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El acusado, en el momento de ser conducido a la Audiencia por la Policía.

Seguramente se trate de la decisión más difícil que ha tomado en su vida. A pesar de su juventud, con 37 años había dictado numerosas resoluciones judiciales. En unas condenando, en otras absolviendo a acusados. Pero la magistrada Sonsoles Sanchidrián, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa María la Real de Nieva hasta hace dos años, ha tomado una decisión racional: llegar a un acuerdo con su agresor, un hombre que además de amenazar con matarla, lo intentó.

En esta ocasión ella pasó de ser jueza a ser acusación. Debió ponerse al lado de la Fiscalía y frente a un hombre sobre el que ya tuvo que dictar sentencia.

Posiblemente ella nunca pensó que una sentencia que conllevaba una multa de 169,40 euros podría desencadenar en unos hechos tan graves como una brutal agresión que a punto estuvo de costarle la vida.

Pronto se cumplen dos años de aquellos hechos ocurridos un 30 de noviembre de 2021. Y han sido resueltos esta semana con una sentencia de conformidad entre las partes. Resulta fácil pronunciar la frase cervantina ‘Más vale un mal acuerdo que un buen pleito’. Pero es difícil aplicarla. Y más cuando existe un rencor manifiesto, con agresión grave incluida.

Tras dos años en prisión, Alberto del Río, el hombre que agredió a la jueza, aceptó una pena de siete años y medio de cárcel, el pago de 94.170 euros, y otras medidas de alejamiento por los hechos cometidos y que casi le cuestan la vida a la magistrada.

Él reconoció lo ocurrido ante el presidente de la Audiencia Provincial, que estos días formalizará la oportuna sentencia con la que se le condena por un delito de asesinato en grado de tentativa que conlleva en concurrencia otro de atentado contra la autoridad por tratarse de una magistrada.

Ella se llevó entonces la peor parte. Tuvo que ingresar en la UCI del Hospital. Pero también ha arrastrado problemas psicológicos por lo ocurrido. Y ha querido rehacer su vida personal y profesional, trasladándose de provincia donde trabajar y vivir con su familia.

Según dijo Aquilino Conde, abogado de la magistrada el día del acuerdo, ella “ha querido que este asunto se solucionara así”. “Aunque tenía en principio sus dudas, finalmente pensó que se debería llegar a un acuerdo porque no estaba por la labor de ser rencorosa, y quería rehacer su vida”.

Quizá el perdón sea la mejor forma de dar carpetazo a una etapa que se pretende olvidar. Por el contrario, el odio se autoalimenta. Y si además hay miedo a sufrir otra agresión, ambos sentimientos resultan peligrosos: el miedo es el combustible y el odio la llama, dicen los psiquiatras.

DUDAS
Pero ¿qué ocurrió para que el condenado, descargara tanta ira de forma tan agresiva contra la jueza de Santa María?

Ella tan sólo lo había condenado un año antes a pagar 169,40 euros, a retirar un canalón que había colocado en una nave y a retirar unos escombros como consecuencia de esa pequeña obra. Así consta en la sentencia de octubre de 2019.

Esta sentencia es producto de una denuncia que un vecino en la localidad de Fuente de Santa Cruz impuso a Alberto del Río, que vivía en la misma localidad.

Este vecino le reclamó judicialmente los 169,40 euros que tuvo que pagar a un albañil para reparar los desperfectos que le había ocasionado Alberto. Llevó la factura a la vista oral en el Juzgado de Santa María el 24 de septiembre de 2019. El ahora procesado había realizado obras en una nave, donde instaló un canalón y, según el denunciante, invadía parte de su propiedad. Y además le reclamaba la cantidad abonada apara para reparar los daños ocasionados.

Al parecer, Alberto no efectuó el pago de esa cantidad, ni de los intereses correspondientes. El vecino denunciante nunca reclamó la ejecución de la sentencia, quizá por temor a represalias.

Pero el abogado y el procurador que intervinieron en el proceso sí reclamaron en el juzgado el cobro de sus honorarios. Éstos ascendían a 1.186 euros más un 30 por ciento de recargo por intereses.

El 23 de noviembre, dos meses más tarde, el Juzgado de Santa María acuerda el embargo de la cuenta bancaria de Alberto para cobrar esa cantidad que abogado y procurador tenían reconocida por su trabajo profesional, la conocida minuta.

