Control policial en el acceso a la capital este lunes, primer día laborable de las nuevas restricciones establecidas en Madrid capital y otros nueve municipios para frenar la expansión del coronavirus. EFE/Mariscal
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se convirtió en el actor principal de la controversia que protagonizan el Gobierno central y la Comunidad de Madrid a cuenta de la pandemia del coronavirus, y rechazó las medidas gubernamentales que restringen desde el pasado 2 de octubre la movilidad en diez municipios de la autonomía, entre ellos la capital, al entender que son “una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare”.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del Tribunal se opuso así a las medidas que prevén actuaciones sanitarias coordinadas y aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud y publicadas el pasado viernes por la Consejería de Sanidad, según informó este tribunal.

La Sala explicó que la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se aprobaron las últimas medidas restrictivas se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, pero en opinión de los magistrados ese artículo “no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”.

Una injerencia no autorizada

El Tribunal entendió que “las medidas limitativas de derechos fundamentales” que establece la Orden del 1 de octubre de la Consejería de Sanidad “constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”.

E incidió en que en el orden constitucional español corresponde a los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales “la delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”.

“Dicho de otro modo, los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho”, añadió el fallo.

En la resolución, los magistrados precisaron que ahora la sociedad madrileña se encuentra ante un marco legal “que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis” al ratificar las medidas que entraron en vigor a finales de septiembre en 45 zonas sanitarias, ya que ahora se trata de un mandato del ministerio.

La Sala aseguró que era “consciente de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes, ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padece nuestra sociedad”, pero también “de la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud, entre las que cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance”.

“Para ello nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”. concluyó.

Retirada de los controles

La primera de las consecuencias de este fallo del Tribunal fue la retirada de los controles para vigilar las restricciones a la movilidad. Desde el mismo instante en el que se comunicó la decisión judicial, los agentes de la Policía Nacional se retiraron de los diferentes puntos de la capital, pero se mantuvieron los controles internos, relacionados con el uso de mascarillas y el aforo de los establecimientos.

Según los datos publicados por la Delegación del Gobierno en Madrid, el miércoles se desplegaron 618 efectivos de Policía Nacional en 346 controles aleatorios. Los policías interceptaron 1.843 vehículos e identificaron a 2.769 personas.

Recomendaciones

Aunque las restricciones de movilidad en los diez grandes municipios han decaído, Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no tardaron en comparecer en los medios para hacer énfasis en una recomendación: que los madrileños limiten los desplazamientos a aquellos que sean estrictamente imprescindibles y que no salgan de la Comunidad.

Almeida opinó que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid supone “un varapalo extraordinariamente importante” para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que “retrata la forma de gestión que ha tenido”.

Además, recordó que “los escenarios de imposición, los escenarios de intervención, los escenarios de sustituir el diálogo y la búsqueda de acuerdos por el Boletín Oficial del Estado han quedado definitivamente descalificados”. No obstante, el regidor madrileño defendió la “vocación de seguir dialogando” mostrada por la Comunidad de Madrid.

Por su parte, y “como gesto de buena voluntad”, Ayuso anunció que la retirada de las medidas cautelares que había pedido ante la Audiencia Nacional contra las restricciones decretadas por el Ministerio de Sanidad con el objetivo de “evitar más confusión a los ciudadanos”.