Rodolfo Martín Villa. EFE.
Publicidad

Pablo Zavala (*)

Las asociaciones mal denominadas de “memoria histórica”, algunas de las cuales promueven la querella internacional contra el que fuera ministro de Relaciones Sindicales, de Gobernación e Interior en sucesivos gobiernos de la Transición, suelen acogerse a los estudios académicos en los que se pone en duda que en España se hayan cumplido los requisitos que debe contemplar una transición democrática. Entre los especialistas esto se engloba en lo que se ha denominado como “justicia transicional”, basada esencialmente en tres principios: verdad, justicia y reparación, sin los cuales un país no podría alcanzar el estadio democrático pleno al no haber acordado la reconciliación de sus ciudadanos. En Naciones Unidas existe incluso un relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que informa sobre la situación de los derechos humanos en aquellos países donde existen dudas sobre su cumplimiento.

Estos procedimientos son relativamente modernos y surgieron avanzados los años 80 del pasado siglo, al ocaso de regímenes autoritarios en Sudáfrica y Argentina. La gran particularidad de nuestro modelo es que el proceso de transición se inicia desde arriba, siendo el propio gobierno y las instituciones del Estado las que emprenden la iniciativa para desprenderse de poderes extraordinarios, de la arbitrariedad propia de los sistemas no democráticos, o simplemente para devolver la soberanía al pueblo español. Por lo tanto, nuestro modelo, aun siendo “hispano-español” se parecería más al que tuvieron otros países europeos al final de la segunda guerra mundial, que a los que vendrían después en los casos citados así como otros que les siguieron (Chile, Uruguay, Brasil, Timor Oriental, Liberia, Sierra Leona, El Salvador, Guatemala o Corea del Sur).

Se constituyen unas comisiones, denominadas “de la verdad”, en las que se pretende aclarar los delitos contra el derecho de las personas que se hubieran podido cometer durante el régimen anterior, así como unos tribunales especiales con el objetivo de encausar a los responsables de actos generalmente de “lesa humanidad”. Finalmente se establecen unas compensaciones económicas para aquellos que hubieran sufrido abusos por parte de funcionarios del régimen anterior en los ámbitos jurídicos citados.

Este es el marco internacional e histórico a través del cual una octogenaria juez argentina, bajo el principio de justicia universal, aceptó en 2010 una querella contra el Estado español por actos cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, a la que luego se añadieron otras hasta alcanzar unas 350 actualmente. En dicha querella se imputa a 20 personas entre ellas al que fuera ministro de la Corona (y no de Franco como se repite últimamente) quien declaró voluntariamente por videoconferencia el pasado 3 de septiembre al ser encausado por delitos de “lesa humanidad y genocidio”. Y fue una declaración voluntaria, porque la justicia española cerró la puerta a la juez, sentenciando la ilegalidad de sus pretensiones al querer enjuiciar delitos amnistiados y prescritos sin tener en cuenta, además, la ilegalidad de la retroactividad de las leyes o la imputación a personas fallecidas.

El Sr. Martín Villa, no quiere ser un amnistiado, ni mucho menos acogerse a la prescripción citada, motivo por el que viene años queriendo colaborar con la justicia argentina, declarar y defenderse para según sus palabras evitar una “presunción de culpabilidad”.

Sin entrar en el fondo de la querella, cuando menos sorprende que a un ministro de Relaciones Sindicales se le haga responsable ¡penalmente! de los actos cometidos por funcionarios de otro departamento. Cuando lo es de Gobernación se le responsabilice ¡penalmente! de actos cometidos por funcionarios de su departamento o por grupos terroristas de extrema derecha que le tuvieron ¡a él! como objetivo por su determinación en el proceso democrático. Según este planteamiento, difícilmente un político aceptará no ya la cartera de Interior, sino cualquier otra.

Solo los que vivieron aquel proceso o los que lo han estudiado son conscientes del fabuloso esfuerzo democratizador y cívico que en solo tres años y bajo el impulso de Juan Carlos I, transformó un régimen autoritario en otro en el que la ciudadanía recuperó su propio destino.

Siguiendo con los términos descritos, considero que en España no solo hubo verdad, justicia y reparación, sino que hubo reconciliación.

