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la sentencia fue emitida por la Audiencia Provincial de Segovia./KAMARERO
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El Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS) ha recibido en torno a 150 alegaciones en el periodo de información pública al que ha sido sometido este importante instrumento de planeamiento que afecta a un 12% del municipio.

El pleno aprobó el 8 de junio los cambios introducidos en este plan especial a raíz de los informes emitidos por diferentes organismos públicos, entre ellos la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta y después de resolver cerca de 300 alegaciones presentadas por particulares y entidades públicas y privadas tras su aprobación inicial en diciembre de 2015, algunas de peso como las planteadas por el Colegio de Arquitectos o la Academia de Historia y Arte de San Quirce.

Asimismo el nuevo documento ha incorporado catorce convenios urbanísticos de planeamiento, algunos de ellos aprobados o tramitados tras la aprobación inicial, y propuestas formuladas por el equipo redactor del plan.

Tras obtener el visto bueno de la corporación, con el único voto en contra de Izquierda Unida, el Ayuntamiento publicó en los boletines oficiales el anuncio de información pública para que el documento se pudiera consultar durante un mes, plazo que también ha regido para la presentación de alegaciones y que concluyó el pasado día 13.

La concejala de Urbanismo, Claudia de Santos, puntualiza que algunas de las alegaciones presentadas se refieren, por ejemplo, a varias parcelas de la superficie objeto del nuevo planeamiento: el recinto amurallado, entorno del Acueducto, barrios de San Lorenzo y Santa Eulalia, además de los parajes pintorescos y las vistas panorámicas del Alcázar, la Canaleja y el Postigo.

En cualquier caso, la edil comenta que no ha percibido “exceso de preocupación” durante el periodo de información pública en el que algunos propietarios o afectados han solicitado audiencia para conocer en detalle el alcance de las medidas introducidas en el plan.

Además, De Santos confía en que la tramitación pendiente se desarrolle sin grandes trabas, teniendo en cuenta el grado de consenso alcanzado, no solo en el Ayuntamiento sino también con la Dirección General de Patrimonio Cultural, pues a nivel técnico se ha trabajado “al alimón”. En todo caso, señala que no puede adelantarse una fecha para la aprobación definitiva del plan porque depende de otras administraciones.

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece que el documento modificado, tras su aprobación por el pleno, debe recabar nuevamente informes sectoriales, que en este caso son los de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ejecutivo central, Agencia de Protección Civil de Castilla y León, Ministerio de Defensa; Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León, Confederación Hidrográfica del Duero y la citada Comisión de Patrimonio Cultural.

La misma normativa indica que el plazo para la emisión de los informes es de tres meses desde la recepción de la solicitud, salvo cuando la normativa sectorial señale otro diferente.

Si después de esos tres meses no se ha remitido el informe al Ayuntamiento, se puede continuar el procedimiento y, además, los informes notificados después de ese plazo pueden no ser tenidos en cuenta.

Colegio de arquitectos

El Colegio de Arquitectos ha presentado en el periodo de alegaciones un documento de 130 páginas con propuestas concretas, centradas sobre todo en mejorar las ordenanzas, con especial atención a las que afectan a edificios protegidos, así como aportaciones para favorecer la accesibilidad en los mismos y mejorar la habitabilidad de viviendas.

La finalidad es conseguir “un instrumento útil” para el desarrollo y conservación de la ciudad, según indica en una nota de prensa este colectivo que añade que gran parte de las alegaciones que presentó en 2016 fueron aceptadas y mejoraron el PEAHIS, “dotándolo de mayor seguridad jurídica”.