El 27 de noviembre, Alberto comprueba que su cuenta bancaria estaba bloqueada por culpa de dicho embargo, y tal como explicó en la sucursal bancaria, no tenía conocimiento de ello, por lo que pidió explicaciones. En la oficina le dijeron que era una orden judicial.
Telefoneó varias veces al Juzgado de Santa María y le remitieron al funcionario que tramitó el asunto. Le contestó que el tema estaba resuelto y era firme la sentencia. Pero no quedó conforme con la información telefónica dada por el funcionario y acudió personalmente al juzgado ese mismo día. El funcionario le facilitó documentación al respecto.

Unas dos horas más tarde volvió al Juzgado y pidió al funcionario entrevistarse con la jueza. Ella rechazó entrevistarse a solas y dijo que debían estar las dos partes. El funcionario le trasladó los motivos por los que la magistrada no le recibía, le facilitó teléfonos de abogados y procuradores para asesorarse, y se fue. Llegó a uno de los bares del pueblo, desde donde telefoneó a alguien. Allí le oyeron decir algo parecido a amenazas de muerte hacia la magistrada.

Al día siguiente, 1 de diciembre de 2020, la magistrada terminaba su jornada laboral matutina a las 14:00 horas. Pretendía llegar a la ciudad de Segovia a comer. Se dirigió a recoger su coche, un Seat Toledo. Encendió el motor y se colocó el cinturón de seguridad, un elemento que no le iba a proteger mucho.

Un hombre abrió la puerta desde el exterior y la preguntó si era la jueza Sonsoles. Ella respondió que sí. Al hablarla de una sentencia pendiente, ella le invitó a tener una entrevista, pero acompañado de abogado y procurador, a la vez que le indicó que debía irse.

Viendo que ella arrancaba de nuevo el coche él se abalanzó al interior sobre ella y trató de clavarla un destornillador en el costado. Ella, atrapada, entre el hombre y el cinturón, intentaba esquivar la agresión a la vez que gritaba pidiendo auxilio. Recibió un primer pinchazo a la altura del ojo a la vez que se zafaba por la puerta del lado contrario, y huyó corriendo. Pero él la persiguió hasta alcanzarla antes de llegar al Juzgado, y sobre ella de nuevo, la asestó un nuevo pinchazo con el destornillador en el pecho.

Los hechos fueron contemplados por una mujer, que corrió en ayuda de la víctima. Ambas entraron en el juzgado. La otra mujer intentó cerrar la puerta, pero él la abrió y continuó la persecución por las oficinas judiciales. El resto de funcionarios impidieron que siguiera mientras avisaban a la Guardia Civil y al Centro de Salud. Cuando llegaron los sanitarios atendieron a la magistrada, los guardias lograron detener al agresor.

Los hechos fueron narrados en resumen el día del juicio por el presidente de la Audiencia Provincial. Dos años después, el reo reconoció ser autor de lo ocurrido. Dijo estar de acuerdo con los términos alcanzados por su abogado defensor, por la acusación particular y la Fiscalía. Además de la pena de cárcel de siete años y seis meses, de los que ya ha cumplido casi dos, pues lleva en prisión provisional desde ese día, aceptó una orden de alejamiento durante ocho años y medio de la víctima de un kilómetro, sin poder comunicarse con ella por ningún medio, así como cinco años y medio de libertad vigilada.

El acuerdo también contempla el pago de 94.170 euros en total: 24.170 euros por la agresión; 30.000 euros por las secuelas y 40.000 por el daño moral sufrido.

Al acusado se le podría haber aplicado una serie de atenuantes por el trastorno bipolar reconocido, en grado dos, que le fue diagnosticado por el Sacyl antes de la agresión. Igualmente se le ha aplicado el atenuante de reparación del daño porque hizo la consignación de su responsabilidad económica civil antes del juicio. Recordó que el acuerdo supone una rebaja de la petición inicial de 15 años de cárcel por parte de la magistrada, y de 12 por parte de la Fiscalía.

La jueza ha sido víctima múltiple. La agresión la llevó al Hospital, donde debió ingresar en la UCI y permanecer varios meses de recuperación, además de quedarle algunas secuelas. También ha sufrido efectos laborales. Ha tenido que renunciar a la propiedad de su plaza en el Juzgado a la que había accedido recientemente, y por tanto tiene congelado el destino durante tres años para optar a otra en propiedad. Toda su familia se ha tenido que trasladar de provincia para rehacer su vida, y vender el vehículo al no poder soportar los recuerdos que le traía por lo ocurrido ahí dentro.

La sentencia también le considera a él ser en parte víctima. De ahí que se le haya aplicado la atenuante por su enfermedad.

La jueza aún se reserva actuaciones contra el Ministerio de Justicia por posible falta de seguridad que quedó demostrada ese día. Ahora, ya sin remedio, se buscan soluciones de futuro.

Permanece la duda de si en varias ocasiones podrían haberse evitado estos hechos.