Las arcas municipales de la ciudad han debido afrontar el pago de sentencias y costas judiciales por importe de más de 25 millones de euros en los últimos años.
Las indemnizaciones por cuestiones urbanísticas centran la mayoría de los pagos que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento. Pero también por conflictos con empresas a las que se les habían adjudicado servicios, por daños personales a causa del mantenimiento deficiente de calles, por insultos lanzados por los dirigentes políticos, o por temas laborales con los propios funcionarios municipales. Son cantidades que representan una buena parte del presupuesto que maneja el Consistorio y que no repercuten en los servicios que se prestan a los vecinos, sino que van a parar al bolsillo de unos pocos.
A menudo este asunto le ha hecho al Ayuntamiento modificar sus presupuestos municipales iniciales. Pero además de pagar sentencias, las cuentas pueden descuadrarse más cuando a partir del próximo año dejen de ingresar cantidades importantes, como es el convenio que mantenía hasta ahora el Ayuntamiento con la Diputación para que los bomberos del Parque Municipal atiendan los incidentes que ocurran en la provincia.
Entre las cifras más cuantiosas que ha tenido que arrostrar el Ayuntamiento capitalino se encuentra la liquidación de la concesión del aparcamiento de la plaza de José Zorrilla, valorada en 4,8 millones de euros. Arrancó el conflicto cuando la empresa concesionaria se quejó de que el Ayuntamiento no cumplió su compromiso de cerrar el aparcamiento libre del Regimiento, de modo que le hacía competencia desleal. Hubo varios juicios, el último del año pasado, por la liquidación del contrato de concesión con la empresa que decidió abandonar la explotación. La última sentencia de 1.2 millones se sumaba a los 3,6 millones ya abonados previamente. En total, al Ayuntamiento le ha costado este asunto unos 4,7 millones.
CALLE JERÓNIMO DE ALIAGA
De más atrás viene otra sentencia millonaria para el Consistorio. Fue la apertura de la calle Jerónimo de Aliaga, en el barrio de San Lorenzo, donde el Ayuntamiento tuvo que pagar 1,3 millones de euros por las expropiaciones de parcelas. Abrir esta calle para descongestionar de tráfico la zona precisó de la expropiación de trece fincas, tres de las cuales eran municipales. El Ayuntamiento calificó como suelo urbano consolidado algunas parcelas, inicialmente catalogadas como zonas verdes, y emprendió el proceso de expropiaciones. Algunos de los titulares aceptaron la valoración, pero otros recurrieron y la comisión de justiprecio fijó cuantías que doblaban la propuesta municipal inicial.
En esta misma zona, tras un largo litigio con la propietaria de la parcela donde se construye el centro formativo de San Lorenzo, el Tribunal Supremo condenó al Ayuntamiento a pagar 5.641.828 euros más intereses de demora por la expropiación de la finca conocida como la ‘Casa de Guardas’. Finalmente la operación tuvo un coste de 6,7 millones.
TALUD DE PADRE CLARET
Otra cantidad parecida le costó al erario municipal la expropiación que arrancó en el año 2006, pero cuyo pleito se alargó varios años. Afectaba a terrenos situados en la zona conocida como ‘Alamedilla del Conejo’, entre Padre Claret, San Gabriel y Vía Roma. Los tribunales fallaron que el Consistorio tenía que abonar 6,7 millones de euros a la familia propietaria.
El TSJCYL condenó en 2012 al Ayuntamiento a pagar por la expropiación de esta finca de 6.000 metros cuadrados. La propiedad solicitaba 11.160.000 euros. La Comisión Territorial de Valoración, por su parte, la fijó, en un primer momento, en 539.000 euros. El Ayuntamiento recurrió esa valoración y la Comisión dejó como justiprecio de la finca en 109.158 euros. La propiedad elevó el asunto al TSJ, que estimó parcialmente el recurso y valoró el terreno en 5.832.654 euros. El Ayuntamiento había ofrecido a los propietarios un trueque con edificabilidad en la zona de La Peladera, junto al camino de Hontoria. El alto coste económico de este conflicto llevó al equipo de Gobierno en el año 2015 a decidir aplazar el pago de la indemnización en varias anualidades para evitar “romper el presupuesto”. Se abonaría entre 2016 y 2018 un total de 1,5 millones por año, y en 2019 la liquidación final y los intereses de demora.
CASA DE LA PARRA
Otro de los problemas urbanísticos prolongados en el tiempo ha sido el conocido como ‘Casa de la Parra’, por el que el Ayuntamiento debió liquidar 225.811 euros en concepto de indemnización a los dueños del inmueble.
Otros 2,4 millones de euros se debieron pagar en enero de 2015 cuando el Tribunal Supremo dio carpetazo al largo litigio por la ocupación irregular, y posterior expropiación, de una parcela de la calle Soldado Español, junto a la rotonda del antiguo Parque de Bomberos. Este asunto, que arrancó en el año 1993, y por tanto, el entonces alcalde, Pedro Arahuetes, achacaba a sus antecesores la responsabilidad, pudo haber costado hasta 4,6 millones de euros, que era lo que solicitaba la propiedad cuando se enfrentó con el Consistorio.
Otros pleitos cuantiosos para las arcas municipales han sido los de la estación de autobuses. Este conflicto con los dueños de los pisos situados junto a la estación, en el paseo de Ezequiel González, costó en torno a 420.000 euros. El Ayuntamiento fue condenado a retirar una marquesina que instaló en la zona trasera de los pisos, donde se encuentra la campa y aparcamiento de los autobuses.
