La Fiscalía pide el sobreseimiento provisional del ‘caso Torreón de Lozoya’

El informe remitido al juzgado instructor por la fiscal asegura que en la actuación del consejo de administración de Caja Segovia no hay delito de administración desleal

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La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia ha respondido a la solicitud del juzgado de instrucción número 5 de la capital que instruye las diligencias previas sobre el caso de la hipoteca del Torreón de Lozoya aprobada por el Consejo de Administración de Caja Segovia pidiendo al magistrado Jesús Martínez Puras el sobreseimiento provisional del caso al considerar que la actuación de los integrantes de este órgano no puede tipificarse como un delito de administración desleal tal y como señala el juez instructor de la causa.

La petición está fundamentada en un amplio y documentado informe elaborado por la fiscal Pilar Lajo Infante que fue aprobado por unanimidad en la reunión de la Junta de Fiscales convocada por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial Antonio Silva el pasado 22 de junio, cuyos detalles dio a conocer ayer en una conferencia de prensa a la que acudió acompañado de la fiscal Pilar Oreta, que participa en la causa de las jubilaciones de los directivos de Caja Segovia.

Ante la ausencia de la fiscal que redactó el informe —que a la hora de la convocatoria asistía a una vista oral en la sala de la Audiencia Provincial— fue el propio fiscal jefe quien explicó algunas de las consideraciones más destacadas de la petición de sobreseimiento realizada por el Ministerio Público.

Silva explicó que del análisis de la amplia documentación del caso, con cerca de 16 tomos, la Fiscalía infiere que no se puede imputar un delito de administración desleal conforme al artículo 295 del Código Penal con arreglo a su actual redacción, ya que la actuación del consejo de administración no se realizó con abuso de las funciones propias de su cargo y sin intención de dolo por parte de sus integrantes.

Así, la fiscal entiende que la decisión de hipotecar el Torreón adoptada por el consejo de administración en Marzo de 2012 fue motivada por la “urgencia” en el acuerdo, apremiado por el pago inminente de una deuda tributaria de 6,8 millones de euros de la sociedad Navicoas Asturias (participada por la entidad de ahorro) en un momento en el que la entidad no tenía la liquidez suficiente debido al proceso de integración de Caja Segovia en Bankia.

De este modo, la Fiscalía considera que el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, y los consejeros “adoptaron la decisión que entendían que era menos perjudicial y más ventajosa para la entidad que representaban”.

La fiscal considera que el escenario planteado por la asesoría jurídica de Caja Segovia sobre la necesidad de asumir la deuda tributaria de Navicoas, unido a la premura en la adopción del acuerdo “con las consecuencias económicas muy negativas para la propia Caja si no se adoptaba; al consejo de Administración de Caja Segovia no le era exigible a los efectos del tipo penal imputado otra actuación que la de la aprobación del acuerdo, sin perjuicio de las reservas de acciones oportunas para dirimir si la deuda debía ser abonada por Bankia en virtud del contrato de integración”.

Además, la Fiscalía asegura que en este procedimiento “no cabe derivar responsabilidad civil respecto de Bankia”, y el fiscal jefe aseguró que con arreglo a los datos que maneja, es Caja Segovia la responsable de la hipoteca del Torreón. Además, señaló que Bankia entró “de manera bastante ordenada” en la entidad de ahorro segoviana; aunque precisó que el escrito de la Fiscalía abre “otras vías procedimentales diferentes de la penal” sobre la responsabilidad de Bankia en este complejo asunto.

El fiscal jefe manifestó que el proceso está aún dando aún pasos no definitivos hacia la posibilidad de que se pueda abrir vista oral que siente a los imputados en el banquillo, y aseguró que será “largo” en el tiempo.