La primera vez

De unos años a acá, me vengo diciendo a menudo la frase “es la primera vez que…”. De hecho, hay meses en que la llego a decir varias veces, con la consiguiente aclimatación al concepto y disminución del asombro que su repetición implica. Y es que en 2015 fue la primera vez que unas elecciones se tuvieron que repetir porque ningún partido consiguió una mayoría suficiente para poder gobernar. Fue también la primera vez desde la Transición que nuevos partidos, con una representación considerable, entraron en el Congreso de los diputados haciendo inviable el bipartidismo existente hasta entonces. Años después fue la primera vez desde la Segunda República que había en España un gobierno de coalición integrado por miembros del partido comunista. A partir de ahí, los ‘primera vez’ cogieron carrerilla y esta columna se queda sin espacio para enumerarlos, y mucho menos describirlos, hasta llegar al último que hemos tenido que padecer: la primera vez que una de sus señorías ha tenido que dejar su escaño por apalizar a un agente de la autoridad.

Si Woody Allen decía que cada vez que escuchaba a Strauss le daban ganas de invadir Polonia, a mí los ‘primera vez’ en asuntos públicos me producen cierto desasosiego. Aunque Eduardo Chillida dijera que «hay que buscar caminos que no hayan sido transitados antes», me temo que esa frase hay que entenderla en el ámbito del arte porque en la gobernanza demo-liberal europea a la que voluntariamente pertenecemos -por algo será- existe muy poco margen de maniobra para la ingeniería política.

Y para muestra tres sucesos que han acontecido recientemente: el apoyo dispensado a los terroristas de ETA, el indigenismo y el encausamiento en Argentina del ex ministro Rodolfo Martín Villa.

Recientemente se ha producido una manifestación en San Sebastián en apoyo a los presos de ETA a la que se han adherido por partidos políticos PNV, ERC, Junts Per Cat, y el sindicato UGT así como otras asociaciones y partidos habituales en estas verbenas. Según Gaizka Fernández, del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo no cabe la menor duda que la derrota policial de ETA se debió a la presión policial, a la judicial, así como a la colaboración entre instituciones y servicios extranjeros. No, no fue el pueblo español, ni mucho menos el vasco el que les derrotó. Llama por tanto la atención que los colaboradores o miembros (“tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos”) de ETA hayan conseguido convertirse en socios parlamentarios del Gobierno. Primero fue la avanzadilla en la Comunidad Foral Navarra y ahora en el Congreso de los diputados. ¿Cómo es posible que el Gobierno de la nación les de la condición que les permite relacionarse con el resto de los grupos como si fueran iguales, borrando -sin un sincero arrepentimiento y colaboración con la justicia- su pasado de ignominia? Y usted me dirá “es que el gobierno necesita sus votos”, también Leónidas podía haber concertado con Jerjes I.

El segundo de los hechos que llama la atención es la farsa del indigenismo que contamina las relaciones entre España y alguno de sus países hermanos en Iberoamérica. Como nos recordaba hace poco el embajador Arias, mientras en México mueren violentamente más de diez mujeres al día, doscientos años después de su independencia el presidente de aquel país nos dice que España tiene que pedir perdón ¿también los tlaxcaltecas? por nuestra actuación en aquel continente. Como decía Pierre Nora, “estas operaciones de márquetin político no pretenden otra casa que compensar un presente bochornoso poniendo en valor un pasado mítico”. Pasado que en ocasiones se vuelve en nuestra contra: El profesor Manuel Aguilar relata en ‘Españoles y mexicanos. El encuentro continúa’ la anécdota de un alumno suyo, Jorge González que le cuenta que se ha quitado el nombre de ‘esclavo’ y que a partir de entonces se llamará en azteca Xhucoalt Temantzin. Cuando su maestro le pregunta que de dónde es su familia y éste responde que de Michoacán, el profesor le recuerda que entonces él no es azteca -y por tanto no puede contradecir el origen étnico de su familia- sino descendiente de los emperadores tarascos o purépechas que son los únicos que derrotaron a los aztecas, por lo que su nombre debería ser Caltzontzin. A la semana siguiente, el joven alumno regresó y le dijo al profesor: “¿Sabe qué maestro? Ya mejor soy Jorge González otra vez”. Y es que la historia es un conjunto de grises y no asumir responsabilidades propias raya a veces en la paradoja de que como dice el profesor Lamo de Espinosa en doscientos años de independencia de México se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo los Estados Unidos de América.

