La hipoteca sobre el Torreón de Lozoya se planteó como provisional

La hipoteca que pesa sobre el Torreón de Lozoya se anunció a los consejeros de Caja Segovia como algo coyuntural y que su garantía se permutaría luego por otros inmuebles.

La propuesta de hipotecar el Torreón de Lozoya se anunció a los miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia como una medida provisional e incluso se presentó como un edificio que no se vendería “jamás”.

Así se afirmó durante la reunión del Consejo de Administración del 17 de julio del año 2012, la cita en la que supuestamente se tomó la polémica decisión que ha desembocado en una investigación que se tramita en el Juzgado número 5 de Segovia, por el que ha pasado ya casi todo el Consejo de Administración.

En este encuentro, el secretario general de Caja Segovia informó a los consejeros de los proyectos que se manejaban a la hora de llevar a cabo la segregación de propiedades a consecuencia de la integración de la entidad de ahorro en Bankia. “Una de las garantías del préstamo es el Torreón de Lozoya, y pensamos que no debería estar dentro de las garantías por ser el buque insignia de la Caja”, señala el secretario general, Antonio Tapias, que fue interrumpido por el presidente, Atilano Soto: “Se pensó, porque jamás se piensa en dinero, jamás, cualquier cosa antes que esa”, explica. Y el secretario general prosigue: “Como alternativa y de forma coyuntural estamos viendo la posibilidad de valorar y segregar estas dos plantas, que son propiedad de La Caja [en referencia al edificio central de Fernández Ladreda], y ponerlas como garantía”.

Además se plantea la posibilidad de que —si fuera necesario algún día—, vender esas dos plantas y trasladar al Torreón o al Palacio de Villafáñez la sede social de la entidad resultante tras la integración en Bankia.

Recusación judicial

A raíz de conocerse los temas tratados en el Consejo de Administración, la formación UPyD ha emitido un comunicado en el que advierte de la “posible concurrencia de una causa de nulidad o de abstención y recusación” del juez que instruye el caso de las prejubilaciones millonarias aprobadas para directivos de Caja Segovia.

Este partido, que ejerce como acusación popular, apunta a la grabación del Consejo donde Atilano Soto, asegura haber mantenido una “reunión privada” con el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, que lleva este otro pleito de Caja Segovia.

UPyD considera “absolutamente censurable” el comportamiento del entonces presidente de Caja Segovia, Atilano Soto “cuya conversación privada y secreta con el juez que instruye su causa supone una intolerable injerencia en la labor de la Justicia y un evidente riesgo de contaminación de la necesaria imparcialidad y objetividad del mismo”.

En esta línea ha anunciado que como parte personada en el procedimiento, “formulará una expresa protesta al Juzgado por tales hechos, sin perjuicio de analizar las restantes alternativas legales existentes ante la posible concurrencia de una causa de nulidad o de abstención y recusación de dicho magistrado”. A su juicio, tal comportamiento denota “además la falta de la más mínima ética o rigor en la administración de Caja Segovia, gestionada en todo momento sin el menor escrúpulo o pudor”, señala.