Un momento de la reunión mantenida ayer en el Palacio Provincial. /KAMARERO
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Las comunidades de Villa y Tierra tendrán voz en la reforma de la ley de ordenación del territorial. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, aseguró ayer que la nueva normativa admitirá “las peculiaridades de cada territorio, como en el caso de Segovia, las comunidades de Villa y Tierra, que seguro van a tener un buen encaje en esta reforma de la ley de ordenación del territorio, que esperamos poder llevar a cabo en esta legislatura, antes del verano”.

Igea mantuvo ayer en Segovia un encuentro institucional con el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, dentro de la ronda de reuniones que está celebrando con todos los presidentes provinciales en torno a la flexibilización planteada por la Junta para que los municipios de Castilla y León puedan conformar mancomunidades de interés general tanto en el ámbito urbano como el rural.

Miguel Ángel de Vicente agradeció la visita de Francisco Igea “porque nosotros siempre hemos creído que la ordenación del territorio se debe hacer de abajo a arriba, teniendo en cuenta las inquietudes, pareceres y realidades de los territorios”. En este sentido, De Vicente aseguró que “tiene que ser trasladada por los ayuntamientos y las diputaciones; por eso, retomar la ordenación del territorio desde la sintonía siempre será bienvenido en esta Diputación”. El presidente provincial ha añadido que “creemos que la ordenación del territorio tiene que ser algo más que la ordenación de los servicios que presta la Junta en el territorio, tiene que ser la realidad de los propios servicios que prestamos, por eso vamos a trabajar y a cooperar con la administración regional para conseguirlo”.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta ratificó las palabras de Miguel Ángel de Vicente porque “esta ley de ordenación del territorio está bloqueada desde hace años, porque parecía imponerse de arriba a abajo y no de abajo arriba, y creemos que la política ha de hacerse desde el territorio, hablando y trabajando con los alcaldes”. Lo que se pretende, explicó, es que “asegure unos servicios de calidad y eficientes, por lo que no puede ser algo impuesto sino respetado, trabajado y hablado”.

De un modo más específico, debe recordarse que uno de los objetivos es modificar los espacios territoriales –sobre todo, los rurales–, que deberán reunir una serie de criterios, y que constituirían la referencia espacial y el parámetro básico para efectuar la ordenación territorial en la que deberían converger progresivamente los servicios públicos prestados por la Junta. Al mismo tiempo, se plantea la constitución efectiva de las mancomunidades de interés general, tanto urbanas como rurales, fruto de la asociación voluntaria de municipios para la gestión común de servicios y obras de interés local.

Por otro lado, el pasado mes de agosto, el director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, que también estuvo presente en la reunión, junto al vicepresidente de la institución provincial, José María Bravo, el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo y el delegado territorial de la Junta, José Mazarías, remitió una carta a todos los alcaldes de localidades de más de 20.000 habitantes de Castilla y León, para anunciarles algunas de las medidas de flexibilización de la actual LORSERGO –Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León- para que se agilice la constitución y puesta en marcha de mancomunidades de interés general.

El vicepresidente regional expuso que “las facilidades que ahora propone el Gobierno autonómico presentan una doble vertiente. Por un lado, que una mancomunidad de interés general rural pueda estar encabezada por un municipio del área funcional estable, sin tener por qué quedar bloqueada la iniciativa en el caso de no haber interés manifiesto por parte de aquel de mayor población, si bien su incorporación conllevaría la reconsideración de dicha MIG como urbana y poder acceder así a los beneficios derivados de tal cambio. Y, por otro lado, se valora la realización de modificaciones legales para que una mancomunidad de interés general urbano quede conformada por el municipio de mayor población y un porcentaje de los municipios colindantes”.