La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. / EFE
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“Quedan aspectos por aclarar y cuestiones para el debate, pero ese es justamente uno de los frutos que surgen de todo buen trabajo de historia como este: al tiempo que se aportan nuevas luces, se crean nuevos campos de sombra”. De esta manera termina su prólogo el catedrático de Historia Contemporánea Pablo Pérez López al interesante libro Leopoldo Calvo-Sotelo y Europa. Historia de una convicción política y económica del joven historiador Jorge Lafuente del Cano. Pues bien, a tenor del anteproyecto de Ley aprobado recientemente por el consejo de Ministros, un historiador, como fruto de una investigación ya no podría aportar al periodo 1936-1977 luces –si acaso sombras- distintas de las oficiales que pretenderá establecer una comisión de la verdad –Consejo de Memoria Democrática lo llaman- prevista en el anteproyecto, so pena de una sanción de hasta 150.000 euros. Sí amigo lector, ha leído bien.

El anteproyecto de ley tiene 66 artículos y se divide en cinco títulos cuyo objeto es “el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura”.

Evidentemente existen elementos positivos en esta ley, que inexplicablemente las anteriores administraciones no los habían abordado, como es todo lo relativo al mapa de fosas y las exhumaciones que se puedan hacer en aquellos casos en que estén localizadas. Según dicen los expertos, las nuevas técnicas forenses ya permiten obtener unos resultados satisfactorios. A esto se unen unas disposiciones sobre protección de archivos así como la creación –tanto tiempo esperada- de un centro que acoja los archivos de los expresidentes de gobierno, aunque ¡ojo!, solo de los constitucionales. Parece que al Estado no le interesan los archivos de los anteriores presidentes como Arias Navarro, Carrero Blanco o el propio Francisco Franco, como si la documentación generada por ellos estuviera intoxicada y mereciera quedarse en el olvido más absoluto. ¿Qué culpa tienen los papeles, y por extensión, los historiadores? Por último se establecen unos contenidos curriculares para la ESO y Bachillerato relacionados con la “historia democrática” (sic). Aunque mucho se ha dicho que esto es un adoctrinamiento intolerable, sería una magnífica oportunidad para educar en valores constitucionales. Ya lo decía Ortega, falta pedagogía.

Hasta aquí los elementos positivos del anteproyecto de Ley. Ahora repasemos los brindis al sol. Se pretende declarar el carácter nulo de todas las condenas y sanciones relacionadas con los derechos humanos durante el periodo citado. Dar la nacionalidad a los brigadistas internacionales, así como a los hijos y nietos de exiliados. Establecer un censo nacional de víctimas de la guerra y la dictadura y reconocer a la mujer como puntal en la lucha democrática. Cuando menos, sorprende que no pudiendo hacer un censo de los fallecidos por el COVID-19, se pueda hacer uno de los que murieron en la fratricida guerra de hace más de ochenta años. También sorprende que se diga que milicianos republicanos lucharon “por la democracia”, cuando es bien sabido que ésta les parecía una rémora burguesa, y como mucho, un instrumento temporal para conseguir la dictadura del proletariado.

Y ahora repasemos los artículos claramente iliberales cuya puesta en vigor representa directamente un peligro para la libertad de expresión y para la convivencia: unos desde su promulgación, otros, creo, son minas de explosión retardada. Comprende unas medidas contra el “enaltecimiento” del alzamiento de 1936, la guerra y la dictadura que incluye la retirada de “símbolos” así como otras dirigidas a las asociaciones y fundaciones que hagan “apología” del franquismo y la revocación de los honores, títulos y distinciones otorgados a personas relacionadas con ese régimen. Se establece el “derecho a la justicia” y se relaciona con la anulación de las sentencias con intencionalidad política durante el franquismo. Por último se establecen unos “lugares de memoria democrática” al que el Valle de los Caídos supongo pertenecerá una vez sea “resignificado”.

Parece contradictorio que se prohíba el proselitismo “franquista”, pero se permita el de signo contrario, así como que en algunos sitios de España se permita el enaltecimiento público a terroristas convictos pero no se permita a una fundación cultural como la Francisco Franco, catalogar, mantener y poner a disposición de los investigadores una documentación de incalculable valor histórico.

Durante la Transición, hubiera sido impensable nada parecido, pero en contra de lo que dicen algunos, no “porque no se pudo”, sino porque no se quiso. Y no se quiso, porque se avergonzaban de los errores cometidos por todos en el pasado. Lanzarse los muertos y repudiar a la mitad de los españoles no hubiera permitido la concordia que dio lugar a la Ley de Amnistía de 1977 y a la Constitución de 1978. Los españoles nos reconciliamos en la Transición, y desde entonces ha habido numerosas leyes –con efectos económicos compensatorios de todo tipo- que han buscado reparar el dolor de los que perdieron la guerra.

