La Junta asegura que indemnizará los daños de los lobos en 15 días

La Administración Regional publica una Orden sobre los pagos compensatorios a las explotaciones ganaderas que pretende agilizar la compleja tramitación vigente hasta ahora

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La Junta de Castilla y León, a través de su consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha comprometido a pagar los daños ocasionados por los ataques de lobos en un plazo de 15 días desde la comunicación del ataque. Una nota de prensa, remitida ayer por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, aseguraba que en el plazo de 15 días desde la comunicación del ataque “el ganadero percibirá el importe estipulado”.

El Boletín Oficial de Castilla y León de ayer, 30 de mayo, publicó la Orden FYM/461/2016, de 26 de mayo, relativa a los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas.

En dicha Orden, a la que pueden acogerse las personas físicas o jurídicas que sean propietarias del ganado que haya sufrido daños causados por lobos, se indica que, con objeto de que puedan comprobarse los hechos, los propietarios del ganado afectado deberán ponerlo en conocimiento del Servicio Territorial con competencias en materia de especies protegidas de la provincia en donde ocurrió el ataque, en un plazo máximo de 48 horas desde que se produjo el siniestro.

Recibida la comunicación del suceso, los funcionarios pertenecientes a la escala de Agentes Medioambientales de Castilla y León y el personal designado por la Consejería en materia de especies protegidas comprobarán los hechos y las circunstancias del ataque.

Tras las comprobaciones oportunas, redactarán un informe en el que harán constar, entre otras cuestiones, el tipo de ganado y las cabezas afectadas, así como las medidas de custodia y de prevención adoptadas por el ganadero frente a posibles ataques. Este documento servirá al instructor para proponer la cuantía del pago.

Si la solicitud no reuniera los requisitos o no se acompañara del a documentación necesaria, el instructor requerirá al interesado para que, en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que, si no lo hiciera así, se le tendrá por desistido de su petición.

Una vez que esté completo el expediente, el instructor dictará la correspondiente propuesta de resolución y la elevará al consejero competente en materia de especies protegidas, para la resolución del procedimiento y su notificación al interesado.

La Orden señala, en su artículo 8, que “el plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud”. Este plazo no entra en contradicción con el de 15 días para el cobro del indemnización, según fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que subrayaron ayer que, desde la entrada en vigor de esta Orden, “lo primero que se va a hacer es pagar los daños del ataque, aunque todavía no se haya cerrado el procedimiento”.

La petición a la Junta para que pusiera en funcionamiento un método ágil de pago de las indemnizaciones por ataques de lobo era una vieja demanda de las organizaciones agrarias.

Como se recordará, el Consejo de Gobierno del pasado 19 de mayo aprobó el Decreto de regulación del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. Dicho Plan clarifica que el río Duero es la línea divisoria que diferencia el estatus jurídico de la especie, cinegética al norte y estrictamente protegida al sur, conforme a la Directiva Europea Hábitats 92/43/CEE.

Suárez- Quiñones ha explicado, en las numerosas reuniones mantenidas por las organizaciones agrarias, alcaldes y ganaderos afectados, que el principal objetivo del Plan de Conservación y Gestión del Lobo se centra en lograr la compatibilización con la ganadería extensiva, principalmente a través de la aplicación de medidas preventivas que logren evitar los daños. No obstante, el Plan abre la posibilidad de que la Junta controle las poblaciones de lobos.