Las zonas rurales van perdiendo población a favor de las ciudades a medida que sus habitantes más jóvenes emigran en busca de mejores oportunidades laborales y educativas. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, la población urbana ha crecido desde el 46,6% en el año 2000 hasta el 55,5% en el año 2020 a nivel mundial, con el consiguiente abandono del medio rural.

La población española era en 1940 de 25.757.257 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística. Hasta el año 1951 la Renta Nacional no alcanzó los niveles del año 1935, una equiparación que respecto de la renta per cápita no se alcanzó hasta el año 1953. Tras la Guerra Civil aumentó el porcentaje de la población activa agraria, pasándose del 45,5% del censo en 1930 al 50,5% en 1940, al mismo tiempo que se instauraban unas políticas proteccionistas y autárquicas ante el aislamiento internacional del Régimen. España perdía una posibilidad de aprovechar las ventajas de participar en el comercio internacional y beneficiarse de las ayudas del Plan Marshall que hubieran permitido adelantar en varios años el despegue económico y ahorrar innumerables privaciones a una gran parte de la población. El fracaso de este modelo económico determinó la adopción del Plan de Estabilización del año 1959 y la llegada del desarrollismo de los años 60 del pasado siglo, sobre la base del desarrollo económico de las regiones con tradición industrial del Norte y Este de España. El centro peninsular fue abandonado y la población obligada a emigrar, una situación que perdura realmente en la actualidad. El resultado es la España vaciada en el centro peninsular frente al desarrollo de la periferia, que pone en peligro un desarrollo equilibrado de nuestro país. Es necesario que las Instituciones actúen con una batería de medidas, incluidas las tributarias.

Medidas tributarias para incentivar la inversión en las zonas rurales

El Impuesto sobre Sociedades prevé un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas, aquellas cuya facturación sea inferior a 10 millones de euros, de modo que las citadas empresas pueden amortizar libremente los elementos nuevos del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias con unos límites, también disfrutar una amortización acelerada y la aplicación de una reserva de nivelación ante posibles pérdidas. Sin embargo, la normativa del Impuesto sobre Sociedades no regula un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas asentadas en aquellas zonas con riesgo de despoblación grave, que también serán las más depauperadas en niveles de desarrollo económico en nuestro país. Unas regiones que requieren también la aplicación de una serie de beneficios fiscales.

En efecto, Impuesto sobre Sociedades no posee una deducción en la cuota tributaria que compense a las empresas por su instalación en el medio rural de la España despoblada. Unas empresas que han de soportar unos mayores costes derivados de la lejanía respecto de los proveedores y los mercados.

Las dificultades de las comunicaciones con los centros neurálgicos, los gastos de desplazamiento, todos estos costes desalientan las inversiones en el medio rural, como se comprueba al observar la concentración del desarrollo económico en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, así como en la periferia peninsular. Por ello, sería necesario también la implantación en el Impuesto sobre Sociedades de una deducción en cuota en función de las ventas de aquellas empresas en el medio rural. Una deducción aplicable en las provincias de la España despoblada. Un incentivo fiscal para aquellas empresas instaladas o que se instalen y que tengan más de un 65% de su inmovilizado material total situado en dichas zonas rurales, en municipios con una población inferior a 5.000 habitantes, y que tengan unas ventas inferiores a 250 millones de euros. Una deducción entre el 0,25 y el 5% de la cuota tributaria en función de las ventas y del porcentaje del inmovilizado situado en zonas de las provincias con grave riesgo de despoblación, también aplicable a los empresarios individuales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas. Al mismo tiempo puede establecerse de forma más simple un tipo impositivo del 20% para estas empresas en aquel tributo y un 15% para aquellas entidades situadas en zonas con gran riesgo de despoblación.

Una medida tributaria perfectamente asumible por la Hacienda Pública que ha tenido un incremento de los ingresos totales de cerca del 17% en los primeros 10 meses de este año 2022.

Medidas tributarias para incentivar la inversión en las zonas rurales

En efecto, los ingresos tributarios por el IRPF se han incrementado en un 16,1% respecto al ejercicio 2021, los correspondientes al Impuesto sobre Sociedades en un 25,6% y los referentes al IVA en un 17,9%, en los 10 primeros meses de este año fiscal.

