A los problemas de la falta de suministros básicos que demandan las empresas segovianas se unen también los que suponen el alto precio de la luz eléctrica. Una de las que pueden verse más afectada por el desorbitado precio al que se ha puesto la electricidad es Verescence, la principal empresa de Segovia en cuanto a número de empleados (con 450 fijos y 150 eventuales), y también una de las de mayor facturación.
Verescence mantiene desde hace tiempo un acuerdo con la distribuidora eléctrica Iberdrola. Al igual que otras muchas empresas españolas, tienen contratos de una duración de varios años, en este caso de diez.
En estas últimas fechas las grandes eléctricas han comunicado mediante cartas a sus principales clientes que será necesario cancelar o modificar estos contratos, conocidos como PPA (Power Purchase Agreement). Estos contratos hasta ahora garantizaban el suministro de electricidad por un precio fijo, blindándoles ante eventuales subidas de la luz y pudiendo, así, programar la actividad fabril y hacer las empresas contratos con sus clientes en base a los costes que van a tener.
Verescence había firmado el último acuerdo de suministro con Iberdrola el pasado mes de junio, precisamente, por un plazo de diez años, es decir, hasta 2031. Esta empresa segoviana, ubicada en La Granja, mantiene una alta dependencia de la electricidad para fabricar sus envases de vidrio y aisladores eléctricos que se elaboran en estas instalaciones situadas al pie de la Sierra. Se suministra también de gas natural, pero la electricidad representa uno de los insumos más importantes. Consumen unos 3.000 Megawatios/hora cada mes. “Por eso necesitamos una tarifa fija que nos permita garantizar los costes que vamos a tener que soportar”, señala Bruno Portellano, director general de Verescence.
Ahora las empresas eléctricas quieren romper estos acuerdos que han marcado las relaciones comerciales entre ellas y sus empresas clientes; y repercutir el alza del precio de la luz mayorista a estos consumidores. La intención de Iberdrola y otras eléctricas es revisar al alza las condiciones fijas de los contratos por el encarecimiento del precio de la energía mayorista. A los pequeños clientes, que no tienen contratos fijos, el recibo se encarece de forma automática.
Para aminorar el coste a los ciudadanos, el Gobierno aprobó a mediados de septiembre un decreto ley que obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan. Esta rebaja de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ se mantendrá al menos hasta marzo de 2022, para cuando el Gobierno espera que concluya la actual carrera que ha tomado el precio del gas.
Sin capacidad de reacción
El cambio de las condiciones deja a empresas como Verescence “contra las cuerdas”. Porque no todas las empresas pueden repercutir ese nuevo aumento del coste del precio de la luz eléctrica a sus clientes. “Nosotros tenemos muchos contratos hechos y que no podemos cambiar, y gran parte de nuestros clientes están fuera de España y por tanto no entenderían que les queramos subir ahora de repente el precio de los productos que nos han comprado”, lamenta Bruno Portellano, director general de Verescence.
Las empresas como Verescence dicen que intentar cancelar o modificar los PPA es un cambio flagrante en las condiciones de unos contratos firmados. Por su parte, las eléctricas argumentan circunstancias “extraordinarias, imprevisibles y sobrevenidas” que han cambiado completamente las condiciones en las que se firmaron estos PPA y que pasan fundamentalmente por el decreto del Gobierno y el cambio en las condiciones de mercado para las eléctricas.
“El caso es que estamos entre la espada y la pared porque nosotros somos víctimas de la pelea entre eléctricas y Gobierno”, añade el directivo de Verescence, que agrega: “Sentimos como si esto fuera un chantaje o como si se nos estuviera utilizando”.
Otras empresas españolas que se han visto en situaciones parecidas han anunciado paradas temporales en su actividad al no poder soportar este aumento repentino de los costes de la electricidad.
Pero Verescence no puede hacerlo en estos momentos. “Estamos en el pico de producción porque tenemos contratos de cara a la Navidad y ventas a mercados extranjeros a los que no podemos dejar de atender”, aseguran. Y añaden que el aumento de un 300% por ciento del coste energético que se quiere imponer puede obligar a reducir plantilla y hará imposible acometer inversiones.
A la espera de las negociaciones
Verescence notará el “sablazo” eléctrico a finales de este mes, cuando le llegue el primer recibo con la nueva tarifa eléctrica, y que supondrá triplicar la cuota que venía pagando hasta ahora. En todo caso, a su director general, Bruno Portellano, aún le cabe un hilo de esperanza y confía en que las negociaciones entre Gobierno y compañías eléctricas lleguen a buen puerto, o al menos, no perjudiquen a terceros, como es el caso de su empresa, que depende de la energía eléctrica para poder trabajar.
En este sentido, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha intentado llevar a cabo una reforma del sistema energético comunitario que permita bajar de un plumazo las tarifas eléctricas. Pero desde Bruselas no lo ven acorde con las normas del comercio europeo. La propia ministra ha calificado de “manifiestamente incongruentes” las propuestas planteadas por la Comisión Europea. Según ha expresado, dichas propuestas “no abordan la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos”.
La ministra para la Transición Ecológica se ha reunido con los máximos ejecutivos de las cuatro grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. A todas ellas Ribera las ha reclamado un mayor grado de implicación con la industria, solicitando que garanticen “precios estables” y “razonables”.
Pero estas empresas han propuesto al Gobierno de Pedro Sánchez que las medidas excepcionales para frenar la subida del precio de la electricidad sean “transitorias y temporales” y duren hasta que se busque una solución a largo plazo. De este modo intentan que pueda encajar en las normas que establece la UE.
Del mismo modo, las eléctricas critican el “hachazo” que el Gobierno quiere aplicar, y recuerdan que tanto los inversores como las agencias de calificación lo ven muy negativo para la economía porque genera mucha incertidumbre regulatoria en el sistema eléctrico español. Y advierten de que, con decisiones de este tipo, se corre el riesgo de socavar la confianza del mercado y hacer “descarrilar la transición verde” que programa el propio Ejecutivo de Sánchez.