En tercer lugar, ya sabíamos que la juez argentina Servini, podía encausar al ministro de la Transición, Rodolfo Martín Villa, pero algunos aspirábamos a que un golpe de sentido común le hiciera desistir de esa ‘justicia universal’ que ni es justicia ni es universal. ¿Cómo es posible que el ministro de Relaciones Sindicales en el primer gobierno de la Monarquía y luego de Gobernación, que tuvo que enfrentarse a no pocos para adaptar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la nueva democracia se le quiera hacer responsable de homicidios o fatalidades ocurridas en enfrentamientos con la policía? Nada se dice de los setenta y dos detenidos que han muerto en custodia policial en España de 2010 a 2020 ¿se debería encausar a Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho, Jorge Fernández, Juan Ignacio Zoido o Grande Marlasca, todos ellos ministros de Interior durante ese decenio? ¿Quién querría ser ministro? Como dice Alfonso Guerra, “tienen todo el derecho a criticar la Transición, pero no la razón”.

Los tres acontecimientos expuestos -que darían para un libro cada uno – tienen una relación directa con las políticas de memoria, y todos ellos con la marea populista que asola el mundo. No solo suceden en tres países distintos, sino que sin tener aparentemente ninguna conexión entre ellos sí están unidos por un hilo conductor de revisionismo -manipulación y ocultamiento- del pasado en el que las mal llamadas leyes ‘de memoria’ juegan un papel legitimador para unos y deslegitimador para otros: en el caso de ETA las autoridades no ponen los medios para esclarecer más de trecientos atentados sin autor conocido pero sin embargo sí se quiere crear una fiscalía de Sala, como recoge el último anteproyecto de Ley de Memoria, por hechos relacionados con la Guerra Civil. Y por si no fuera poco, dicho anteproyecto deslegitima los gobiernos -ahora sí-democráticos de Suárez hasta la promulgación de la Constitución, poniendo en cuestión sus actuaciones y respaldando a aquellos que nunca han creído en nuestra Carta Magna.

Vivimos una época en la que las políticas públicas se basan en un pulso constante con el objeto de doblar la mano a la verdad, un autoritarismo de signo diverso que legitima la pureza de sus programas en base a mayorías parlamentarias, que en ningún momento son suficientes para acometer determinadas qué cosas, ¿qué legitimidad hubiera tenido la Constitución española de haber sido aprobada por 50,01% en vez de por el 94% de los españoles? Y es que se está incorporando al foro una generación de jóvenes que debería conocer las reglas del juego: el acuerdo es que el partido de la oposición reconoce la victoria del partido del gobierno, y éste no usa el control temporal de las instituciones para acabar con la oposición, ni mucho menos con el sistema. Contención y tolerancia.

Don Ramón Menéndez Pidal luchó denodadamente contra la extirpación -lo que ahora proponen- de media España pues para él negar la herencia del pasado sería como una ‘desnacionalización’, y decía en ¡1947! “no son dos Españas enfrentadas las que habrán de prevalecer. Será la España total, la que no amputa uno de sus brazos, la que aprovecha íntegramente todas sus capacidades”. Y aunque se ha dicho, pero no por ello hay que dejar de insistir, la memoria es particular, selectiva, incluso subjetiva, mientras que la historia es todo lo contrario, es colectiva, general y objetiva, por lo que son conceptos que se contraponen como lo subjetivo a lo objetivo. Desde que se promulgara la primera de estas leyes en 2007 venimos siendo esclavos de nuestro pasado, con la certeza de que sobre él muchos -nuestros abuelos- fallaron en conciliar, por lo que de nuevo el profesor Lamo de Espinosa nos recuerda que somos “libres de nuestro futuro” que al estar pendiente de construcción, nos mantiene las manos sin ataduras para concertar. Si el pasado es una ciencia que hay que dejar a los historiadores, el futuro pertenece a los políticos, porque ese es el espacio donde sí nos podemos encontrar.

Estas políticas son un claro ejemplo de lo que Levitsky y Ziblatt denominan, en ‘Como mueren las democracias’, políticas ‘legales’ que subvierten sistemas democráticos, no de golpe, sino paso a paso, apenas de manera perceptible hasta alterar irremediablemente las instituciones. Por ello produce cierta inquietud, que aquellos que debieran defender el espíritu de nuestra Constitución abdiquen de sus obligaciones, pudiendo provocar que lo que hemos conocido desde la Transición, llegue a ser como dijo Adolfo Suárez, “un paréntesis en nuestra historia”.


(*) Es director de la Fundación Transición Española.