Cuando aún no se ha levantado el secreto del sumario de un caso sin desvelar y que llevó a la Guardia Civil a hacerse con varias cajas de documentos del Ayuntamiento, ahora se abre otro litigio en los tribunales sobre la aplicación irregular de ordenanzas municipales, y que aumenta la desconfianza en la gestión municipal en plena campaña electoral.
El Juzgado número 3 de Segovia tramita las diligencias que se iniciaron el pasado 12 de diciembre, cuando los concejales del grupo Popular en el Ayuntamiento del Real Sitio presentaron una denuncia en el decanato por posibles delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación.
Ahora, una vez que se ha admitido a trámite y se ha adscrito el asunto a uno de los juzgados de primera instancia, los concejales populares han sido invitados a ratificar la denuncia El asunto se ha visto dilatado por la huelga de letrados de justicia de las pasadas semanas.
Todo arranca porque a finales de septiembre, se llevó a cabo en el Real Sitio el rodaje de un anuncio publicitario para una marca de coches. Se trata del Renault Austral, que se fabrica precisamente en la factoría de Palencia, en Castilla y León.
Según los concejales populares, el Ayuntamiento no aplicó las tasas que están contempladas en la ordenanza correspondiente de ocupación de vía pública para rodajes, previsto en el reglamento municipal.
TASAS MUNICIPALES A CAPRICHO
El alcalde, Samuel Alonso (PSOE), decidió “indultar” del pago de unos 44.500 euros a la empresa de publicidad encargada de llevar a cabo la presentación, según indican desde el PP granjeño.
Estos concejales advirtieron al alcalde de que ese proceder era “manifiestamente ilegal”, pero Samuel Alonso decidió seguir adelante. “Tenemos que destacar que la tesorera ha reconocido que lo hizo siguiendo instrucciones del alcalde Samuel Alonso Llorente y de la técnico de turismo”, añaden advirtiendo del reparo que los técnicos le hicieron al alcalde sobre el procedimiento posiblemente erróneo.
Entre los días 23 de septiembre al 4 de noviembre la empresa Roke Travel Factory ocupó en la zona de Puerta la Reina, el aparcamiento de la electrolinera, en un espacio exclusivo para la presentación del Austral, que se lanzaba al mercado. Toda esa zona estuvo reservada para la empresa publicitaria así como también otro segundo espacio, en la zona de la Fuente del Principe donde se ubicaron caravanas, carpas y demás vehículos o que formaban parte de la logística del evento.
En total fueron 40 días en los que permanecieran en el municipio los responsables de la marca, así como periodistas especializados, influencers para conocer y hacer pruebas con el nuevo coche, que estuvo rodando por la provincia y algunas limítrofes.
Desde el grupo de la oposición aseguran que no han podido encontrar ningún vídeo relacionado con esta presentación. Pero lo que les preocupa a los concejales populares es que los servicios técnicos del Ayuntamiento no liquidaran de forma correcta el oportuno expediente aplicando la ordenanza número 12, que regula las tasas por la “instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico”.
En base a esta tasa, un informe con número 673/2022 de 5 de septiembre de la tesorera municipal señala que se han liquidado 3.000 euros a la empresa. Un mes después se redacta un segundo informe en la que se le dice a la tesorera que hay que emitir una liquidación complementaria de otros 1.500 euros más, siempre bajo el concepto de ‘liquidación por autorización para rodaje cinematográfico’.
Los concejales populares, “en cumplimiento de nuestro deber de fiscalizar las cuentas, reclamamos información a la tesorera, que se nos niega hasta por dos veces, hasta que por intercesión del alcalde, se nos facilita el expediente, presentando nosotros el 7 de noviembre una batería de preguntas interesándonos por la cuestión”, señalan. “En ese escrito ponemos de manifiesto que la liquidación efectuada está muy por debajo de lo prescrito en la ordenanza número 12. En concreto, dicha ordenanza señala expresamente que no es posible bonificar los importes que correspondan a esta figura impositiva y fija un importe diario de 523,24 euros por cada espacio urbano utilizado”.
De este modo, son dos espacios urbanos utilizados, es decir 1.046.64 euros por cada uno de los 42 días de ocupación de vía pública en concepto de rodaje. El cómputo total debería ser de 44.499,64euros.
Los concejales preguntaron entonces a la Alcaldía por qué se liquidó sólo una décima parte de la cantidad que correspondía y que está regulado en las ordenanzas municipales. “Se produce entonces lo que consideramos la más grave irregularidad, y es que, una vez presentada nuestra reclamación, se añaden al expediente el 9 de noviembre, otros tres informes más, dos de ellos de la arquitecta técnica municipal, que no es funcionaria, sino una empresa externa”, añade el portavoz del PP, Juan Carlos Gómez. “Estos nuevos informes lo que hacen es cambiar a toro pasado la figura impositiva y ‘blanquear’ el descuento aplicado. Porque a la luz de los nuevos informes, lo que era aplicación de la ordenanza 12 se convierte en aplicación de la ordenanza número 10, achacando el cambio los servicios técnicos a un ‘error de tramitación’’, tal como explica el PP.