El Consistorio tuvo que liquidar 49.131 euros de honorarios de abogados, más de 98.000 euros por los trabajos de retirada de la instalación, que a su vez supusieron un coste de 169.55 euros.
EDADES DEL HOMBRE
Del año 2005 procede otra sentencia que condenó al Ayuntamiento a pagar 240.000 euros a los dueños de los terrenos situados junto al actual Hospital, y que fueron usados como aparcamiento disuasorio durante la celebración de la muestra de Las Edades del Hombre en el año 2003, que atrajo a miles de visitantes durante varias semanas. Los dueños, la sociedad Projaldea, reclamaban 308.000 euros, pero la sentencia lo dejó en 240.404 euros.
parking de los tilos
Algunos de los pactos políticos que firmó en su día el PSOE con IU para gobernar también han costado su dinero a los segovianos. El ejemplo más claro es del fracasado aparcamiento de Los Tilos.
El Consistorio adjudicó en 2008 a la empresa Isolux-Corsan la redacción de un proyecto de obras para hacer el aparcamiento del paseo de Los Tilos. Pero luego fue suspendido por el equipo de Gobierno socialista tras el pacto de gobernabilidad suscrito por el entonces alcalde, Pedro Arahuetes, y el concejal de IU, Luis Peñalosa. La empresa reclamó una indemnización, que le costó al Ayuntamiento 185.000 euros.
TRANSPORTE URBANO
En materia laboral y contratos también el Ayuntamiento ha salido perjudicado en varios conflictos en estos años. Es el caso de la empresa que estuvo prestando el servicio de transporte urbano en la ciudad hasta el año 2019.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia condenaron al Ayuntamiento a pagar 443.000 euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Urbanos de Segovia, por los costes ocasionados por la prórroga del servicio ante los retrasos en la elaboración, adjudicación y puesta en funcionamiento del nuevo servicio. El anterior contrato había finalizado en el año 2016, y, al parecer se pidió mantener el servicio de transporte urbano en las mismas condiciones y precios que existían. Así estuvo dos años de prórroga convenida, al parecer, entre las dos partes. Pero se reclamó por los últimos seis meses y el tema se llevó a los tribunales, que dieron la razón a la empresa, a la que hubo que indemnizar con 402.000 euros más intereses de demora y costas procesales, por los costes financieros, de amortización y de plantilla que había tenido que soportar la empresa.
BOMBEROS
Otro pago importante al que el Ayuntamiento deberá hacer frente es el que destapó este periódico hace unos meses con una sentencia que resultó favorable a los bomberos del Parque Municipal, es decir, a los propios funcionarios. Como se recordará, los bomberos reclamaron que se liquidaran las horas extraordinarias que realizan. El Ayuntamiento ha presentado un recurso de casación, lo que ha hecho retrasar esos pagos, que además pueden verse incrementados con intereses, y además extendidos a otros funcionarios, como los policías locales, que se encuentran a la expectativa del resultado judicial final.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obligaba a la administración municipal a pagar a los bomberos las guardias presenciales con el mismo valor que la jornada ordinaria. Desde la oposición se afeó entonces la decisión del equipo de gobierno de recurrir la sentencia, porque a su juicio supone, “racanear a los trabajadores municipales los 200.000 euros merecidos por las horas trabajadas”, señalaba Pablo Pérez, portavoz del PP. En el mismo sentido se pronunció la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, quien aducía que “la falta de personal es lo que genera estas guardias extraordinarias, y se grave a los bomberos por partida doble”. Y algo parecido decía el portavoz de Podemos-Equo, Guillermo San Juan: “Muestra un déficit importante en la capacidad de diálogo y negociación”, le reprochó al equipo de Gobierno.
el cat de nunca acabar
Además de sentencias perdidas, al Ayuntamiento de Segovia le han costado caros algunos “despistes” o retrasos en la gestión municipal.
En el año 2016, tuvo que devolver unos préstamos solicitados para el Centro de las Artes y la Tecnología (CAT), por no finalizar las obras en los plazos establecidos. En total, el PP cifraba en ese ejercicio seis millones y medio en tres anualidades.
Otras sentencias que afectan a esta zona están pendientes de resolver. El Ayuntamiento expropió en 2009 un terreno para cederla al CIDE, el único edificio que se ha comenzado a construir en el CAT. Los dueños de la parcela reclamaron al Consistorio hasta 1,5 millones de euros. Pero una sentencia marcó 918.000 euros como cantidad máxima por la ocupación de estos terrenos. El conflicto no sólo tiene que dirimir el espacio total que corresponde al Ayuntamiento, sino también la calificación del suelo y su valoración económica.
Con estos balances judiciales, las cuentas municipales llevan años marcadas en rojo. Pero además, pueden intensificarse con la reducción de algunas aportaciones que hasta hace poco han sido relevantes. Uno de estos problemas puede venir con la desaparición del convenio de bomberos que mantiene el Ayuntamiento con la Diputación. Según este acuerdo, los bomberos de Segovia atienden las emergencias (incendios o accidentes de tráfico) en toda la provincia. Ello le han ido reportando importantes cantidades económicas a las arcas municipales. Sin embargo, el hecho de que esta cantidad se haya elevado de forma “desorbitada”, hasta un millón de euros al año, ha llevado a la Diputación a promover sus propios parques en la provincia, ya en construcción.
