El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la rueda de prensa. / EFE-NACHO GALLEGO

La Junta de Castilla y León pone de manifiesto su versión sobre el adelantamiento del toque de queda a las 20.00 horas, después de que el Gobierno anunciara en la mañana de este domingo la solicitud a la Abogacía General del Estado para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el Acuerdo 2/2021, de 15 de enero. La Junta considera la situación sanitaria en la Comunidad de “extrema gravedad” y lamenta que el Gobierno de España “trate de obstaculizar” su intención de revertir la incidencia y el número de positivos por Covid-19 con el “único objetivo de proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía”.

Asimismo, la Junta reconoce que es “imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías”; y reitera que el toque de queda a las 20:00 horas “sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley”, a la vez que insiste “encarecidamente a todas las personas de Castilla y León que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales”, con el fin de frenar esta grave tercera ola de la pandemia.

Los puntos detallados por la Junta son los siguientes:

1.-Que la situación epidemiológica y sanitaria es de extrema gravedad en Castilla y León y en el conjunto de España. La incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por Covid-19 se ha duplicado en los hospitales de la comunidad.

2.-Que lamenta que el Gobierno de España trate de obstaculizar con su recurso la acción de la Junta de Castilla y León, que tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía.

3.-Que la decisión de adelantar la hora del toque de queda a las 20.00 horas está amparada, según defienden los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su posible modulación, flexibilización y suspensión, y por otro lado, la pérdida de la eficacia de lo expuesto en el artículo 5 cuando la autoridad delegada ejerza dichas facultades, al contemplar su disposición transitoria única sobre la “Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno” expresamente lo siguiente: “La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión”

4.-Que, por tanto, deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia.

5.-Que reclama una vez más al Gobierno de España instrumentos jurídicos seguros, si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas. Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías.

6.-Y, finalmente, reitera que el toque de queda a las 20:00 horas sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley, a la vez que insiste encarecidamente a todas las personas de Castilla y León que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta grave tercera ola de la pandemia.

El Gobierno recurre el Acuerdo de la Junta que establece el toque de queda a las 20.00 horas