Imagen de archivo de la Residencia de Mayores ‘El Sotillo, de Cáritas Diocesana de Segovia. / E. A.

Cáritas Diocesana afirma que se vive una “situación límite” en la residencia de mayores que gestiona en el barrio de El Sotillo, en término municipal de La Lastrilla. Por ese motivo ayer viernes se puso en contacto con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y con la Subdelegación de Gobierno en Segovia para informar a sus responsables de las dificultades con las que se encuentra este establecimiento para poder llevar a cabo su misión de atender y proteger a los mayores.

Recuerda que se trata de “las personas más vulnerables en esta crisis sanitaria” y solicita apoyo a las citadas administraciones para “cortar la entrada o circulación del virus en la residencia”.

Bajas en el personal

En este sentido, a través de una nota de prensa, señala que “este objetivo se ve difícilmente lograble en estos momentos, puesto que no se dispone de equipos de protección individual (EPIs), tampoco de oxígeno, ni, sobre todo, del personal cualificado necesario para poder sustituir las numerosas bajas laborales que se han suscitado en los últimos días”.

Cáritas califica la situación de “extrema gravedad por la falta de personal y de material de protección” a lo que se suma “la no provisión de éste por parte de la administración pública”.

Por ese motivo, “pensando en el bienestar de los mayores”, la dirección del centro ha solicitado a las autoridades la adopción de varias medidas, entre ellas la realización de las pruebas de detección de Covid-19 entre los residentes del centro ‘El Sotillo’.

Por otro lado, reclama “el traslado inmediato de positivos y personas aisladas del centro a estancias medias o lugares habilitados a tal fin”.

Cesión de la Gestión del centro

La entidad sostiene incluso que “si llegara el caso, la asunción, por parte de la Gerencia de Servicios Sociales, de la gestión de este centro”, proveyendo en ese caso de todo el personal sanitario y medios técnicos fundamentales, o la intervención de la UME –Unidad Militar de Emergencias– y personal sanitario del Ejército “en el contexto de la asunción de la responsabilidad por parte de la Administración Pública”.

Sus responsables aseguran que, aunque en este momento “ningún anciano está infectado”, las bajas de personal están afectando de manera importante al normal funcionamiento de la residencia, de ahí que considere que se encuentra en una “situación límite”.

El centro añade que está informando a los familiares de los residentes del estado de los mismos y de estas circunstancias.

Sus responsables mantienen “la esperanza de que las administraciones puedan cursar las ayudas que desde Cáritas Diocesana se han solicitado y que hasta el momento han sido desoídas”, según recoge la nota informativa.

El Juzgado de lo Social ordena a Sanidad que provea de medios

Varios juzgados de lo Social de Castilla y León, entre ellos el de Segovia, han ordenado a la Consejería de Sanidad que en el plazo de 24 horas –desde hoy viernes–provea a los profesionales sanitarios de material de protección para evitar contagiarse del Covid-19. La Junta de Castilla y León ha anunciado su intención de recurrir la medida.

Las resoluciones judiciales son consecuencia de la demanda interpuesta por el Sindicato Médico CESM.

El Juzgado segoviano ha estimado estas medidas urgentes al considerar notorio que la falta de protección de estos profesionales supone un riesgo en la salud de toda la ciudadanía.

Entre el material susceptible de aprovisionamiento, señala las batas impermeables, mascarillas, equipos de diagnóstico y otros de detección rápida del Covid-19, gafas, pantallas de protección e hisopos. Menciona también contenedores de residuos para centros hospitalarios, asistenciales y asimilados.

Los Servicios Jurídicos de la Junta trabajan ya en los recursos a esta decisión judicial, según informó el Gobierno autonómico, que aportará documentación que acredite todas las gestiones para la compra de material.

La consejera Verónica Casado, antes de que se produjera esta reacción en el ámbito jurídico, recalcó que “el enemigo no es la Consejería sino que se llama coronavirus”.