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El macrojuicio derivado de la operación policial ‘Aquileo’ en la que la Guardia Civil desentrañó una red fraudulenta de cobro de prestaciones por desempleo a través de la firma de contratos de trabajo falsos dirigidos a trabajadores extranjeros quedó ayer a la espera de sentencia.

En una maratoniana sesión de vista oral de algo más de seis horas, el empresario H.M.P, gerente de la empresa Subcontratas y Obras Doble JH –acusado de ser el muñidor de esta trama y el responsable de realizar los contratos ficticios- y los cerca de medio centenar de trabajadores imputados por un delito de falsedad en documento público al rubricarlos a sabiendas de ser ilícitos conocieron las penas solicitadas por la Fiscalía, que redujo su petición inicial al aplicar como atenuante cualificado la dilación indebida en el procedimiento, que estuvo paralizado en dos ocasiones hasta sustanciarse de forma definitiva desde 2013 a 2016 y 18 meses más desde 2018 a finales de 2019.

El ‘macrojuicio’ obligó al Juzgado de Instrucción número 1 a trasladar la vista oral al salón de actos de la sede provincial del INSS, ya que la concurrencia de los 50 implicados y de sus representantes legales hacía imposible celebrarlo en la sala de vistas del Palacio de Justicia, que hubo de ser acondicionada para este fin con los medios técnicos y logísticos adecuados para el desarrollo del proceso.

En la vista oral quedó diametralmente claro el deseo tanto del empresario como de la mayor parte de los trabajadores implicados de ‘pasar página’ asumiendo las penas impuestas por la Fiscalía expresando su conformidad a tal fin, a excepción de siete de los trabajadores que manifestaron su disconformidad con su participación en el delito. Así, de los 37 trabajadores que declararon ayer ante la magistrada Marta Gandullo, que presidió el tribunal, 29 reconocieron su participación y expresaron su acuerdo con la pena solicitada por el fiscal Miguel Angel Román, que en virtud de la aplicación del atenuante cualificado de dilación indebida se quedó reducida a tres meses y un día de prisión y tres meses de multa de tres euros al día, en lugar del año de prisión y ocho meses de multas iniciales.

Para los siete acusados que no han reconocido los hechos pero a los que el fiscal aún considera culpables de los mismos delitos, el Ministerio Público ha pedido cinco meses y 29 días de prisión, además de cinco meses y 28 días de multa de 12 euros al día.

Salvo en algún caso, en el que algunos de los acusados aseguraron que acudieron al empresario porque sabían “que hacía favores y ayudaba”, según el testimonio expresado en sala, la mayor parte aseguraron que la firma de los contratos y las nóminas tenía como objetivo la intención de obtener un empleo, y que firmaron sin conocer que eran falsos, por lo que se consideraron engañados por el empresario promotor. Además, indicaron que no cobraron prestaciones por desempleo y que tampoco necesitaban estos contratos para regular su situación en España, ya que todos ellos tienen su permiso legal en vigor.

Otros de los trabajadores aseguraron que firmaron por la confianza depositada en el empresario, con el que ya habían trabajado en otras ocasiones, y ante la promesa de futuras participaciones en proyectos de más envergadura. “Era la crisis, yo tenía a mi mujer y cuatro hijos que tenían que ir vestidos al cole y al instituto y buscaba dinero; uno no piensa si es falso o no”, declaraba uno de los implicados.

Por su parte, la fiscalía modificó también la pena solicitada para  el empresario H.M.P, que en sus conclusiones provisionales solicitaba tres años y medio de prisión y una cuantiosa multa económica por un delito contiunado de falsedad en documento oficial y otro de fraude a la seguridad social. La atenuante de dilación indebida también benefició al empresario, ya que el fiscal redujo la pena a dos años y cinco meses de prisión, en lugar de los tres años y medio iniciales, y la cuantía de la multa a 170.847 euros, en virtud del dinero defraudado a la Seguridad Social.

En su declaración, el empresario reconoció los hechos y se declaró  culpable, y se justificó argumentando que la empresa sí tuvo actividad, en un periodo anterior a los hechos, pero luego la crisis de  la construcción la llevó a la quiebra, y  a partir de 2009, siguió haciendo contratos de forma desinteresada porque “yo no busqué a nadie, eran ellos los que venían a mi a pedir el favor”, según manifestó el acusado.

La tesis defendida por el principal acusado fue rebatida en las pruebas testificales, donde el responsable del equipo de investigadores de la Guardia Civil que dirigió la operación policial, que ratificó las diligencias que constan en el sumario, en las que figura que el empresario cobraba a los trabajadores por los contratos falsos entre 200 y 500 euros por esta tramitación.

Asimismo, el responsable de la Inspección Provincial de Trabajo en Segovia reiteró que su departamento investigaba ya a esta empresa al detectar irregularidades en la contratación de empleados y un elevado incremento de altas laborales cuando no contaba con el preceptivo registro para poder realizar obras o trabajos en la construcción. En este sentido, indicó que H.M.P. fue citado por la inspección en dos ocasiones para que aportara la documentación justificativa, pero en ninguna de ellas se presentó al requerimiento.

Los abogados de los acusados que se han reconocido culpables han mostrado la conformidad alcanzada y los letrados de aquellos que se han declarado inocentes han pedido la absolución, al insistir en que los trabajadores no tenían conocimiento de que los contratos eran falsos y ellos confiaban en realizar los servicios.

UNA EXPERIENCIA POSITIVA… A LA ESPERA DEL NUEVO EDIFICIO JUDICIAL

Al margen de la importancia de la causa penal dirimida en el juicio, lo más llamativo fue la elección del salón de actos de la sede de la Dirección Provincial del INSS como sala de vistas del proceso. Los cerca de 50 acusados y la necesaria presencia de sus abogados defensores planteaban un irresoluble problema de logística en la sala de vistas del Palacio de Justicia, por lo que tras barajar otras ubicaciones, la Audiencia Provincial optó por las instalaciones de este moderno edificio ubicado a apenas cien metros de la Plaza de Toros, en el barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia.

El salón de actos fue dotado con todos los medios técnicos necesarios para el desarrollo de la vista oral, con un equipo de sonido que fue de menos a más a lo largo de la sesión, hasta que los abnegados agentes judiciales presentes acertaron con la adecuada ecualización que permitió tanto la grabación como el seguimiento de las declaraciones y testimonios de los acusados. Las dificultades para comprender el lenguaje técnico de la fiscalía y abogados en la declaración de los acusados obligó a la intervención de una intérprete de árabe, que hizo gala de una gran profesionalidad al traducir las preguntas y cuestiones de las partes.

Al concluir la vista, los profesionales del Derecho que participaron en la vista expresaron su satisfacción por el desarrollo del juicio en esta nueva e inusual ubicación, que no interfirió en la actividad cotidiana de la Dirección Provincial. De hecho, para hacer más cómoda la entrada se habilitó un acceso de emergencia por la parte trasera del edificio para la entrada exclusiva de acusados, público y medios de comunicación. Pese a ello, los letrados señalaron que este juicio y su peculiar ubicación pone de manifiesto la urgencia de contar con una sede judicial acorde a las necesidades de la ciudad, cuya construcción permanece a la espera de una nueva adjudicación tras el “fiasco” que obligó a paralizar las obras hace ya más de un año.