial

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, presidente de turno del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, al que pertenece Segovia, ha formalizado el acuerdo alcanzado en la asamblea de alcaldesas y alcaldes que se celebró a finales de junio en la ciudad extremeña para solicitar al Gobierno de España una línea de asignación directa de los Fondos de Resiliencia de la UE para los ayuntamientos que integran esta red de 15 ciudades.

En este sentido, recuerda que la conservación de los casos históricos para las generaciones futuras supone enormes inversiones para estos consistorios, más todavía con las necesidades sociales generadas por la pandemia.

El objetivo es “mantener el nivel de nuestros servicios públicos y además acometer la restauración de nuevos yacimientos arqueológicos”, asegura el presidente del Grupo, quien añade que “el reconocimiento integral de los cascos históricos de nuestras ciudades por parte de la Unesco es un honor pero también una gran responsabilidad, y nuestro reto es garantizar la conservación del patrimonio”.

Hace hincapié en que el Grupo es una asociación con 28 años de historia (Segovia es una de las fundadoras), integrada por alcaldes y alcaldesas de todos los partidos y un referente, ya que todas las decisiones se toman por consenso.

Nueva Ley

La concejala de Patrimonio Histórico, Clara Martín, considera “positiva para ciudades como Segovia” la modificación de la Ley de Patrimonio Histórico que está tramitando el Ministerio de Cultura y Deporte con la previsión de sacar adelante el nuevo texto normativo en el segundo semestre del año.

Martín, sin embargo, coincide con la Junta de Castilla y León en la necesidad de aclarar términos y definir bien las competencias de cada administración para evitar conflictos.

Entre las principales novedades que incluye el borrador para modificar la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se encuentra la nueva definición de patrimonio histórico para añadir nuevos tipos de patrimonio como industrial, cinematográfico, audiovisual o la individualización de la categoría de paisajes culturales.

Además, modifica el régimen de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y del Patrimonio Bibliográfico, establece formalidades de protección estatales y municipales y nuevas medidas de fomento, infracciones administrativas y sanciones.

Alegaciones de la junta

La Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León informó el pasado mes de junio de la presentación de alegaciones al borrador, especialmente en el ámbito competencial pero también en relación con la nueva categoría de Bien Cultural de Interés Mundial, ya que la administración autonómica entiende que no aporta ninguna novedad o efecto “ni desde el punto de la protección, ni del reconocimiento”.

Alega asimismo la necesidad de que el nuevo texto estipule la existencia en los Presupuestos Generales del Estado de las partidas necesarias para atender los bienes y terrenos de propiedad estatal, así como aquellos que están adscritos a servicios públicos del Estado y que carecen de financiación.

Recuerda la Consejería que el 1,5% cultural, aun siendo una medida de apoyo, no puede ser la única medida económica para el fomento de las acciones que recoge la nueva Ley, ya que se trata de una medida compensatoria vinculada a la capacidad inversora de la Administración General del Estado en otras áreas.