En efecto, el incremento de la presión fiscal de España triplicó la tasa promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2021. Es decir, la relación entre el peso de los impuestos y las contribuciones a la Seguridad Social con respecto al Producto Interior Bruto se incrementó en un 1,7 el pasado año, frente al 0,5 puntos porcentuales para el conjunto de países de dicha organización. Uno de los mayores incrementos anuales entre los países de la OCDE.

En definitiva, según los datos del informe anual sobre ingresos fiscales publicado por la institución, la presión fiscal de España se situó en 2021 en el 38,4%, frente al 36,7% del año 2020, superando así la media del 34,1% en la OCDE, donde el peso de los impuestos aumentó desde el 33,6% correspondiente a 2020 al 34,11%.

El incremento de la presión fiscal en España durante 2021 fue el sexto mayor entre los 36 países de los que había datos disponibles, por detrás del aumento de 3,4 puntos porcentuales registrado en Noruega; de los 2,8 puntos en Chile; los 2,6 puntos porcentuales en Israel, 2,2 puntos en Corea del Sur y los 2 puntos porcentuales en Lituania.

En 2021, la relación entre impuestos y PIB aumentó en 24 de los países para los que se disponía de datos completos, se mantuvo sin cambios en Nueva Zelanda y disminuyó en once, con los mayores retrocesos en Hungría (-2,1), México (-1,1) e Islandia (-1).

Dinamarca fue el país con una mayor presión fiscal en 2021, ya que la relación impuestos/PIB fue del 46,9%, por delante de Francia (45,1%) y Austria (43,5%), mientras que México tuvo la relación impuestos/PIB más baja con un 16,7%, precedido de Colombia (19,5%) y de Irlanda (21,1%).

De esta manera, España se situó en decimotercera posición entre los 36 países de la OCDE cuyos datos estaban disponibles, en línea con el puesto ocupado en 2020, mientras que en 2019 había sido decimoctava.

Según los datos de la OCDE, desde el año 2000 la presión fiscal en España ha aumentado en 5,4 puntos porcentuales, pasando del 33% al 38,4% en 2021, por encima del incremento de 1,2 puntos porcentuales observado en promedio entre las economías de la OCDE, donde la relación impuestos/PIB era del 32,9% en el año 2000, frente al 34,1% de 2021.

Por otro lado, tomando como referencia el ejercicio 2020, la OCDE estima que el mayor peso en los ingresos fiscales de España correspondió a las contribuciones a la Seguridad Social, con un 37,4%, frente a la media del 26,6% de la OCDE, mientras que los impuestos sobre la renta de las personas físicas supusieron el 23,7%, frente al 24,1% de media en la organización.

En el caso del Impuesto de Sociedades, el peso de este tributo en la recaudación fiscal de España fue del 5,3%, frente al 9% de media de la OCDE, mientras que la contribución de los impuestos sobre la propiedad en España representó el 6,7% de los ingresos, frente al 5,7% de la media en la OCDE.

De otro lado, la aportación del IVA se situó en el 17,1% en España, por debajo del 20,2% de la organización internacional y el peso de los demás impuestos sobre el consumo fue del 9,6%, frente al 11,9% de la media de la OCDE.

PRESIÓN FISCAL PAÍSES OCDE (2021/2020)

El proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de nuestra Comunidad de Castilla y León prevé para el año 2023 un aumento de 135.000 a 150.000 euros del valor máximo por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual por jóvenes en las zonas rurales en la deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como sube la base máxima de dicha deducción de 9.040 a 10.000 euros. Mientras que la Ley 2/2022, de 1 de diciembre, de rebajas tributarias en la Comunidad de Castilla y León recoge, con efectos 1 de enero de 2022, una rebaja de medio punto en el primer tramo de la tarifa del IRPF por los efectos negativos de la inflación, lo que beneficiará a las rentas más bajas y se incrementan las cuantías deducibles hasta 1.420 por el primer hijo, 2.070 euros por el segundo y 3.300 euros por el tercero y siguientes en el IRPF, aplicable por residentes en municipios de menos de 5.000 euros. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se rebaja el tipo hasta el 2% aplicable a las adquisiciones de inmuebles que se destine a ser sede social o centro de trabajo en el medio rural. Con el fin de facilitar la continuidad de la actividad agraria, también se establece un tipo impositivo del 4% para las transmisiones onerosas de explotaciones agrarias en el citado Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados. Por último, en este Impuesto se crea una bonificación del 100% para los arrendamientos rústicos donde el arrendatario tiene la condición de agricultor profesional.

