En 2015 el movimiento vecinal de Segovia salió a la calle para protestar por lo que una vecina de Madrona bautizó como “tasazo” del agua, término que se popularizó y llegó hasta el Procurador del Común. La capital segoviana estaba a punto de estrenar la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) —lo hizo en abril de 2016— y el entonces concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, dispuso que para hacer frente al incremento del coste era necesario actualizar los precios que los ciudadanos pagaban por los servicios relacionados con el ciclo del agua, desde la captación y tratamiento del destinado a abastecimiento hasta la red de saneamiento y alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales.

El resultado, y así lo han señalado no solo los vecinos sino también la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), que destacó en su momento el llamativo incremento del precio del agua en Segovia, es que el fijo de suministro ha pasado de 14,91 a 45 euros al año y la factura total se ha incrementado un 30 % de media, porcentaje que en algunos supuestos alcanza el 127% de subida.

La gestión de la EDAR de Segovia se lleva a cabo a través de un convenio del Ayuntamiento con Acuaes (Aguas de las Cuencas de España), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que, a su vez, adjudica esos trabajos a una empresa. Desde la puesta en marcha de la ampliación de la depuradora los lleva a cabo GS Inima Environment aunque, tras la renovación del contrato el año pasado, en una UTE (unión temporal de empresas) con Ciclagua.

Por su parte, el Ayuntamiento abona todos los años una cuota a Acuaes que en 2021 fue de 1.895.822 euros (2.231.332 en 2020), según los informes de gestión de la entidad para ambos ejercicios.

Desde la oposición municipal el Partido Popular ya desde 2016 ha criticado muy duramente la modificación al alza de la tasa del agua y en el actual mandato corporativo, su portavoz, Pablo Pérez, ha defendido que el gobierno municipal tiene margen de maniobra para reducir la carga impositiva a los segovianos y en la actualidad estima que en el caso concreto de ese tributo se puede reducir por encima del 30% sin que el servicio peligre.

En este sentido, Pérez explica, tomando como base la información que la propia Intervención General del Ayuntamiento incluye en la liquidación del presupuesto de 2021, que el gobierno municipal lleva años aplicando “una jugada financiera” de manera que presupuesta un gasto en los servicios del ciclo del agua (las partidas correspondientes a alcantarillado y abastecimiento) en torno a los cinco millones de euros, cantidad que se corresponde con los ingresos obtenidos con la tasa del agua.

Sin embargo, el portavoz del principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento explica que “lo que ocurre es que, año tras año, el equipo de gobierno está incluyendo en el presupuesto de gastos una partida de 1.650.000 euros para un colector en el valle de Tejadilla, que luego no ejecuta. De esta manera engorda las partidas de gastos pero no llega a realizar todo ese gasto, y sí recauda porque los ingresos por la tasa alcanzan ese tope de 5 millones de euros”.

La liquidación del presupuesto municipal del año pasado señala que el gasto en alcantarillado fue de 2.038.000 euros y en abastecimiento de agua de 1.364.000 euros, lo que suma 3.400.000 euros, lo que indicaría un superávit de 1.600.000 euros, equivalente a la partida destinada a las obras del colector de Tejadilla, que siguen sin adjudicarse.

“Los ciudadanos están pagando por algo que no tienen, por eso la tasa se ha elevado de forma artificial y el coste para el Ayuntamiento de los servicios relacionados con el agua son entre un 30% y un 40% menos que los ingresos por esa tasa”, sostiene Pérez, quien apunta nuevamente a “un afán recaudatorio por parte del gobierno de la señora Martín”, en referencia a la alcaldesa.

Desde el Partido Popular indican, además, que eso trasgrede el artículo 24.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: “el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida”.

Añade ese mismo articulo que para determinar ese importe hay que tener en cuenta costes directos e indirectos, incluyendo los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa.

Pérez estima que el coste del canon que tiene que pagar el Ayuntamiento de Segovia a otras empresas por los servicios relacionados con el agua no excede de los 350.000 euros anuales, por lo que no considera justificada la subida de la tasa que se produjo en 2016.

Recuerda, además, que Segovia es la capital de provincia de Castilla y León con el precio del agua más elevado. Hace referencia a un estudio de la OCU (con datos de 2020) según el cual la factura anual por un consumo de 175 metros cúbicos, que la citada organización de consumidores considera como un consumo medio en un hogar, asciende a 410,96 euros, por encima también de la media nacional, que es de 301,15 euros y solo por debajo del de siete ciudades.

“En Segovia es más del doble que en Ávila o Soria”, apostilla el concejal del PP, quien recalca que a pesar de que las tasas municipales llevan congeladas desde 2017, debido a la inflación “mantener la presión fiscal lo que hace es que las familias segovianas tengan menos renta disponible”.

Sin negociación ni consenso

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, su portavoz, Noemí Otero, recuerda que en el mes de septiembre solicitaron la celebración de la Mesa de Tasas en el seno de la corporación, que no se ha convocado en el actual mandato corporativo iniciado en 2019.

Otero, incide, además, en “el incumplimiento manifiesto” del gobierno que forman PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento del acuerdo programático con Podemos al inicio del mandato que incluía la convocatoria de esta Mesa en septiembre de 2019.

Para esta responsable de la formación naranja eso a pesar de las difíciles circunstancias que ha tenido que soportar la ciudadanía de Segovia por la crisis derivada de la pandemia de covid y la alta inflación actual de la guerra de Ucrania, lo que justifica “un necesario ajuste de las ordenanzas fiscales, impuestos y tasas, para aliviar la situación de muchas familias segovianas.

Además, insiste en que no solo se niega a los grupos políticos que integran la corporación municipal presentar propuestas y consensuar medidas para mejorar la calidad de vida de los segovianos, al no convocar la Mesa de Tasas, sino que, a pesar de mantener elevados ingresos, por ejemplo por la tasa del agua, “el Ayuntamiento no ejecuta nada de las inversiones planteadas, no gasta lo recaudado a los segovianos”.

Apunta en ese sentido al mal estado de las redes de abastecimiento y saneamiento, “con constantes fugas” mientras Segovia aparece a la cabeza en el ranking de tasas por ese servicio a nivel nacional.

Tasas congeladas

El concejal de Hacienda, Jesús García Zamora anunció ya a finales de septiembre que El Ayuntamiento de Segovia mantendrá la congelación de los tributos municipales el año que viene, lo que interpreta como siete años consecutivos sin incremento de la presión fiscal. El gobierno municipal únicamente ha introducido una serie de modificaciones de carácter técnico a la Ordenanza de Gestión, Inspección, Recaudación y Revisión Tributaria, así como cambios de menor calado en las tasas por inscripción en pruebas selectivas de personal y por servicios especiales, y en los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero.

En el equipo de Clara Martín han señalado que la congelación de los tributos obedece al interés de contribuir a la “recuperación económica de familias, trabajadores y empresas” en un contexto de incertidumbre derivada la subida de precios de los combustibles, gas y electricidad, por la situación de enfrentamiento bélico en Europa.

En el mismo sentido, abunda en que “dentro de sus posibilidades de maniobra, intenta paliar esta situación a pesar de que en el presupuesto de 2023 el Ayuntamiento necesitará ingresos suficientes para afrontar gastos corrientes, como los previsibles incrementos de las facturas de electricidad y combustible “para seguir prestando con eficacia los servicios públicos”.

El edil de Hacienda ha defendido en numerosas ocasiones la calidad y eficiencia de los servicios municipales y, aunque admite que en diferentes estudios algunas tasas puedan estar por encima de las de otras localidades, cree que es necesario e insiste en la congelación de tasas e impuestos desde 2017.