La estación de esquí en su primer día de la temporada 2021-2022. / Kamarero

Este lunes, 13 de diciembre, la estación de esquí del Puerto de Navacerrada abría sus remontes y pistas a los usuarios. Superaba unos días de zozobras por meteoros adversos, entre ellos lluvia y viento, pero, con toda probabilidad, también en su ánimo pesaba de manera positiva las declaraciones del pasado viernes del presidente de la Comunidad Autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, una vez conocido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el que negaba “la adopción de medidas cautelares interesadas por el Organismo Autónomo Parques Nacionales en relación con el acto recurrido en este procedimiento”. Es decir, el Acuerdo de la Junta de Castilla y León (JCyL) de 14 de octubre del 2021.

Tras conocer el auto, Fernández Mañueco dijo textualmente: “Se permite mantener la actividad a la estación de esquí y por lo tanto a los esquiadores que pueden disfrutar de ella”. En verdad, nadie acusará al presidente en esta ocasión de ser comedido en sus manifestaciones. Otra cosa es que esa venida arriba corresponda cien por cien con la realidad de los hechos. Porque lo que el auto acordaba era simplemente la improcedencia de adoptar medidas cautelares contra el Acuerdo de la JCyL de 14 de octubre. En ese acuerdo, la Junta declaraba su incompetencia en tres cuestiones: 1. Para resolver la solicitud de interrupción del cómputo del plazo de ocupación, solicitada por la concesionaria Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí S.A. 2. Para resolver la caducidad, en su caso, de la concesión y 3. Para dictar los actos liquidatarios resultantes del término de la concesión.

Conclusión: la Junta mantenía que no tenía competencia para cerrar la estación por caducidad del plazo de concesión, y mientras no se resolviera el conflicto de competencias

Conclusión: la Junta mantenía que no tenía competencia para cerrar la estación por caducidad del plazo de concesión, y mientras no se resolviera el conflicto de competencias. Pero en ningún momento se pronunciaba sobre el mantenimiento de la actividad ni sobre su apertura. Es más, como manifestó algún responsable político a este periódico: “Mañueco ha dicho lo que no ha manifestado la presidenta Ayuso, cuando la mercantil concesionaria es madrileña y buena parte de los usuarios son de esa región”. Y es cierta esta última apreciación: hasta que se llegó a un acuerdo con los actuales gestores, la explotación de la estación la llevaba una sociedad de capital público, perteneciente en su totalidad a la Comunidad Autónoma de Madrid.

Inseguridad jurídica

¿Cuál es entonces la situación de la estación de esquí de Navacerrada? Pues la de estar situada en un limbo jurídico, en una situación de alegalidad en la que dos administraciones, la del Estado, a través de Parques Nacionales, y la de la JCyL gestora por ley (Ley 3/2009) de los montes de utilidad pública -con independencia de su titularidad- se declaran incompetentes para resolver sobre un asunto de suma importancia: la caducidad de la concesión demanial otorgada para ocupar los terrenos del monte ‘Pinar de Valsaín’ a efectos de su explotación como estación de esquí.

Una concesión que fue concedida el 29 de febrero de 1996 mediante resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales a la sociedad mercantil Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí por un plazo de 25 años a contar desde el 3 de abril de ese mismo año.

Con la nueva ley de montes de Castilla y León la competencia sobre la renovación de la concesión le corresponde a la Junta, que se preparaba hace un año para ello al “no existir impedimentos ambientales”, según fuentes oficiales. El titular del suelo seguía siendo Parques Nacionales. Pero el Organismo Autónomo, a través de un oficio de su directora, comunicaba a la titular de la ocupación el 3 de marzo del 2021 la caducidad de la concesión, la imposibilidad de su prórroga y le requería, además, el desmantelamiento de las instalaciones y la recuperación y perfilado del terreno antes del 31 de octubre. En un recorrido inaudito entre administraciones, esta resolución fue notificada por escrito a la Junta 19 días después.

A partir de entonces, se producen distintas comunicaciones de la mercantil concesionaria con Parques Nacionales y JCyL, y entre las dos administraciones. La concesionaria inicia una estrategia: dado que la prórroga no es posible y que a una nueva concesión —hoy se denomina uso privativo de monte público— se opone la titular del terreno, solicita la interrupción temporal del cómputo de plazo de la ocupación porque la pandemia le ha impedido desarrollar el objeto de la concesión. Otra vez, ambas administraciones se pasarán la pelota sobre esta petición, declarándose incompetentes para su resolución. En concreto, el 30 de junio del 2021 Parques Nacionales, ante una nueva solicitud de la concesionaria, le da traslado a la Junta del escrito manifestándole que es ella la competente para resolver sobre la suspensión del cómputo de plazos, aunque se posiciona en contra de la interrupción dado que, dice, no es un contrato de infraestructuras —la legislación sobre contratación administrativa sí la contempla— sino una concesión demanial. Es entonces cuando la Junta adopta el 14 de octubre del 2021 en Consejo de Gobierno el acuerdo sobre su incompetencia para resolver la interrupción del cómputo del plazo de la ocupación. Y precisamente alegando lo contrario: que se trata de un contrato entre partes en el que en su día, 1996, la Comunidad no participó.

Interrogantes

¿Qué hubiera pasado si Parques Nacionales no se hubiera declarado incompetente el 21 de junio? Con toda probabilidad, la estación estaría cerrada. ¿Qué hubiera ocurrido si la JCyL se hubiera declarado competente y suspendido el cómputo de plazo por dos años a resultas de las circunstancias extraordinarias sobrevenidas —Covid—? Pues que existiría cobertura jurídica suficiente y a Parques Nacionales solo le hubiera cabido el recurso contencioso administrativo. ¿Cuál es el camino jurídico posible a partir de ahora? La resolución del contencioso administrativo ante el Acuerdo de la Junta de 14 de octubre o, y esto es importante, que la concesionaria, siguiendo el artículo 68 (3) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 2/1979), plantee una demanda de conflicto negativo de competencias. Tendrá que agotar la vía administrativa y atender a los plazos, que son cortos. Mientras tanto, el aprovechamiento de monte público se está realizando sin título cierto. De ahí, la inseguridad jurídica de la que hablábamos.