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En la mayoría de los casos, quienes se hacen cargo de las personas dependientes no son profesionales sociosanitarios, sino familiares que dedican su tiempo a cuidar de ellas. / KAMARERO

Se puede considerar un término polisémico. La palabra ‘cuidado’ engloba multitud de significados y, por ende para quienes lo ejercen, de labores. De ahí que el trabajo de los cuidadores no profesionales de personas dependientes incluya una lista interminable de funciones, aunque la principal está clara: se encargan de cuidar, en el más amplio sentido de la palabra. Un total de 214 personas ejercían esta labor en la provincia de Segovia en 2021, lo que supone un incremento del 7,5 por ciento con respecto al año anterior, cuando fueron 199, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social recabados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Pero no es esta la cifra más llamativa, sino que nueve de cada diez cuidadores son mujeres.

Este aumento en el número de profesionales es el reflejo de una situación generalizada en toda Castilla y León, donde el pasado año se incrementaron un 22,9 por ciento, al pasar de 3.408 a 4.188.

Mientras que la provincia de León se sitúa a la cabeza de la Comunidad, con 963 personas integradas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), Segovia ocupa el octavo puesto, por detrás de Valladolid (755), Salamanca (647), Burgos (518), Zamora (422), Palencia (317) y Ávila (264), y tan solo por delante de Soria (88).

Deuda con las mujeres

España se enfrenta al desafío de ser uno de los países más longevos del mundo, pero esta conquista no le saldrá gratis. Castilla y León es una de las Comunidades con mayor esperanza de vida y, en esta cuestión, Segovia ocupa una buena posición. El envejecimiento de la pirámide demográfica de la provincia genera importantes retos sociales y económicos. Esto significa que, en los próximos años, crecerán las necesidades de cuidados de la población, sobre todo las relacionadas con la dependencia, de ahí que se hayan tratado de blindar en los últimos años.

Uno de los motivos de la aprobación de la prestación económica dedicada al cuidador no profesional en el marco de la Ley de Dependencia era saldar, en la medida de lo posible, una deuda histórica especialmente contraída con las mujeres que asisten a sus mayores (y a veces pequeños y jóvenes con discapacidad) que, en muchos casos, se han visto obligadas a renunciar a su vida laboral y social.

La posibilidad de cotizar por la asistencia a personas en situación de dependencia entró en vigor en mayo de 2007, con la crisis económica apareciendo en escena. El alta en el sistema de la Seguridad Social permitió a los cuidadores informales alcanzar las mismas prestaciones que el resto de trabajadores, como por ejemplo la jubilación o la incapacidad permanente.

Asimismo, les abrió las puertas a programas de formación para que pudieran desempeñar su labor del mejor modo posible, así como prevenir los efectos negativos que implica su figura.

Seguridad Social regulada

En la mayoría de los casos, quienes se hacen cargo de las personas dependientes no son profesionales sociosanitarios, sino familiares que dedican su tiempo a cuidar y dar apoyo a personas que no pueden valerse por sí mismas. Para ello, han tenido que renunciar a su trabajo, aunque pasan a recibir ayudas y prestaciones de la Administración General del Estado, que desde abril de 2019 se hace cargo del abono de las cotizaciones. Desde entonces, en España se ha multiplicado por más de nueve la cifra de 7.304 cuidadores que había en alta a 31 de marzo de 2019, hasta alcanzar las 67.225.

El Consejo de Ministros aprobó el 30 de noviembre de 2021, el Real Decreto por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores. Esta modificación permite actualizar anualmente la base de cotización original de los que reducen su jornada y su retribución para cuidar a una persona dependiente.

De igual forma, se benefician aquellos que, por pasar a tener la condición de cuidadores, extinguen una situación anterior de convenio especial con la Seguridad Social y pasan a suscribir el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas dependientes.

Un problema frecuente

Los 214 cuidadores no profesionales de Segovia figuraban como cotizantes hasta el 31 de diciembre de 2021. Pero un problema frecuente es que no todos los que se dedican a ello están dados de alta, y compaginan su trabajo con el cuidado.

En 2011, hasta 11.739 castellanos y leoneses estaban integrados en el SAAD, pero en septiembre de 2012 la mayoría, al no poder hacer frente a los cerca de 165 euros al mes que establecía el Estado, se cayeron de la listas de cotizantes a la Seguridad Social y dejaron de trabajar de una manera oficial.

Coticen o no, en un buen número de casos, los cuidadores demuestran que sin su labor no es posible la existencia, por lo que exigen que se valore y reconozca su trabajo. El valor de los cuidados es, en definitiva, el valor de la vida.

Sociedad intergeneracional

En Segovia, tan solo un estudiante participa en el proyecto. Pero toda colaboración cuenta, y más cuando se trata del que (aún) está siendo el colectivo más castigado por la pandemia. El Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid retomó para este curso el programa de alojamientos compartidos con personas mayores, que trata de paliar el problema de soledad al que han de hacer frente muchos de ellos, que se ha visto especialmente acentuado durante la crisis sanitaria, debido al confinamiento y al cierre de los centros de día, y similares, que les permiten establecer contacto social.

Esto no es todo. Además, la iniciativa tiene como objetivo aliviar los efectos económicos de la pandemia, que ha aumentado la precariedad de las familias de algunos de los estudiantes del campus segoviano. De ahí que pueda resultar beneficioso el contar con un alojamiento económico.

Coordinado por el Secretariado de Asuntos Sociales, dependiente de la Delegación del Rector para la Responsabilidad Social, el programa de convivencia se presenta como una alternativa de alojamiento entre personas mayores de 60 años, residentes en la provincia de Segovia, y el alumnado universitario, dirigida a favorecer la solidaridad intergeneracional.

Durante su estancia en este tipo de alojamientos, el estudiante solo debe hacer frente a los gastos correspondientes de la factura de electricidad, gas y agua. También debe adquirir otros compromisos, como hacerse cargo de la limpieza y el mantenimiento de su habitación y colaborar en las dependencias comunes, o hacer compañía a la persona mayor, especialmente durante las noches.

De igual forma, el propietario de la vivienda se compromete a respetar la intimidad del estudiante y a dejarle hacer uso de todas las habitaciones y equipamientos comunes de la vivienda. Todo ello, con el propósito de dar un nuevo paso hacia una sociedad intergeneracional.