Normativa de pocas certezas

La vicepresidenta del Gobierno señala que las autonomías podrán limitar la movilidad “salvo para impedir salir del domicilio” aun sin estado de alarma vigente, algo que ofrece tremendas dudas entre los juristas

La seguridad jurídica es un pilar clave para cualquier democracia avanzada, aparte de ser fundamental para sostener un modelo social y económico que busque estar orientado al éxito y al bienestar.

La llegada de la pandemia dio lugar a una situación tan especial que necesitó de medidas contundentes y un nuevo marco normativo en el que apoyarse. Sin embargo, algunas de estas reformas han traído consigo un intenso debate entre juristas y doctos en leyes, ya que su encaje dentro del código legal y constitucional no siempre es fácil.

No hace mucho de las últimas dudas legales, ya que hace dos meses los tribunales tumbaron la imposición del toque de queda en Castilla y León a las ocho de la tarde, que sorpresivamente al no contar con medidas cautelarísimas se mantuvo vigente durante buena parte de la tercera ola a pesar de que desde su anuncio se dudó de su encaje dentro del actual decreto del Estado de Alarma.

Si ya corrieron ríos de tinta sobre esa cuestión, no va a levantar menos polvareda las declaraciones de la vicepresidenta Calvo que adelanta que las autonomías van a poder adoptar casi cualquier medida “salvo impedir salir del domicilio” tras el final del Estado de Alarma el 9 de mayo. Es decir, se podrán aprobar cierres perimetrales o aislamientos de grupos al amparo de la legislación sanitaria. Estas medidas deberán ser acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud.

No hay que entender esta declaración como algo anecdótico, ya que Calvo estaba adelantando la estrategia normativa del Gobierno en materia sanitaria para el futuro.
De este modo, la vicepresidenta primera confirmó que a partir del 9 de mayo decaerán los toques de queda vigentes, pero se podrán poner en marcha otras medidas en caso de que la situación sanitaria lo requiera.

Con esto, se abre una gran duda sobre la idoneidad de recurrir al Estado de Alarma en los últimos meses cuando la mayoría de limitaciones podrían haber llegado por otros cauces igual de legales. Si Calvo está en lo cierto, las únicas prerrogativas que otorgaba esta herramienta era la posibilidad de instaurar un toque de queda y confinar en domicilio, esta última opción desechada desde el primer día por el propio Gobierno.

Dudas y más dudas, como con el encaje legal del último Estado de Alarma que no necesitó ratificación periódica, tal y como marca la Constitución que en su artículo 116.2:El Estado de Alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”.

Complejidades y reacciones

Los juristas cuestionan la interpretación que viene realizando la vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo, de una resolución concreta del Tribunal Supremo a la hora de defender que, cuando decaiga el Estado de Alarma, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) podrá obligar a las comunidades autónomas a restringir la movilidad, a través de las llamadas acciones coordinadas y las órdenes ministeriales.

Esta cuestión no ha sido tratada como tal por el Alto Tribunal, señalan fuentes jurídicas, y únicamente se ha visto de forma tangencial a la hora de denegar la suspensión del cierre perimetral de Madrid durante Semana Santa, que fue decretado por el Gobierno autonómico en cumplimiento de una disposición del Consejo Interterritorial.

“Si el Consejo Interterritorial decide que hay alguna comunidad en una situación de particular incidencia, y ahora mismo tenemos Navarra, País Vasco y Madrid con una situación complicada, hay una acción jurídica, que se llama una acción coordinada, que la toma el CISNS si lo considera oportuno, y que la Sala 3 del Supremo hace 15 días, con mucho atino jurídico, ha dicho que cuando se decide hay que cumplirlas obligatoriamente en todo el territorio”, señaló Calvo.

Las mismas fuentes rechazan que el Supremo se haya pronunciado literalmente sobre dicha obligatoriedad ya que el auto referenciado, dictado el pasado 23 de marzo, se limita a rechazar una medida cautelar defendida por Vox en el recurso que presentó contra el decreto firmado antes de Semana Santa por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En dicho decreto se transponía la decisión del Consejo Territorial para cerrar perimetralmente el territorio madrileño, y se da la circunstancia de que el Gobierno regional no estaba tampoco de acuerdo con ella, por lo que pese a cumplimentar la decisión a su vez la recurrió ante la Audiencia Nacional.

Por su parte, la Junta exigió al Gobierno central tras conocer las declaraciones de Calvo que cumpla con su palabra de reformar la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril para que las comunidades tengan una herramienta legal para aplicar las restricciones y, si no fuera así, decida mantener el Estado de Alarma.

“Cualquiera de las dos opciones sirve”, apuntó el vicepresidente Igea, que centró la crítica en el Gobierno y en su presidente por lo que calificó de “subcontrata” de la gestión de la pandemia a las comunidades, de manera que estimó que no les preocupa pero sí a quien tiene la subcontrata, como la Junta.

También, se mostró convencido de que no será suficiente con la aplicación de las medidas bajo la cobertura del Consejo Interterritorial de Salud y subrayó que todo el mundo sabe y también el presidente que la restricción general de derechos fundamentales no está permitida el derecho ordinario y está sujeta a los tribunales.