La Junta de Castilla y León ha anunciado que ha formalizado ante el Tribunal Supremo la demanda contra el Estado, al que reclama 182 millones de euros correspondientes al importe del IVA pagado por los ciudadanos en este territorio en noviembre de 2017 y que la Administración autonómica considera que el Gobierno central retiene indebidamente.

A través de un comunicado, el Gobierno autonómico lamenta que el Gobierno central haya hecho “caso omiso” a la reclamación y al requerimiento administrativo que envió a lo largo del presente año “para evitar el conflicto judicial“.

De la cantidad reclamada, los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico consideran que 120,49 millones de euros corresponden a la liquidación del IVA de ese mes de 2017, pero le suman 61,51 millones de “pérdida indirecta“, al estimar que también deben ingresar en las arcas de la Comunidad 30,98 millones del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones del Fondo de Cooperación.

El origen de este conflicto está en el sistema de llevanza de libros registro a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria desde 2016, según ha detallado la Junta en un comunicado.