La plantilla de la empresa del servicio de vigilancia de zonas ORA en Segovia es de unos 30 trabajadores. / Kamarero

Guillermo San Juan, portavoz municipal de Podemos-Equo, estudiaba 8º de EGB cuando el Ayuntamiento de Segovia formalizó el actual contrato del servicio de vigilancia del estacionamiento regulado de vehículos (ORA) en el año 1994. Inicialmente este contrato iba a estar en vigor diez años pero desde 2004 se han producido prórrogas y está previsto que mañana miércoles se acuerde la novena en una sesión extraordinaria de la Comisión de Urbanismo, Obras y Servicios. Hay que puntualizar que en 2016 se delegó esta competencia en la Junta de Gobierno Local, ya que hasta entonces las prórrogas del contrato tenían que contar con el visto bueno del pleno.

El concejal de Podemos, que insiste en la necesidad de municipalizar este servicio, no ahorra críticas a la existencia de un contrato con 25 años – “de los más antiguos de España en el ámbito municipal”, dice– , lo que considera un doble fracaso, de gestión y político.

San Juan ha anunciado, sin embargo, que se abstendrá en la comisión extraordinaria “no porque esta nueva prórroga esté justificada, porque no lo está en absoluto”. “La única razón por la que no votamos en contra es para proteger los 30 empleos vinculados al contrato, para permitir la continuidad de este servicio, que es esencial para la movilidad ordenada de la ciudad, y para que no pase lo que ha pasado con las trabajadoras del parking y del depósito de grúa de Ezequiel González”, apunta.

Por otra parte, el edil de la formación morada ha puesto de manifiesto en rueda de prensa “algo que nos genera muchas dudas”: el hecho de que, “a instancias de la empresa concesionaria”, se rebajen los costes del servicio en 300.000 euros al año –el Ayuntamiento abona hasta ahora algo más de 1.600.000 euros–, lo que para Podemos pone en cuestión si en los últimos años se ha estado pagando un sobrecoste.

En este sentido, cuando se aprobó la anterior prórroga, en 2018, el PP ya denunció que los informes técnicos indicaban que no procedía hacer más prórrogas y que había que licitar el servicio “para obtener unas condiciones más ventajosas”.

El concejal de Movilidad en el anterior mandato corporativo, Ramón Muñoz Torrero, informó en 2018 de que el pliego técnico para el nuevo contrato de la ORA estaba “muy avanzado, prácticamente concluido”, aunque sí señaló un posible retraso para acomodarlo a la Ordenanza municipal de Circulación que el gobierno municipal quiere modificar desde hace años pero que en este ni siquiera aparece en el Plan Normativo del Ayuntamiento.

Con la nueva composición de la corporación el verano pasado, la entrada de IU en el equipo de Gobierno y los acuerdos con Podemos para que Clara Luquero mantuviera la Alcaldía y en el ámbito presupuestarios, así como la pandemia, parecen cambiar las prioridades.

San Juan advierte que trabajará para que no se agoten los dos años de prórroga y se municipalice el servicio a través de alguna de las dos empresas del Ayuntamiento, Evisego o la de Turismo, una fórmula que explica se ha realizado en otras ciudades como Cádiz o Elche, lo que daría mayor libertad de movimientos al Ayuntamiento ante retos como la peatonalización, el uso de la bicicleta o el aparcamiento en la ciudad.

“Segovia necesita tener capacidad de respuesta rápida y flexible, y esto sólo se consigue no dependiendo de contratistas externos”, sostiene.

Para Podemos, “la mejor prueba de que la municipalización de la ORA no sólo es rentable, sino que generaría importes beneficios es que sólo cuando la empresa ha escuchado tambores de remunicipalización del servicio ha rebajado por iniciativa propia el coste del servicio en torno a los 300.000 euros”.