Audiencia Juicio Trafico Drogas
Juicio de la ‘Operación Resurgir’. / KAMARERO

Los doce acusados que forman parte de la trama segoviana de la operación policial ‘Resurgir’ contra el tráfico de droga en Segovia escenificaron en la primera jornada de la vista oral que dirime su causa la estrategia que los abogados que representan su defensa emplearán durante el juicio, declarándose inocentes ante la Audiencia Provincial de los delitos que el Ministerio Fiscal les imputa, que entre todos suman una pena de casi 80 años de prisión.

Ninguno de los acusados, once de ellos por formar parte de un grupo criminal y otro como suministrador de grandes cantidades de cocaína, quisieron responder a las preguntas de la Fiscalía, acogiéndose a su derecho a no declarar, y la mayor parte de ellos sólo contestaron a las preguntas de sus abogados defensores.

En sus respuestas, el denominador común fue su desvinculación con los hechos que se les imputan, así como la falta de relación entre los acusados, a excepción de algunos de ellos con vínculos familiares o de vecindad, como así lo hicieron constar en sede judicial.
Así, uno de los encausados que, según el fiscal, se dedicaba a mantener reuniones y entrevistas con posibles compradores, ha asegurado no tener ninguna relación con los hechos y asegurado que se dedicaba a la venta de joyas.

Otro acusado, considerado el encargado de realizar las labores de transporte de la cocaína con su propio vehículo, en ocasiones acompañado de su mujer, también acusada en esta causa, y de su hija pequeña, ha negado su implicación en los hechos , e incluso ha llegado a rechazar ser conocido por el apodo por el que la Guardia Civil le ha identificado en la investigación.

La acusación pública pide para ellos entre ocho años y dos meses de prisión y nueve años y medio, en este caso por reincidencia, y una multa de 259.540,45 euros para cada uno. Otros ocho presuntos participantes del entramado, de los cuales dos están actualmente en prisión, están acusados de un delito contra la salud pública que tiene por objeto sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud, pero en cantidades menores que los anteriores, y pertenencia a grupo criminal.

Cinco de ellos supuestamente vendían droga al menudeo y tres son pareja de alguno de los acusados y, según el fiscal, prestaban “auxilio” o “ayuda” en las labores de transporte, distribución y venta de drogas.

Dos hombres de este grupo, que mantienen entre ellos una relación familiar, han reconocido en respuestas a su abogada ser exconsumidores de estupefacientes, condición por la que actualmente reciben terapia de deshabituación en Cruz Roja, y han negado estar relacionados con su venta.

El último acusado, en prisión actualmente, no lo está de pertenecer al grupo criminal pero sí del delito más grave, contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidades que exceden notablemente la considerada como “de notoria importancia”.

En concreto, por la supuesta venta de 11.370 gramos brutos de cocaína que hizo traer desde Colombia a España, hechos por los que el fiscal pide para él la pena de nueve años de prisión y una multa de 2.779.877,72 euros.

El supuesto autor ha negado estos hechos en el juicio, además de asegurar, en respuesta a su abogada, que también él es exconsumidor de estupefacientes y sufre de una minusvalía, la cual no ha especificado. Su delicado estado de salud hizo que su abogada solicitara a la sala que no comparezca en la sesión prevista para hoy, lo cual fue autorizado por el presidente.

La investigación nació de la denominada ‘Operación Resurgir’ llevada a cabo por la Guardia Civil entre enero y julio de 2019, con la que se detectó la presunta implicación de los ahora acusados en el aumento de venta de drogas, especialmente cocaína, que se produjo en Segovia a finales de 2018.

Testimonios

Después de las declaraciones de todos los acusados, el juicio ha proseguido con la práctica de la prueba testifical de varios guardias civiles que participaron en la investigación e instrucción de la operación policial, en la que los abogados defensores trataron de poner en evidencia las posibles lagunas en su tramitación.

De hecho, un auto judicial emitido el pasado 21 de enero por la Audiencia Provincial declaró la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas durante la operación, al apreciar una posible vulneración de los derechos fundamentales de los acusados.

Por su parte, los testimonios de los agentes que tomaron parte activa en el operativo sustentaron las tesis del Ministerio Fiscal para subrayar que los encausados formaban parte de una red criminal organizada y estratificada en la que cada uno de ellos desempeñaba distintas funciones tanto de venta y distribución de la droga como de apoyo logístico o incluso de contravigilancia para detectar la posibilidad de presencia policial.

Así, uno de los agentes, que dirigió y coordinó las distintas operaciones señaló que el grupo solía quedar en las inmediaciones de la sede de la Guardia Civil de Segovia -próxima a la vivienda de uno de los cabecillas del grupo- para detectar la salida y llegada de vehículos que pudieran estar vinculados con la labor policial.

La vista oral continúa hoy con las pruebas testificales y periciales, y presumiblemente continuará mañana jueves, donde se espera que el juicio quede visto para sentencia.