La España vaciada es el resultado de un vaciamiento desde mediados de los años 50 del pasado siglo hasta la actualidad. Las zonas despobladas, las zonas rurales españolas, siguen perdiendo población con mayor o menor intensidad, pero de forma continuada. Este problema territorial es acuciante para la cohesión de nuestro país y, por el contrario, sigue careciendo de una atención sistemática y rigurosa por parte de los actores políticos y de los poderes públicos, más allá de declaraciones y buenas intenciones. La España vacía está formada por territorios con densidades de población muy bajas, de hecho una gran parte del territorio nacional está constituido por desiertos demográficos, con densidades incluso inferiores a Laponia, la región con más baja densidad demográfica de Europa. Pues bien, la “Laponia española” está integrada por una población menguante, agravada por la distancia y la lejanía, la soledad y el aislamiento, lo que se traduce en unas condiciones de vida peores, de una población residual y envejecida.

La España vaciada significa innumerables poblaciones abandonadas o con una escasa población, con un peligro evidente de quedarse sin gente por la falta de reemplazo generacional que sustituya las pérdidas por fallecimiento o emigración. Las pérdidas de población hasta niveles críticos lleva consigo una pérdida de servicios o equipamientos, y determina la carencia de un tejido social mínimo que permita la sostenibilidad de las poblaciones, unos factores de expulsión poblacional y generadores de una atmósfera de abandono. Una población dejada a suerte que genera una falta de cohesión social y territorial, de equidad, de bienestar y de justicia social en nuestro país. La primera cuestión a plantearse es si la solución de la España vaciada lleva consigo el mantenimiento vivo de todos los pueblos ahora existentes, cuando en España hay más de 8.000 municipios y más de 20.000 núcleos de población con un tamaño y dispersión muy variados. Castilla distribuyó su población en las primeras etapas de su historia en función de factores económicos (los medios de transporte, entre ellos) y por factores políticos y sociales, con un gran número de poblaciones de escaso tamaño. La expresión territorial de la adaptación al medio natural y a los sistemas económicos, sociales y políticos. Sin embargo, la población española a partir de finales del siglo XVII se desplaza a la periferia peninsular donde puede desarrollarse el comercio y otras formas de producción. Un proceso que se acelera a finales del siglo XIX y en los años 50 del pasado siglo, como hemos estudiado. El cambio económico, social y territorial actual ha determina una concentración de la población especialmente en las grandes ciudades y en la periferia peninsular. Un proceso que tiene su origen en la dinámica territorial del sistema económico: la concentración de actividades en los centros de decisión y donde hay facilidades de trasporte y comunicación. Una “lógica natural” que agrava el problema, lo que va generando a su vez un aumento del coste del mantenimiento de los equipamientos y de las condiciones de vida de los pueblos.

No obstante, los poderes públicos han de garantizar que la viabilidad económica y social de aquellos núcleos de población con la dotación de unos servicios que satisfagan las necesidades de la población. Los recursos podrán concentrarse en aquellos núcleos viables, priorizar determinadas medidas, pero quién asume los costes sociales y políticos. En definitiva, son necesarias con urgencia unas políticas estructurales a medio y largo plazo, unas políticas de Estado. Sin embargo, en el actual panorama político, los partidos no están por la labor ante las presiones de las fuerzas políticas de la periferia peninsular, cuando ya resulta muy difícil recuperar población a corto o medio plazo (20-30 años), por lo que es necesario un debate público dado que la distribución de la población española en el territorio nacional es un auténtico problema de Estado. Un problema de envergadura que requiere medidas de carácter estructural y no de políticas de paliativos como las actuales, para conseguir la cohesión social y territorial de nuestro país.