La propiedad del edificio de San Marcos pide 2,2 millones para llegar a un acuerdo

El pleno aprueba una moción de Izquierda Unida que insta a negociar con los propietarios y a pedir un informe a la Unesco PSOE e IU culpan a la Junta y creen que debe pagar

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La propiedad del polémico edificio en construcción en el número 25 de la calle San Marcos está dispuesta a alcanzar un acuerdo para limitar su altura y volumen, solución amistosa por la que pide algo más de 2,2 millones de euros netos, a los que habría que añadir otros conceptos, como la adecuación del proyecto y la revisión de la obra ya ejecutada.

El alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, desveló ayer durante la sesión de pleno ordinario del mes de abril, que ha recibido una carta del propietario en la que sitúa sus pretensiones económicas en 2,2 millones de euros netos, cifra que, según explicó Arahuetes, podría alcanzar los cuatro millones en total.

El pleno aprobó, con la abstención del PP y los votos favorables del PSOE de Izquierda Unida, una moción de IU en la que se insta al Ayuntamiento a emprender negociaciones con la propiedad, además de pedir a la comisión de Patrimonio que reconsidere sus decisiones sobre este tema y solicitar a la Unesco un informe sobre el edificio y su incidencia sobre las vistas del Alcázar, la Vera Cruz y la iglesia de San Marcos.

Durante el debate, los representantes de los tres grupos municipales se mostraron de acuerdo en su rechazo al edificio en ejecución y también en que el Plan Especial de San Marcos nunca debió permitir esta actuación. Las discrepancias comienzan a la hora de determinar las responsabilidades y, por tanto, de dilucidar quién deber pagar por solucionar el tema, bien a través de un acuerdo amistoso o de una eventual expropiación.

El alcalde, Pedro Arahuetes, culpó de la situación a la Junta de Castilla y León, “porque fue el informe preceptivo y vinculante de la comisión de Patrimonio el que obligó al Ayuntamiento a dar la licencia”, y afirmó de manera categórica que hará cuanto esté en su mano para que este asunto “no le cueste ni un euro a las arcas municipales”. Peñalosa, más tibio en cuanto a las responsabilidades, también cree que el Ayuntamiento no debe aceptar pagar si existen otras opciones.

El PP, sin embargo, entiende que el Ayuntamiento podría haber parado el proyecto en el momento que recibió la petición de licencia; así, Postigo aseguró que el Ayuntamiento “debe asumir sus responsabilidades en este asunto”. El portavoz del PP tampoco se mostró de acuerdo en solicitar a la Unesco un informe que, desde su punto de vista “podría dañar la imagen de Segovia”, por lo que, a pesar de estar “de acuerdo en gran parte de la moción”, los populares se abstuvieron.

MOCIONES

El pleno aprobó ayer la décima moción que presenta el grupo de concejales socialistas instando a la Junta de Castilla y León a que rehabilite el Hospital Policlínico y mantenga su uso sanitario, una moción que solo recibió el apoyo del concejal de IU, Luis Peñalosa.

También se debatieron tres mociones del PP, dos de las cuales fueron aprobadas con el apoyo del equipo de Gobierno. Una de ellas se refiere al mal estado en que se encuentra el acceso al barrio de Torredondo desde la C-605 y solicitando su arreglo, y otra pidiendo la elaboración de cartas de servicios al ciudadano de los distintos servicios municipales.

La tercera moción del PP, que fue rechazada por los votos de PSOE e IU, planteaba la dotación de fondos económicos a las juntas vecinales de los barrios incorporados. El PSOE entiende que estos organismos carecen de competencias y de actividad.