La Diputación insiste en su capacidad para avalar a Segovia 21

El informe realizado por la Institución provincial en su respuesta a la negativa de Bankia a conceder un préstamo a la sociedad defiende su estabilidad presupuestaria

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La Diputación Provincial de Segovia se defiende e insiste en que cumple con todos los parámetros de estabilidad presupuestaria y mantiene su capacidad para avalar a la sociedad Segovia 21. Esta es la respuesta que la Institución provincial da a Bankia, que se ha negado a conceder un préstamo de 1,8 millones a Segovia 21, avalado por la Diputación, y que ha abocado a la sociedad al concurso de acreedores. El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, lamentaba el pasado viernes en rueda de prensa la postura de la entidad bancaria, mientras que los servicios técnicos de la Institución contestaban desmontando las dificultades esgrimidas por Bankia para conceder el préstamo.

Según el informe elaborado por los servicios de Secretaría e Intervención de la Diputación, uno de los aspectos que establece Bankia para argumentar su negativa al préstamo “son diferentes extremos de la normativa de Haciendas Locales y de Estabilidad Presupuestaria no recogidos en el informe del Interventor”. En este sentido, la Diputación responde que “la ratio de endeudamiento de la corporación en relación con sus recursos por operaciones corrientes se encuentra actualmente en el 39,26 por ciento, porcentaje muy alejado del 75 por ciento que exige el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)”. Desde la Institución provincial también se afirma que acordó la conveniencia de “declarar no disponible la aplicación presupuestaria que acogía una operación de crédito en el presupuesto para 2016, para otras finalidades” (compra de La Floresta), “con el objeto de no incrementar endeudamiento”. El informe resume que la Diputación de Segovia cumple con los parámetros de estabilidad presupuestaria; “que el ahorro neto es positivo; que la relación de capital vivo-operaciones corrientes es del 39,26 por ciento, muy inferior al 75 por ciento; que el remanente de tesorería deducido de la última liquidación presupuestaria practicada es positivo; y que no tiene en la actualidad ningún plan de saneamiento, ajuste, corrección o similares por aplicación de cualesquiera de los preceptos del ordenamiento jurídico vigente”.

Sobre la participación de la Diputación en Segovia 21, que Bankia mantiene que es del 79,14 por ciento, mientras que la Institución asegura que es del 95,44 por ciento, el informe de Secretaría e Intervención considera que, al menos es discutible si resulta ser uno u otro. “La cuestión —añade— es dilucidar si las acciones que tiene la sociedad en autocartera deben computarse o no en la composición de la propiedad del capital de la sociedad, teniendo en cuenta que en el supuesto de una hipotética amortización de las mismas por el importe de la autocartera, los porcentajes de participación en el capital social quedarían como mantiene la Diputación, y a mayor abundamiento, esas acciones de autocartera solo pueden ser asignadas a los dos únicos socios”.

Por otro lado, Bankia también justifica su negativa en que la Unión Europea no autoriza a las entidades bancarias que hagan préstamos que estén avalados por organismos públicos, como en este caso la Diputación. A este respecto, la Institución replica que la concesión del aval no puede ser considerada como ayuda pública. “Una ayuda es una transferencia de recursos sin contrapartida alguna, además de suponer una ventaja económica especial para la empresa. Esto no se produce en el presente caso, puesto que la empresa no recibe ventaja económica especial y con la imposición de un gravamen sobre bienes de la sociedad, existe una contrapartida de los que se pretende considerar como transferencia de recursos”, apunta.

Además, desde la Diputación se explica que, en este caso, “actúa como socio interesado de la mercantil Segovia 21 y no en el uso de sus facultades como poder público”. “La exigencia de garantías por parte de la Diputación Provincial supone que no exista de ventaja económica de la empresa. La propia existencia del gravamen que se realiza sobre los bienes y derechos de la sociedad supone que la concesión del aval no pueda ser considerada como ayuda”, concluye el informe.