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Familias de escolares a las puertas de un centro educativo. / NEREA LLORENTE

La oferta de plazas gratuitas en el tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil, para niños de 2 a 3 años, ha sido acogida por 704 familias de la provincia de Segovia que han presentado su solicitud. Del total de estas solicitudes, 159 han sido cursadas para matricularse en aulas de centros públicos dependientes de la Junta de Castilla y León, 196 en centros municipales y 349 optan a la oferta privada que funciona bajo concierto.

Según ha explicado recientemente la consejera de Educación, Rocío Lucas, en total se han registrado en la Comunidad 9.993 peticiones, de las que 2.403 pertenecen a centros gestionados por la Junta de Castilla y León; 3.334, a los ayuntamientos; y 4.256, a centros privados.

De acuerdo a estas cifras, el servicio que por primera vez se implanta en Castilla y León en el curso 2022/2023, llegará al 78 por ciento de los niños nacidos en el año 2020. En este sentido, Lucas ha destacado la importancia que tiene para la Junta de Castilla y León que las familias hayan respondido de forma tan positiva en el primer año de implantación de un servicio que, como ha recordado, no entra dentro de la educación obligatoria. “Demuestra la confianza que las familias de la Comunidad tienen en la Educación de Castilla y León”, señalaba la consejera el pasado día 28 de junio.

La Junta de Castilla y León ha precisado que habrá nuevas posibilidades de adjudicación de plazas en los centros de Educación Infantil y Primaria, así como en los centros de Educación Obligatoria y escuelas de Educación Infantil en septiembre. Igualmente, los centros privados mantendrán abierto el plazo de matrícula si cuentan con vacantes.

Para recibir a estos nuevos alumnos, la Consejería a través de la Dirección Provincial de Educación ha programado un bloque diez obras en colegios públicos de la provincia de Segovia que se llevarán a cabo durante las vacaciones escolares de verano. Consisten, principalmente, en la adaptación o creación de aulas para los nuevos alumnos; construcción o reforma de aseos para los más pequeños, incluyendo cambiadores de ropa, así como servicios y pilas acordes a su estatura; y reorganización de espacios en los patios escolares, diferenciando con vallas de madera la zona de juego de los alumnos del primer ciclo de Infantil.

La inversión provincial en estas actuaciones roza el medio millón  de euros. La planificación que manejan los servicios provinciales de Educación incluye adaptación de espacios en los colegios San José, Eresma, Santa Eulalia, Fray Juan de la Cruz y Martín Chico de la capital, así como en los centros Teodosio el Grande, de Coca; Arcipreste de Hita y San Rafael, de El Espinar; y La Villa y San Gil, de Cuéllar (ver cuadro página 4).

Tres alumnos como mínimo en el mundo rural

Los colegios del mundo rural de Castilla y León deberán contar con al menos tres alumnos para el curso 2022-2023 para el tercer curso del primer ciclo de infantil (2-3 años), según ha resuelto la Junta, que contempla, no obstante, la excepción de estas ratios en aquellos centros cuyas características, ubicación o necesidades educativas lo aconsejen.

Según la resolución publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), las ratios mínimas para el curso que viene para los niños entre 2 y 3 años queda así: Localidades de más de 20.000 habitantes: 12 alumnos; de más 10.000 y hasta 20.000 habitantes: 9 alumnos; de más de 5.000 y hasta 10.000 habitantes: 6 alumnos; y en el resto de localidades de la Comunidad de Castilla y León: 3 alumnos.

La ley establece que en el plazo de un año desde la entrada en vigor, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad y garantice su carácter educativo.

En su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización.

El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, prevé que las administraciones públicas incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años, coordinando las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo.

Para avanzar en la prestación de dichos servicios educativos en Castilla y León, se ha previsto ofertar de forma gratuita el tercer curso del primer ciclo de educación infantil, oferta que, respecto a centros públicos comprende no solo a los de titularidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sino también a los de titularidad de las entidades locales y otras corporaciones públicas, e incluye también la colaboración de los centros de titularidad privada.

Al margen de las ratios previstas, la Dirección General de Centros e Infraestructuras, a propuesta motivada de la dirección provincial de educación correspondiente, podrá exceptuar del cumplimiento de las ratios mínimas establecidas por esta resolución a aquellos centros cuyas características, ubicación o necesidades educativas así lo aconsejen.

Asimismo, al inicio del curso escolar, procederá reducir el número de unidades escolares del tercer curso del primer ciclo de educación infantil adheridas a la gratuidad de un centro cuando el número de alumnos por unidad escolar sea inferior a la ratio mínima que se establece en esta resolución, o en el caso de que la proporción de alumnos por unidad escolar permita concentrar grupos, tomando como referencia para ello el número máximo de 20 niños.

En el supuesto de que en la autorización del centro o solicitud de autorización, la unidad de 2-3 años lo haya sido o esté previsto por un número máximo inferior al establecido, será este número de niños la referencia para que, en su caso, se pueda realizar la concentración de grupos.

La financiación de las unidades prevista por la Consejería de Educación se ajustará a la situación real de las unidades en cada centro una vez considerada, si procede, la reducción de unidades en virtud de la aplicación de la ratio mínima o de la concentración de grupos.

Finalmente, el titular del centro, en caso de que no ponga en funcionamiento unidades por falta de alumnos o si cuenta con un número de alumnado inferior a la ratio establecida en esta resolución, está obligado a comunicarlo electrónicamente, en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del curso, a la Dirección Provincial de Educación correspondiente.