Una trabajadora preparando la comida en un centro escolar de la provincia. /KAMARERO
Publicidad

Los trabajadores de los servicios de comedores escolares de la provincia, más de 300, al igual que en el resto de la Comunidad, se sienten abandonados por la administración y por las empresas adjudicatarias desde que comenzara la crisis del coronavirus y el 13 de marzo fueran suspendidos los servicios.

La concesión del servicio de comedor escolar de la provincia está adjudicado por parte de la Junta de Castilla y León a dos empresas: Aramar y la UTE Serunión Grupo Lince Asprona. Alicia González, empleada en un colegio de Segovia y delegada sindical de UGT, explica que, ante el cierre de los colegios, las empresas comunicaron a los trabajadores el viernes 13 de marzo que el lunes 16 no acudieran a su puesto de trabajo. Inmediatamente el sindicato solicitó a las empresas, por un lado, y a la autoridad laboral encargada de conceder los Ertes, por otro, a tener en cuenta que había que dar cumplimiento del artículo 34 del Real Decreto Ley del 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. Este artículo establece que si la ejecución de un contrato quedara en suspenso, la entidad adjudicadora, en este caso la Junta, “deberá abonar al contratista los daños y perjuicios sufridos durante el periodo de suspensión”, entre los que se encuentran los daños salariales, con el fin de que las empresas no tuvieran que solicitar Ertes y quedar los trabajadores amparados.

Finalmente, según manifiesta Alicia González, la Junta comunicño pasados unos días que no es factible cumplir ese artículo 34 con las empresas afectadas hasta que no se renueve el servicio y se abonen daños y perjuicios. Ante esta respuesta, las empresas deciden iniciar los Ertes por fuerza mayor.

Desde UGT informan que “la autoridad laboral no da de paso los Ertes, en unos casos, por encontrarse bajo las condiciones de contratos suspendidos y no dar lugar a expedientes de regulación, y en otros casos sí son dados de paso por silencio administrativo, con todas las consecuencias legales que conlleven en el momento de su revisión”.

Toda esta situación ha provocado que algunos trabajadores lleven sin cobrar su sueldo desde el 13 de marzo, y hay que tener en cuenta, como subraya Alicia González, que los sueldos medios de estos trabajadores son de 1.000 euros, siendo  esta aportación económica algo esencial para su supervivencia y en muchos casos el único sustento familiar.

Este colectivo demanda a la administración autonómica que cumpla con lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto Ley y a las empresas que les abonen sus salarios.