La Diputación Provincial de Segovia insta a las Cortes Generales a la aprobación de los Presupuestos del Estado (PGE), con el objetivo de que los municipios puedan seguir manteniendo los servicios locales. Los cuatro grupos con representación política en la corporación provincial: PP, PSOE, UPyD y Cs plantearon en el pleno de esta mañana una moción conjunta que salió adelante por unanimidad, por la que piden que se sienten las bases y se alcancen los acuerdos necesarios que permitan llegar a la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, y en especial, retomar las líneas de financiación de cooperación local, habilitando las partidas necesarias para dotar presupuestariamente los planes provinciales de obras y servicios. La corporación provincial reclama a los grupos parlamentarios de las Cortes la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que las corporaciones locales puedan dedicar el superávit presupuestario a las inversiones que consideren adecuadas para atender las necesidades de los municipios y que dicha disposición no se compute a efectos de la aplicación de la regla de gasto. “En caso de no poder adoptar dicho acuerdo —apunta la moción— que, al menos, se adopten las medidas normativas necesarias para poder seguir utilizando el superávit presupuestario en inversiones financieramente sostenibles, e incluso ampliando las mismas, con el fin de poder atender servicios básicos de la competencia de las entidades locales”.
Además, la Diputación demanda que se impulse un amplio acuerdo para lograr la reforma de la financiación local, “incorporando las recomendaciones del grupo de expertos constituido al efecto recientemente, que cumpla con las expectativas de los gobiernos locales reclamadas largo tiempo a través de la Federación de Municipios y Provincias para reforzar la capacidad de los ayuntamientos y poder prestar de este modo más serivicios públicos dignos”. En este sentido, piden más recursos para las haciendas locales, para que los gobiernos locales puedan desarrollar de forma más adecuada las competencias que tienen legalmente atribuidas. También plantean que las entidades locales participen en los ingresos del Estado y el desarrollo de un modelo de participación en los tributos de las comunidades autónomas.