“Estamos, a nuestro entender, ante una ilegalidad flagrante, pues la tasa número 10 se aplica, literalmente, sobre ‘ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas”; es decir, una actividad distinta.
“En otras palabras, lo que era una acción que entra de lleno en la tasa 12, de promoción comercial y rodajes, se lleva torticeramente y sin ningún atisbo de realidad -una vez que el Ayuntamiento ve que hemos detectado la irregularidad- a otra tasa más barata, la 10, pensada para actividades de construcción, lo que permite justificar que lo que debería haberse liquidado por 44.500 euros quede en 4.500 euros”, explica.
Mal está que un municipio arruinado por décadas de mala gestión socialista ‘indulte’ graciosamente 40.000 euros a una empresa, resulta del todo intolerable el ‘conchaveo’ entre el alcalde y técnicos para aplicar al capricho del alcalde las tasas y redactar informes ‘a medida’. Si existe una tasa por el uso del dominio público para tal fin, hay que aplicar esa tasa, y no otra que encaje con los deseos del alcalde”. “El Real Sitio no se puede someter a esta manera arbitraria de gestión de los impuestos, de a este le hago pagar tanto y al otro lo mismo dividido por 10 jugando al capricho del alcalde con los informe técnicos”, agrega el PP.
A la espera de conocer detalles por el registro de la Guardia Civil
Los vecinos y concejales del Ayuntamiento de La Granja esperan con cierta expectación que se levante el secreto del sumario sobre la investigación que lleva a cabo el Juzgado número 5 de Segovia, y que ordenó a la Guardia Civil la incautación de varias cajas con documentos de las oficinas municipales.
Fue el jueves 4 de mayo cuando varios agentes del instituto armado llegaron a la Casa Consistoria la Plaza de los Dolores y, tras entrevistarse con el secretario, se llevaron cajas con documentación. Sorprendentemente, aún se desconoce, por estar el asunto bajo secreto sumarial, quién ha interpuesto la denuncia, ni el motivo de la inspección.
El propio alcalde del Real Sitio, Samuel Alonso, confirmó los hechos y dijo que la Guardia Civil se había llevado “una serie de expedientes administrativos”. Dice que responde a una investigación iniciada tras una demanda interpuesta en el juzgado . “Han puesto bajo sospecha ante sede judicial y la magistrada ha solicitado a la Secretaría una serie de documentación que por supuesto se ha puesto a su disposición”, añadió Alonso en una emisora de radio.
El propio alcalde negó que el asunto esté vinculado con la deuda económica que arrastra el Ayuntamiento. De hecho, a veces el regidor ha presumido de que la deuda financiera se ha conseguido reducir de forma notable en los últimos años.
DUDAS EN LA OPOSICIÓN
Ninguno de los grupos políticos de la oposición conocen el motivo de esta inspección repentina. No han podido personarse en esta causa para intentar defender los intereses de los vecinos. Aguardan a que el alcalde pueda dar explicaciones sobre lo sucedido o el Juzgado levante el secreto sumarial.
Algunas fuentes vinculan esta inspección de la Guardia Civil con la ausencia de contratos formales durante la etapa como alcalde de José Luis Vázquez, actual procurador regional y portavoz adjunto del PSOE en las Cortes de Castilla y León.
Un certificado del secretario municipal de enero de 2022 aporta una pista, pues reconoce que no existe documentación sobre la adjudicación de los servicios de mantenimiento de los jardines. Aunque por un decreto de la Alcaldía sí se aprobaron los pliegos para la contratación, “no hay constancia de su publicación ni continuidad del expediente”, alerta el secretario.
De este modo, una empresa privada, Valoriza, estuvo realizando estos trabajos con un coste mensual de 17.500 euros, entre diciembre de 2017 y el mismo mes de 2021. En total se liquidaron algo más de 840.000 euros en este tiempo.
Las mismas fuentes dicen que este entramado había arrancado en el año 2010. El Ayuntamiento adjudicó por concurso público el mantenimiento y limpieza de sus jardines a la empresa Althenia, fijando el precio en 17.500 euros mensuales. Pero el Ayuntamiento acumulaba una importante deuda y en 2017 cuando la deuda llegó a 500.000 euros la empresa decidió resolver el contrato, acudir a los juzgados y conseguir que el municipio le pagase a plazos esa deuda que actualmente está casi desaparecida.
El alcalde entonces, José Luis Vázquez, decidió dar el mantenimiento a otra empresa, Valoriza Servicios Medio Ambientales, pero sin el preceptivo concurso público ni contrato que deben regir en estas ocasiones, hasta que por sugerencia de alguien, se optó por acabar con esos posibles pagos irregulares, y municipalizar el servicio, ya en esta legislatura.
Fue así, el actual alcalde, Samuel Alonso, quien decidió dejar de liquidar a esa empresa. Optó por asumir como empleados municipales a los cinco trabajadores con que contaba esa empresa privada.