Como dice Omar Encarnación en su ensayo Democratización y justicia: España desde una perspectiva comparada e histórica cuando un país se enfrenta a su pasado existen dos conceptos difíciles de compaginar: la reconciliación y la justicia. La segunda llevada hasta sus últimas consecuencias, además de poder convertirse en venganza, desmotiva la reconciliación en una de las partes, la misma que puede entorpecer el proceso si no se le dan ciertas garantías sobre su futuro. Según un estudio del Instituto Kroe de Estudios Internacionales de la Paz de la Universidad de Notre Dame (EEUU), la observación empírica de 34 acuerdos de paz ha demostrado que cuando hay una amnistía después de una guerra y antes de unas elecciones, el riesgo de que haya violencia disminuye considerablemente. Y al contrario, en los casos en los que no se produjo la amnistía, la violencia entorpeció los procesos de paz. Por lo tanto la evidencia es que las amnistías promueven los procesos de reconciliación.

En nuestro caso, la ley 46/1977 de 15 de octubre de Amnistía –“pilar básico e insustituible de la Transición española”– supuso para la generación de la Transición el verdadero pacto de la reconciliación nacional y la superación de la guerra. Se trató de una proposición de Ley a la que el grupo parlamentario del Gobierno se unió, siendo el primer texto legal de las cortes democráticas. No se propuso el olvido, sino la superación de la guerra dejando fuera del debate político su discusión. Tan importante es en su significado que constitucionalistas como Javier Tajadura Tejada mantienen que sin ella, la Constitución de 1978 no tendría la legitimidad que tiene, motivo por el cual –añado yo- es atacada y vilipendiada. Todas las fuerzas políticas –a excepción de AP- decidieron de muto acuerdo perdonar “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas”, incluso “cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España” y comprendía entre otros los delitos de rebelión y sedición, la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, los actos de expresión de opinión, los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley o contra el ejercicio de los derechos de las personas. También la reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios civiles sancionados, así como la reincorporación de los mismos a sus respectivos cuerpos, si hubiesen sido separados. El reconocimiento a los herederos de los fallecidos del derecho a percibir las prestaciones debidas. La eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido. La percepción de haberes pasivos que correspondiera, en el caso de los militares profesionales, con arreglo al empleo que tuvieren en la fecha del acto amnistiado (para los llamados “úmedos”). También el que correspondiera a los miembros de las fuerzas de orden público, incluso los que hubiesen pertenecido a cuerpos extinguidos. No podemos tampoco olvidar la amnistía laboral a aquellos trabajadores que fueron despedidos, o sancionados por su activismo político.

Se pretende por tanto no solo exiliar políticamente a media España, sino expropiar la historia a los españoles mediante la retirada de símbolos y monumentos de aquella época que forman parte de nuestra biografía común. En uno de mis paseos por la localidad Navarra de Vera de Bidasoa se encuentra una placa que hace referencia a los muertos en un combate entre liberales y carlistas ¿deberíamos quitarla? Cuando con paso ligero voy a la estación de ferrocarril de Atocha en Madrid, siempre me fijo en el escudo nacional republicano -que respetó la dictadura- y que para los amantes de la historia es un bonito recuerdo de aquel convulso periodo. Recientemente he vuelto a ver el magnífico documental de Martín Patino Canciones para después de una guerra y he escuchado el célebre chotis de Celia Gámez.

Ya hemos pasado: “Este Madrid es hoy de yugo y flechas, es sonriente alegre y juvenil, este Madrid es hoy brazos en alto, sin signos de flaqueza cual nuevo abril, este Madrid es hoy de Falange, siempre garboso y lleno de cuplés, a este Madrid que cree en la Paloma muy de Delicias y de Chamberí”. Qué harán ¿prohibir que lo veamos? En tiempos de Benito Musolini, se construyó en Roma un distrito denominado EUR, conocido por su “arquitectura fascista” ¿Qué hacemos, lo volamos? ¿Es que acaso el legislador no entiende que la profundidad de la creación artística como la escultura, la arquitectura, la pintura o la música representa lo que fuimos y no lo que somos?

Mientras el gobierno o la autoridad judicial, no entiendan que la Historia y la “verdad histórica” no son equiparables a la Ley de Arrendamientos Urbanos, y por tanto no es un objeto jurídico sobre el cual se pueda legislar, seguiremos sufriendo estos despropósitos. Acostumbrado a las barbaridades del comunismo, Milán Kundera decía que “en el socialismo nadie sabe qué pasado le espera”. Nosotros tampoco.
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(*) Director de la Fundación Transición Española.