La Junta de Castilla y León ha decidido limitar la actividad comercial, con el cierre de cualquier actividad no esencial, a las 20:00 horas. Responde así a la decisión del Tribunal Supremo, de suspender el adelanto del toque de queda, y regresando a las 22:00 horas, como era hasta hace un mes.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció esta medida a la vez que dijo que asumiría la resolución cautelar del Tribunal Supremo, como forma, dijo, de reducir los movimientos sociales como medida sanitaria para luchar contra la pandemia.

De este modo, Mañueco firmó un acuerdo del Consejo de Gobierno por el que el toque de queda vuelve a fijarse entre las 22:00 horas y las 6:00 del día siguiente. A la vez, y como reacción a la anterior decisión, adoptada por imperativo judicial, firmó un segundo acuerdo que impone nuevas restricciones tendentes a favorecer el aislamiento y reducir los contagios.

“El espíritu del acuerdo tomado en un Consejo de Gobierno Extraordinario es el de que toda la actividad no esencial quede suspendida a las ocho de la tarde”, dijo, medida que entrará en vigor este miércoles, 17 de febrero, fecha en la que se publican las órdenes en el Bocyl. Y estará vigente hasta las 23:59 horas del próximo martes 23 de febrero.

En la práctica, los establecimientos hosteleros, los comerciales, los culturales y de otro tipo que no sean considerados esenciales tendrán que cerrar sus puertas a las ocho de la tarde, algo similar a lo que ocurría hasta ahora, ya que los ciudadanos no podían salir de casa para acudir a esos mismos lugares.

Se mantienen las excepciones de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, las gasolineras, velatorios, la actividad deportiva al aire libre permitida, centros docentes, transporte público, o la restauración para llevar.

Preguntado por si esta nueva regulación puede tener similares efectos al adelanto del toque de queda sin transgredir el decreto del estado de alarma, Alfonso Fernández Mañueco estimó que se trata de momentos epidemiológicos distintos, ya que actualmente la Comunidad vive un “descenso vertiginoso” de los contagios, pese a lo cual defendió que la ocupación de los hospitales no permite rebajar las medidas restrictivas por el momento.

En su intervención, Mañueco dijo que al conocer la sentencia del Supremo tuvo la sensación de “haber cumplido” con su “deber” de “proteger la vida y la salud de las personas”, sin que este revés judicial le haga plantearse la asunción de responsabilidades políticas, como han pedido algunas organizaciones, entre ellas el PSOE, ya que ha asegurado que él ha actuado ya con “responsabilidad”. “Es lo que somos, un gobierno responsable”, sentenció el presidente, convencido de que en este momento hay que “mantener la guardia alta” e “ir viendo la evolución” de los datos epidemiológicos “poco a poco”, sin “precipitaciones”.

Sobre el anuncio de demandas por parte de algunos colectivos como los hosteleros, bajo el argumento del lucro cesante durante todo este mes con la aplicación de un toque de queda a las ocho que ahora ha resultado anulado, Mañueco sentenció que tendrán que ser los Servicios Jurídicos de la Junta los que analicen esas posibles reclamaciones. “Cada uno está legitimado para ejercer las acciones que considere convenientes y defender sus derechos”, resumió el presidente, quien sin embargo remarcó que el fin último de sus decisiones ha sido en todo momento “la protección de la salud y la vida de las personas”.

En el mismo sentido se pronunció, para remitirlo a los Servicios Jurídicos, respecto a la situación en que quedan las 717 sanciones que, por quebrantamiento del toque de queda entre las 8 y las 10 de la noche, han realizado los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el último mes y que ahora quedan cuestionadas.

“Es un tema jurídicamente complejo que tendrán que determinar los Servicios Jurídicos si se tramitan o quedan en ‘stand-by’ -espera- hasta que se resuelva el fondo del asunto”, señaló Fernández Mañueco, quien en toda su comparecencia ha apelado a que, tras decantar la suspensión cautelar del adelanto del toque de queda, el Supremo analizará ahora el fondo de la cuestión.

Hostelería y comercio estudian reclamar por el lucro cesante

El presidente de la Asociación Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse), Jesús Castellanos, anunció ayer que van a estudiar la posibilidad de presentar reclamaciones por el lucro cesante producido este mes en el que, tal como demuestra la decisión del Supremo, ha sido “ilegal”. “No vamos a perder el tiempo ni el dinero de nuestros asociados”, advirtió.

Castellanos, que además es secretario de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, dijo que no es plato de gusto tener que presentar reclamaciones, “pero se ha demostrado que impedirnos trabajar no ha servido para nada, salvo para colocarnos como culpables de la pandemia”.

En la misma línea, su colega presidente de la agrupación regional anunció que esta situación provocará seguramente una “cascada de demandas” por lucro cesante. “Estudiaremos cómo actuar jurídicamente desde la federación, aunque parece claro que la decisión de reclamar debe ser de cada empresario, por lo que ya hay plataformas en marcha para ayudar a los hosteleros que quieran acudir a los tribunales”, declaró De la Varga.

Los hosteleros lamentan que la decisión del Tribunal Supremo llegue tarde “prácticamente un mes después de que se empezara a aplicar una medida que ha afectado de lleno al sector hostelero”. Confían en que al menos este adelanto del toque de queda haya salvado de forma indirecta alguna vida, aunque se muestran convencidos de que “mantener el toque de queda dos horas más tarde apenas habría variado la situación actual de la pandemia”.

Los hosteleros no son los únicos en reaccionar, pues la presidenta de la patronal del comercio Conferco, Rosario Sanz, ha asegurado que también van a estudiar presentar demandas por “lucro cesante”. “Estamos mejor que antes porque lo anterior era una medida mucho más lesiva, daba igual que se pudiera abrir mas allá de las ocho si no había nadie en la calle y, de hecho, los comercios tenían media hora perdida pues la gente temía que no les diera tiempo a volver a sus casas”. En su opinión, el sector del comercio está afectado de una forma “terrible” por la pérdida de ventas y hay personas que ya no solamente tienen problemas par mantener su negocio, sino “para mantenerse a ellas mismas”.

Reacciones políticas

Los partidos políticos de la oposición en Castilla y León también reaccionaron ante la resolución del Tribunal Supremo.

Así, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, pidió la dimisión “hoy mismo” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por restringir derechos “de forma irregular e innecesaria” tras tumbar el Tribunal Supremo el adelanto del toque de queda a las 20:00. UPL lo hizo el vicepresidente y consejera de Sanidad de la Junta, Francisco Igea y Verónica Casado. Y desde Podemos, Juan Pablo Fernández, dijo en Segovia que la Junta está “abandonando a autónomos, hosteleros, centros deportivos y otros colectivos”.