Hubo verdad porque la democracia trajo una corriente de libertad y de opinión que había estado amordazada durante 40 años y que provocó un inusitado interés por la reciente historia de España: según el profesor Stanley Payne, solo durante los último 20 años se han publicado más de 1.900 libros únicamente sobre la Guerra Civil. A ellos hay que sumar películas, novelas, documentales, tesis doctorales… las librerías tienen en las secciones de historia lugares específicos para la Guerra Civil y la Transición, a rebosar de títulos que no dejan de aparecer en los que parece difícil encontrar un tema, un asunto, una anécdota que no haya sido ya narrada, analizada y publicada.

Hubo justicia cuando la Ley de Amnistía de septiembre de 1977 abrió las puertas de las cárceles a todos aquellos que en ellas se encontraban por delitos cometidos con intencionalidad política. No se puede olvidar que dicha ley fue la primera decisión legislativa del primer parlamento elegido democráticamente, y lo fue aprobando la proposición de ley –planteada a iniciativa de los grupos parlamentarios de la oposición- como máxima expresión de la reconciliación nacional. Ya vacías las cárceles de presos políticos, se dio la inusual circunstancia de que no hubiera en España ni un preso político, ni un solo español en el exilio. Esta “anomalía” cerraba un ciclo de guerra civilismo de casi 200 años e inició un proceso de “rectificación” de las dos Españas en el que la modernidad y la armonía civil entraba por la puerta principal. La Constitución de 1978, no solo no derogó la Ley de Amnistía, sino que la avaló, hasta el punto que destacados constitucionalistas consideran que derogarla produciría un efecto negativo en la Ley de Leyes. Como dijo el Tribunal Supremo en 2012, La Ley de Amnistía “Fue consecuencia de una clara y patente reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo” por lo que pretender que fue la palanca mediante la cual los reformistas del régimen aseguraron su impunidad es desconocer todo el proceso.

Es importante recalcar que además hubo reparación, porque como bien indica Javier Puche-Gil, desde 1977 hasta 2008 ha habido más de 15 leyes nacionales, sin contar con las autonómicas, con políticas de reparación y compensación económica a afectados por lesiones y mutilaciones en la guerra civil, pensiones y ayudas económicas de todo tipo a afectados directos y familiares incluyendo asistencia médica y farmacéutica, específica al cuerpo de carabineros de la república, pensiones de orfandad, ayudas a “los niños de la guerra” que no volvieron, indemnizaciones a los que sufrieron prisión por sus ideas políticas, e incluso a los fallecidos entre 1968 y 1977 en defensa de las libertades y la democracia. Todo ello bajo gobiernos socialistas y conservadores.

Y gracias a la Ley de Amnistía hubo concordia y reconciliación, porque como decía el ponente constitucional Gabriel Cisneros, fue posible porque previamente “ya estábamos concordes y reconciliados”. O en palabras del presidente Adolfo Suárez un año antes, en su primer discurso televisado, “elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal”.

La imputación del Sr. Martín Villa, que podría ser una anécdota o un eco de lo que ocurre en el mundo, se puede convertir en una norma a tenor del proyecto de Ley de Memoria Histórica 2ª parte que prepara el Gobierno, y del cambio de criterio de la Fiscalía General del Estado que recientemente envió una nota a los fiscales para sortear la doctrina del Tribunal Supremo sobre las comisiones rogatorias extranjeras en asuntos de memoria histórica, debido a las “nuevas necesidades y paradigmas memoriales”.

El Sr. Martín Villa es el chivo expiatorio de la gran impugnación que se está llevando a cabo de la Transición que tan buenos resultados nos ha dado. “Un paso histórico para la justicia y contra la impunidad” ha declarado el vicepresidente del Gobierno cuando declaró el ex ministro. Según este planteamiento, habría que encausarle a él como responsable de la muerte de casi 20.000 mayores en las residencias de ancianos cuando estas dependían de su mando único durante el pasado estado de alarma.

Tal dislate solo puede venir de alguien que está convencido que la única vía de alcanzar sus propósitos es deslegitimar la Constitución para acabar con ella. ¿Y el Sr. Sánchez, qué opina de esto?


(*) Director de la Fundación Transición Española.